“¿Aló? Tengo información para capturar a un pedófilo”. El 26 de enero del 2023, Lucho –pseudónimo para proteger su identidad– llamó al Programa de Recompensas del Ministerio del Interior con los datos exactos para ubicar a un prófugo que cinco años atrás había sido incluido en la lista de “más buscados” del país.
Lucho tenía la dirección donde se ocultaba Gianmarco Mercado Solís, apodado el ‘monstruo del Tambo’, los horarios en los que salía a la calle y la convicción de que a la policía solo le bastaba seguir esas referencias para capturarlo. Había también, por supuesto, una recompensa de 15 mil soles. Entonces, marcó el 0800 4007:
“Lo primero que me dijo la persona que contestó es que lea el Decreto Legislativo 1180 [norma que establece el beneficio de recompensas] porque habían unas exclusiones y tenía que revisar que no se cumplan. Tuve que volver a llamar. Recién ahí me indicaron que un policía de inteligencia me iba a contactar, me dieron un pseudónimo y me dijeron que después debía hacer otra llamada para recibir un código”, explica a El Comercio.
Así como el primer contacto, el proceso para entregar la información valiosa tenía varios pasos que Lucho cumplió a cabalidad. Al policía asignado a su caso, cuyo pseudónimo era Paul, le explicó todo lo que sabía de Mercado Solís: que estaba escondiéndose en un centro de rehabilitación de Cieneguilla, que solía salir por las mañanas e incluso la ropa que usaba. El ‘monstruo del Tambo’ era requisitoriado por el delito de tocamientos indebidos en agravio de menores de edad. Al menos cinco niños habían sido sus víctimas entre los años 2016 y 2017 en la ciudad de Huancayo.
Con esta información, agentes de la división de secuestros de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) lo capturaron cuatro días después, el 31 de enero. “Salió en las noticias y hasta el ministro del Interior de entonces agradeció a la policía por su trabajo. A mí me dijeron que en tres meses me entregarían la recompensa”, cuenta Lucho. Para constatar su contribución, el policía lo citó al día siguiente de la captura en una cafetería cercana a la Dirincri y le hizo firmar un “Acta de recepción de la información del ciudadano colaborador”. Ocho meses después no solo no le entregaron el dinero sino que le denegaron la solicitud por un aparente error administrativo.
Pedido rechazado
La segunda vez que Lucho se encontró con el policía Paul fue en Plaza Bolognesi. Era julio y la recompensa prometida no llegaba. En esa cita, le entregó un nuevo documento firmado por todos los integrantes de la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad (Cercri). El Acta N° 115-2020-CERCRI, fechada el 31 de mayo, explica que, pese a que la División de Inteligencia contra la Criminalidad - DIVICC PNP solicitó la entrega de la recompensa al ciudadano colaborador y que la Dirección Nacional de Investigación Criminal - DIRNIC PNP se pronunció a favor, no se aprobaba el beneficio “por no cumplir los requisitos”.
“Lo denegaron porque la persona que recibió mi llamada, en vez de derivarlo a un lado, lo derivó a otro. Por ese error técnico no me iban a dar la recompensa. Lo peor es que se sabe que no es la primera vez que sucede. Cuando capturan a un requisitoriado se felicitan entre ellos, pero a los informantes no nos dan lo acordado”, dice.
El acta, a la que este Diario tuvo acceso, indica que el reglamento del D.L 1180 establece que la Sección de Recompensas de la DIVICC que recibe la llamada del colaborador debe comunicarse con “la unidad de emergencia más cercana y/o unidad especializada”. Sin embargo, en este caso, se derivó “al mismo órgano de inteligencia al que depende funcionalmente (DIVICC)” a pesar de que no era la competente. Esta, a su vez, coordinó la captura con la División de Investigación de Secuestros y Extorsión de la Dirincri. Por ello, según la comisión evaluadora, la DIVICC PNP no debía ser la que solicite la recompensa para el colaborador.
