Prisionera en el Jorge Chávez: qué marco legal hace que una ciudadana extranjera lleve más de un mes sin poder salir del aeropuerto

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Duiliana y sus padres llegaron al Perú en el 2019, provenientes de Maracaibo, Venezuela. Desde entonces, se ha dedicado a trabajar en el rubro comercial, área de ventas y representación de diferentes marcas. Todo esto con sus documentos de permanencia en regla y declarando impuestos.

El 24 de setiembre del 2023, junto a su pareja, decidió viajar a Europa, por lo que Migraciones le otorgó un permiso para que pudiera salir del país durante 30 días, es decir, hasta el 24 de octubre. Durante su estadía en el viejo continente visitaron París, Roma, Venecia, entre otras ciudades.

Sin embargo, para pesar de Duiliana, el 2 de octubre, fue víctima de robo en Italia. Los delincuentes se llevaron su cartera donde tenía su pasaporte y el permiso de Migraciones. A fin de constatar el hecho, Duiliana interpuso la denuncia respectiva en una comisaría de aquel país y envió un correo a Migraciones explicándole lo sucedido.

“Salgo con un permiso de 30 días otorgado por Migraciones, con mi pasaje de ida y vuelta y mi itinerario de viaje. Estando en Pisa (Italia) me roban mi cartera con todos mis documentos, pierdo mi pasaporte”, cuenta a El Comercio.

La pareja viajó a Roma, donde se encuentra la embajada peruana en Italia, a fin de solicitar un salvoconducto para que Diuliana pueda regresar al Perú ya que sin documentos no podía movilizarse. En respuesta, la sede diplomática dijo que no podía otorgarle tal recurso porque Duiliana no era ciudadana peruana, y que para tal caso le correspondía hacerlo a la embajada de Venezuela. Tras acudir a esta última instancia, Duiliana fue informada de que el salvoconducto solo podía permitirle regresar a su ciudad de origen: Venezuela. No podía ir a ningún otro lado.

“Nos regresamos a Roma donde están las embajadas y nos fuimos a la del Perú para preguntar qué pueden hacer por mí. Me dijeron que no podían ayudarme porque solamente trataban temas de nacionalidad peruana y que tenía que ir a mi consulado. Entonces me voy al consulado venezolano, donde me dicen que solamente me pueden dar un salvoconducto para regresar a mi país”, indicó Duiliana.

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Es entonces que Duiliana regresó el 14 de octubre a su país natal, 10 días antes de la fecha de vencimiento del permiso de viaje otorgado por Migraciones, con la intención de tramitar un nuevo pasaporte y volver al Perú antes de que se venza el plazo de 30 días. Sin embargo, la burocracia en Venezuela hizo que el tramite se prolongue hasta enero de este año. El nuevo pasaporte de Duiliana fue emitido el 15 de enero y se lo entregaron aproximadamente 10 días después.

“Migraciones del Perú me dijo que la única manera de que yo pueda ingresar nuevamente al país era vía aérea, no por tierra. En Venezuela hago el trámite para sacar mi pasaporte. Tuve que esperar que me lo entreguen y apenas lo hicieron compré mi pasaje para regresar al Perú. Al mismo tiempo contacté a una ONG para que me ayude y asesore teniendo en cuenta mi situación y lo que me había pasado”, señaló.

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Con el pasaporte ya en sus manos, Duiliana enrumbó inmediatamente vía aérea de regreso al Perú. No obstante, su alegría por querer pisar suelo peruano otra vez y reencontrarse con sus padres y amistades se esfumó ni bien llegó al área de Migraciones del Jorge Chávez. Personal de la entidad le denegó el ingreso indicándole que no contaba con derecho migratorio, al haber incumplido con el permiso de viaje el cual estaba largamente vencido, y que necesitaba una visa para poder entrar al país.

“Mostré las denuncias que interpuse, el tema de los pasajes, o sea, todas las pruebas de lo que yo vengo alegando. En Migraciones me dijeron que tengo que retornar a mi país. Por ello, a través de la ONG me recomendaron realizar la petición de refugio ante Cancillería. Y ese es la razón por la que vengo esperando aquí en el aeropuerto, esperando una respuesta de si va a ser aprobado o no. Defensoría del Pueblo se ha pronunciado sobre mi caso. Mi intención no es pasar por encima de las leyes, sino que puedan examinar mi caso y los motivos de fuerza mayor que me favorecen. Que me brinden el apoyo para poder ingresar y así terminar de hacer el proceso para mis papeles y continuar con mi vida”, expresó Duiliana.

Desde ese momento, el 30 de enero, empezó todo el martirio. Duiliana pasa sus días en el área internacional del aeropuerto sin que se le permita salir. No tiene acceso a comida, medicinas, ropa y tampoco la dejan ver a sus padres. Duiliana cuenta que los días se le hacen interminables y que no hay un espacio en el terminal donde pueda estar completamente a oscuras, por lo que dormir le es imposible. Cuando lo consigue, solo puede hacerlo por unas horas, por lo general en la tarde, pues por la madrugada hay más frecuencia de vuelos que parten o llegan y el movimiento es mayor.

