‘Muro de la vergüenza’: alcalde electo de La Molina adelanta que tomará acciones ante decisión del TC

El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada la demanda de hábeas corpus que se interpuso hace cuatro años contra el muro construido por la Municipalidad de La Molina en el límite con el distrito de Villa María del Triunfo (VMT), denominado “muro de la vergüenza”. En la práctica, se ordena la demolición del cerco de cemento y púas de unos 4,5 kilómetros de longitud en un plazo máximo de 180 días a partir de la publicación de la sentencia –que aún no está disponible–.

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Así lo adelantó el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse durante una entrevista televisiva emitida la noche del último miércoles. “[El muro] lo que muestra no solo es un atentado a la libertad de tránsito, sino sobre todo es un muro discriminatorio porque divide dos clases sociales y eso es inadmisible en una democracia contemporánea”, dijo en RPP.

El recurso legal fue interpuesto en el año 2018 por el abogado y dirigente vecinal Carlos Hinostroza contra el entonces alcalde de La Molina, Juan Carlos Zurek, por la vulneración de los derechos al libre tránsito, de igualdad y a no ser discriminado por razón de condición económica y social. Su construcción, realizada entre los años 2011 y 2013, separa el asentamiento humano La Florida, en VMT, de la urbanización Las Praderas, en La Molina, y supuso un debate sobre los límites entre la seguridad ciudadana y el derecho a transitar libremente en un cerro que comparte dos de las poblaciones más ricas y más pobres de la ciudad.

“El Perú tiene casi 1.900 municipalidades y ninguna está dividida por un muro, solamente el que existe entre La Molina y VMT. Es un muro discriminador porque la lucha contra las invasiones no puede afectar los derechos constitucionales. Con ese criterio tendríamos a cercar todos los distritos del país”, dijo Hinostroza a este Diario tras conocer el fallo, que aún no se le ha notificado.

El argumento, sin embargo, que en su momento expuso Zurek era la defensa de los cerros de su distrito ante la amenaza de tráfico de terrenos. Esa fue la misma posición que defendió el abogado de la comuna de La Molina, Juan Miguel Castillo Panta, durante la última audiencia pública realizada el 25 de agosto de este año. “El único propósito es preservar un área intangible que fue cedida por la Superintendencia de Bienes Nacionales en el año 2002 para ser destinado a la ejecución de un parque ecológico”, dijo.

Anuncia medidas legales

Diego Uceda Guerra García, alcalde electo de La Molina por el partido Renovación Popular, adelantó que iniciará acciones legales ante lo que considera una vulneración a la seguridad del distrito. “No me va a temblar la mano para defender a mi distrito. Me he reunido con mi comité jurídico y tenemos muchas salidas legales porque parte de esto pertenece al parque ecológico. Yo respeto al distrito de Villa María del Triunfo, pero los que han ido lotizando los cerros no son los molinenses”, expresó.

Pese a este anuncio, el abogado constitucionalista Omar Cairo recordó que los fallos del TC no son apelables. “La decisión final que se pronuncie sobre el fondo en un proceso constitucional adquiere autoridad de cosa juzgada”, explicó. En caso de que una autoridad se niegue a acatar un fallo, el letrado añadió que existen mecanismos legales para forzarlo.

Aunque espera conocer el detalle del fallo, Uceda también cuestionó que el magistrado Gutiérrez Ticse haya adelantado el resultado de la sentencia. Para él se trata de una “cortina de humo” que busca dividir el país. “En política no hay casualidades. ¿Se pretende seguir dividiendo al país entre blancos y cholos, entre ricos y pobres? Creo que esto tiene un tinte político porque no es el mejor momento, el país está en crisis, critico duramente que en este momento en el que debemos pedir unidad nacional esté hablando del ‘muro de la vergüenza’ y levantar polvo sobre un tema que se podría levantar de otra manera”, enfatizó.

Otra opinión tiene el alcalde saliente Álvaro Paz de la Barra, quien reconoce que la decisión de su antecesor para construir el cerco en La Molina fue “facilista” y generó un falsa expectativa en la población porque el problema de tráfico de terrenos debe atenderse de una forma integral y con la participación de varios actores. “Fue una medida que distorsionó la realidad, se necesita una política desde el Ejecutivo y el Congreso con relación al tráfico de terrenos para atacar el problema de raíz”, dijo a El Comercio. Paz de la Barra añadió que durante su gestión se recuperaron 200 hectáteas de las lomas de Lima como una estrategia sostenible para evitar el avance de traficantes.