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El acceso a la información pública es un derecho. Así lo consagra la propia Constitución Política del Perú y está reglamentado por la ley 27806, publicada en agosto del 2002. Esta determina que todas las entidades de administración pública deberán contar con portales de transparencia, los cuales han sido integradas en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) del Estado peruano. Aun así, muchas entidades presentan trabas engorrosas que no permiten ejecutar solicitudes o indagar en la información pública de manera óptima.
El Comercio recorrió los portales de transparencia de las 43 municipalidades distritales de Lima Metropolitana para conocer el estado de los formularios digitales de acceso a la información pública. De estas, el 60,5% no cuentan con un formulario virtual publicado para realizar las solicitudes o no permiten la presentación digital de estos documentos.
Esto implica que el usuario debe descargar el formato de solicitud, imprimirlo, llenarlo a mano y luego entregarlo -incluyendo una copia- a través de una mesa de parte presencial o enviarlo a través del correo institucional asignado por cada entidad para la recepción de estos documentos.
Solo 17 municipios cuentan con un formulario de acceso a la información pública que puede ser completado y enviado de manera automática, o con una plataforma web donde se permita adjuntar la solicitud como archivo. En algunos de estos casos -como sucede en Jesús María- se requiere que el ciudadano se registre a una plataforma de la entidad edil para poder acceder a la plataforma de la mesa de parte virtual.
Otra categoría habilitada en el Portal de Transparencia Estándar permite conocer el registro de todo el personal contratado -bajo cualquier modalidad- por las entidades públicas. En el caso de los distritos capitalinos, catorce (32,6%) no han presentado dicha información en lo que va del año. Seis otras municipalidades han presentado dicha información, por última vez, hace más de tres meses.
En algunos casos, las autoridades exigen al usuario registrarse previo a presentar un pedido de acceso a la información pública. La Municipalidad de Jesús María ejemplifica esto.
Una plataforma única
En diálogo con El Comercio, Karina Díaz, comisionada de la Adjuntía de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, refirió que la exigencia de registrarse en plataformas municipales o la ausencia de formularios virtuales “son trabas, barreras que [obstaculizan] a los ciudadanos que quieren presentar [una solicitud]”.
“Lo que se busca es que sea un procedimiento fácil. Muchas veces los ciudadanos no conocen la estructura de una entidad o el nombre de los procedimientos. Hay un desbalance entre la información que tiene la propia entidad [respecto a su organización] y la que tiene el ciudadano”, destacó Díaz.
Ante esto, paralelo al Portal de Transparencia Estándar, existe un formulario único de acceso a la información pública al que se puede acceder por medio de la Plataforma digital única del Estado Peruano. Sin embargo, la vocera de la Defensoría destacó que las entidades se pueden sumar de manera voluntaria al no ser imperativo. “Estas son consideradas como buenas prácticas, pero hay que enfocarnos en hacerlas obligatorias”, exhortó.
Díaz destacó la plataforma única que se utiliza en México. “A través de esta plataforma, el ciudadano mexicano presenta la solicitud en cualquier entidad pública, hace el seguimiento, la autoridad le responde y ahí mismo también se puede presentar el recurso de apelación. Es lo que nosotros hemos recomendado a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, mencionó la comisionada.
Deficiencias a nivel regional
Al igual que con los distritos metropolitanos, El Comercio visitó las páginas institucionales de todos los gobiernos regionales. Nueve de estos -equivalente al 36%- no cuentan con la plataforma de acceso a la información operativa que permita realizar las consultas de forma virtual.
De las 25 entidades regionales, catorce de estas -poco más de la mitad- han actualizado la información sobre su personal en los últimos tres meses. De las once restantes, cinco (Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Moquegua y Pasco) cuentan con información desfasada, anterior al mes de junio. Por otro lado, los gobiernos regionales de Apurímac, Ica, Madre de Dios, Tacna, Tumbes y Ucayali no han presentado dicha información por medio del PTE.
Gobierno central
El Comercio también consultó las plataformas de transparencia de los ministerios. De estos, solo el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego no cumple con mantener un portal para presentar una solicitud de acceso a la información pública de manera digital. Asimismo, todas estas entidades han cumplido con revelar la información actualizada sobre su personal. Diez han publicado la relación de agosto, siete de julio y dos de junio.
En el caso del Congreso de la República, la plataforma solo permite presentar solicitudes entre las nueve de la mañana y las cinco de la tarde, de lunes a viernes. Esto a diferencia de otras entidades que permiten enviar los requerimientos virtuales durante las 24 horas del día, anunciando que se evalúan dentro de los horarios laborales.
El Congreso de la República tiene un horario establecido para poder ingresar las solicitudes de información.
Por su parte, la Marina de Guerra del Perú, el Ejército Peruano y la Fuerza Aérea del Perú cuentan con plataformas que permiten realizar el pedido de información de manera virtual. Sin embargo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no cumple. La Policía Nacional del Perú también mantiene vigente su plataforma.
Bajos niveles de transparencia
El informe anual de solicitudes de acceso a la información pública tramitadas elaborado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública -adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- destacó que solo el 17,4% de las entidades obligadas a reportar información para el desarrollo del mencionado reporte cumplió con brindar los datos solicitados. De las 2.016 instituciones, solo 359 cumplieron con entregar la información.
Los niveles más bajos se dieron en las municipalidades distritales, de las cuales solo el 8,5% cumplió con los lineamientos que obligan a entregar la información solicitada a la Antaip. En el caso de las entidades provinciales, el número llegó al 41,3%. El 84% de los gobiernos regionales también entregaron la información.
El reporte también destaca los bajos niveles de inatención a solicitudes de acceso a la información pública por parte de las municipalidades distritales y provinciales con respecto a otras entidades. En el 2022, los distritos recibieron 36.652 requerimientos, pero se dejaron 1.514 como no atendidas (cerca al 4.1%). A nivel provincial y regional, los porcentajes incrementan al 4,4% y 4,9% de forma correspondiente. Las universidades lideran estas estadísticas con 5,2% de solicitudes no atenidas.