“No han permitido que me ingresen ropa, ni medicamentos, tampoco que mi mamá o papá pueda acercase. No permiten absolutamente nada. Realmente es una situación bien triste, cada vez me sorprendo más con el trato que se nos brinda, somos seres humanos también. Solamente puedo estar en esta área de embarque. No puedo salir. Solamente cuando voy a comer un custodio me acompaña, o sea, me llevan hasta la zona de comida, me espera y luego nuevamente ingresamos”,

Duiliana detalló también que después del cuarto día le dio un ataque de pánico, por lo que tuvieron que doparla. A raíz de esto una aerolínea comenzó a generarle cupones de alimentación, los cuales se le otorga en algunos horarios y no siempre. Ella también contó haber sido víctima de acoso más de una vez en la sala de embarque internacional por parte de uno de los trabajadores de las tiendas que operan en el terminal aéreo. Sostuvo que pese a estar en un sitio donde supuestamente hay seguridad, se siente realmente expuesta.

“La gente no creería todo lo que uno tiene que pasar acá. He vivido diversas situaciones, como mujer estoy expuesta. Una persona que trabajaba acá me tocó mientras yo dormía. Obviamente me asusté, hice mi reclamo sobre lo que estaba ocurriendo y no le tomaron importancia. Sigo expuesta. Otro día, en la madrugada, estoy acostada en las sillas descansando y un señor se sentó en mis pies, pese a que había espacio suficiente más allá. Me levanté asustada. O sea, tengo que soportar todo esto además del malestar que tengo por dormir en sillas, el ruido, la luz que hay todo el día, las personas que pasan, el dolor en el cuerpo, la columna, la cabeza. Yo soy operada de la vesícula, tengo cálculos en los riñones. Se supone que tengo que llevar una alimentación sana. Es una situación realmente terrible. Los baños que uso son públicos, o sea, no hay ni un poquito de privacidad”, explicó Duiliana.

Duiliana pidió a las autoridades tomar en cuenta su arraigo familiar en Perú y el hecho de que fue víctima de robo de sus documentos, una situación que escapa de sus manos.

“Tengo cinco años acá en el Perú, cómo me van a pedir que me vaya. Mis papás están acá, es mi núcleo familiar, económicamente dependen de mí. Son las personas con las que yo vivo, son mi familia. Defensoría le ha dicho a Migraciones que mi caso no ha sido algo deliberado, se trata de algo de fuerza mayor. Se ha presentado también un habeas corpus para solicitar de que por lo menos me permitan el ingreso al país mientras se ve qué va a pasar conmigo. Hasta ahora no tenemos respuesta por parte de nadie”, agregó.

Gabriel Gonzalez Delgado, abogado de Duiliana, dijo a El Comercio que en un primer momento, luego de que declaren la inadmisión al país en contra de Duiliana, las autoridades migratorias también dispusieron su reembarco, es decir, su expulsión del Perú. Ante esto, precisó, se llevó a cabo una solicitud de refugio ante la Cancillería, trámite que hasta ahora no ha sido aprobado.

“Esta condición de refugiado permite el no reembarque. Aparte de brindar una calidad humanitaria y política. Que la regresen de nuevo es una locura porque sus padres están aquí en Perú, qué va a hacer ella, no tiene a nadie allá en Venezuela, Su vida la ha hecho aquí”, indicó.

Gonzalez también contó que el 17 de febrero, Migraciones quiso reembarcarla a Duiliana obligatoriamente yendo en contra de la ley de refugio. En ese sentido, la defensa de la ciudadana venezolana envió un correo a Migraciones y Latam diciéndole a esta última que esa orden de reembarque era ilegal y que ellos iban a ser responsables. Tras esto, las cosas se calmaron un poco, al parecer, pero señaló que los hostigamientos prosiguieron.

“Quien ha participado de manera activa en este proceso ha sido la adjuntilla de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Ellos han emitido 5 oficios a Migraciones diciéndole que su interpretación legal del aspecto migratorio para no dejar ingresar a Duiliana es ilegal, inconstitucional y además se están vulnerando sus derechos”, agregó.

Gonzalez Delgado explicó que hay dos variables por las que Migraciones debería permitirle el ingreso a Duiliana al Perú. La primera, dijo, es que se trata de un caso de fuerza mayor, es decir, una situación de robo de documentos. Es algo imprevisible, algo que ella no quiso, e incluso en el que fue víctima. “El caso de fuerza mayor permite que ella ingrese al Perú hasta 183 días. Además de eso permite que ella tramite su carnet de extranjería fuera de plazo. O sea, la ley migratoria ampara su ingreso”, sostuvo.

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La segunda variable está ligada, añadió el abogado, con una resolución de Superintendencia de Migraciones N°177 que data del 2019, la cual ordena a todo control migratorio admitir a todo ciudadano venezolano que venga al Perú con la intención de buscar la reunión con su núcleo familiar.

“La ley define qué cosa es núcleo familiar e incluye a los ascendentes de primer grado y a las personas mayores de edad. Los padres de Duiliana dependen de ella, son adultos mayores. El papá tiene diabetes. Se cumplen las variables pero han desconocido todo eso”, expresó el abogado.

Por parte de Migraciones, la entidad hace referencia a una norma interna que interpreta de forma distinta lo antes descrito. Es decir, esta categoría de familiares de primer grado no incluye a los padres. “Es una interpretación. Hay condiciones que hay en la norma interna para establecer la dependencia directa porque no solo son los padres, si no va a depender las condiciones de los padres”, dijo Fernando Núñez, director de registro y control migratorio.

Migraciones se aferra a la idea de que, según la norma, si la persona se excede del tiempo permitido no puede ingresar al país, por lo que necesitaría tramitar una visa. “No podemos quebrantar las normas para casos particulares”, señala.

“Se basan en una norma interna y la misma Defensoría del Pueblo les ha dicho que cómo van a aplicarla siendo ilegal. Es una norma que nadie la conoce, solo ellos”, dijo Gonzalez.

El abogado y pareja de Duiliana detalló que se ha interpuesto un habeas corpus que fue admitido el lunes pasado. Asimismo, precisó que se le dio 24 horas a Migraciones para que se pronuncie al respecto. Ahora solo queda esperar, pues los plazos ya se cumplieron. Este recurso es la única esperanza que tiene Duiliana y su familia para que pueda ser admitida en el Perú y así pueda tramitar su nueva condición migratoria.

Se sabe que ACNUR ha tomado conocimiento de este caso y viene trabajando al respecto.

A través de un comunicado, publicado este martes, la Superintendencia Nacional de Migraciones sostuvo que a Duiliana se le denegó el ingreso al Perú por no tener visa y también porque su permiso temporal de permanencia no se encuentra vigente. Dijo que “ella permanece por voluntad propia en el área de tránsito internacional del Jorge Chávez, sin estar retenida y desacatando la notificación de inadmisión expedida por Migraciones el 31 de enero de 2024″.

También detalló que la ciudadana venezolana ha presentado una solicitud de refugio, recurso que ha sido declarado infundado por la Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores, y que a la par ha interpuesto una demanda ante el Poder Judicial. En este punto, vale precisar que Duiliana tiene el derecho a realizar ambos procedimientos.

“La Superintendencia Nacional de Migraciones exhorta a cumplir y respetar los requisitos de entrada al país establecidos por el Estado peruano, como lo hacen miles de extranjeros que a diario ingresan por los puestos de control, con la finalidad de evitar situaciones como la mencionada”, señaló la entidad.

Como dato adicional, Migraciones informó que en los últimos 12 meses se ha denegado el ingreso al Perú a más de 660 extranjeros de diversas nacionalidades, a través del Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por carecer de visa, requisito establecido por el Estado peruano para algunos países por razones de reciprocidad y/o seguridad.

Precisó que conforme a la normativa nacional e internacional, estas personas deben reembarcarse a su lugar de origen, de manera gratuita a través de la aerolínea que los trajo al Perú, y pueden volver a nuestro país una vez que cumplan con los requisitos de ingreso.

En tanto, la Defensoría del Pueblo envió un documento a la Superintendencia Nacional de Migraciones donde se informa que el decreto legislativo 1350 permite que todo migrante que venga a reunirse con su núcleo familiar está habilitado para ingresar al país. Esto incluye a las personas con ascendencia de primer grado, es decir, los padres.

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“Más allá de juicios de valor sobre la diligencia de la ciudadana, la normativa migratoria contempla excepciones para permitir el ingreso al territorio nacional en situaciones como la suya. La Resolución de Superintendencia N° 000177-2019-MIGRACIONES, en su artículo 2, ordena a todos los Puestos de Control Migratorio admitir el ingreso de personas de nacionalidad venezolana sin requerimiento de visa ni pasaporte cuando se trate de mayores de edad en tránsito hacia el Perú para reunirse con su núcleo familiar residente en el país. Sobre el concepto de núcleo familiar, el Decreto Legislativo N° 1350 establece que este comprende al “hijo o hija mayor de edad, hasta los veinte y ocho (28) años de edad, de estado civil soltero que esté siguiendo estudios técnicos superiores”. En este sentido, la ciudadana se ajusta a dicho inciso. Por lo tanto, Migraciones está en la obligación de admitir el ingreso de la ciudadana al territorio nacional”, señaló Defensoría en un oficio emitido el pasado 15 de febrero.

Asimismo, en otro escrito enviado 4 días después, se pronunció sobre la norma interna a la que hace referencia Migraciones para poder negarle el ingreso al Perú a Duiliana. “El Artículo 51° de la Constitución Política de 1993 establece que “La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado”. La falta de publicidad de las normas internas resulta problemática en un Estado de derecho, dado que los ciudadanos necesitan conocerlas para poder cumplirlas o acceder a los derechos que les otorgan. El Acta a la que se hace referencia no ha sido divulgada al público en general, lo que impide a los administrados conocerla”, resaltó la Defensoría.