Lucho ha acudido a Asuntos Internos del Ministerio del Interior, a Inspectoría de la Policía, a fiscalía anticorrupción y hasta ha solicitado sin éxito una reunión con el actual ministro del Interior. Lo peor es que siente que la protección de su identidad se ha debilitado con tantas denuncias sobre un programa que se sostiene con el anonimato de las fuentes. “Estoy exponiendo mi vida. He enviado a un delincuente a la cárcel y me piden que dé mi nombre para seguir con las denuncias”, dice.
En abril pasado, El Comercio conversó con Eduardo Vergaray, secretario técnico del Programa de Recompensas del Mininter, quien confirmó que el presupuesto para la entrega de recompensas de este año era de 3 millones 361 mil soles. Para entonces, según el funcionario, 26 requisitoriados habían sido capturados gracias a los datos proporcionados por ciudadanos colaboradores. El monto a pagar ascendería a 465 mil soles “siempre y cuando” las instancias correspondientes de la policía determinen que corresponden las recompensas.
Para Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, un error de este tipo debería ser subsanado internamente por la institución y no asumido por el ciudadano colaborador porque hacer perder legitimidad en un programa importante cuyo eje central es el cumplimiento de compromisos con los colaboradores.
“Se necesita un control interno desde el sector Interior y de la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM), que es donde está la comisión evaluadora, a efectos de reajustar el sistema y capacitar al personal policial y administrativo que lo maneja. No se necesita modificar la norma, lo que hay es un error de aplicación y, en ese contexto, es imprescindible que se reformule la decisión y se otorgue el beneficio al ciudadano”, dijo a El Comercio.
El principal problema, añade, es que se ha puesto en riesgo la protección de la identidad del colaborador. “Es sumamente grave que él tenga que recurrir a diferentes instancias para hacer valer su pretensión del beneficio de recompensa. El Mininter debe recuperar toda la información y cautelar el nombre del colaborador”, opinó.
El Programa de Recompensas fue creado en el 2015 mediante el Decreto Legislativo N°1180 con la finalidad de capturar a requisitoriados por delitos de alta lesividad difíciles de atrapar, incluido terroristas y líderes de organizaciones criminales por quienes se ofrecían montos de hasta 100 mil soles. En ese momento la lista se llamaba “Los más buscados” y, en dos entregas, incluyó a 30 prófugos. En el 2016, con el cambio de gestión, el programa cambió de nombre a “Que ellos se cuiden” e incorporó a más delitos. Para realizar la denuncia anónima se llama a la línea gratuita 0-800-40-007
El abogado penalista Ronny Santillán coincide con el exministro y sostiene que este caso correspondería atenderse por la vía del derecho administrativo debido a que se trata de una falla del sistema que no debe recaer en el ciudadano. Sin embargo, el problema de fondo es la afectación al ciudadano. “Es un desincentivo claro para la lucha contra la criminalidad porque encima de colaborar, con el riesgo de exponerse, le ponen trabas burocráticas al ciudadano”, opinó. De todas formas, considera que se debe investigar si el monto de la recompensa se llegó a desembolsar o si fue retenido para asegurar que no hubo malos manejos con el dinero.
Anuncian evaluación
En respuesta a El Comercio, el Ministerio del Interior dijo que la denuncia presentada por el ciudadano colaborador corresponde a un “hecho aislado” y que han dispuesto que la Comisión Evaluadora de Recompensas “atienda y evalúe el reclamo” por el pago por la información brindada para la captura de “Monstruo del Tambo”.
“Se ha dispuesto que se adopten las medidas correctivas que correspondan frente a este hecho aislado, a efecto de seguir fortaleciendo y potenciando este importante programa del Ministerio del Interior, motivando a que más ciudadanos presten su valioso apoyo a la sociedad, con información que conduzca a la captura de estos delincuentes”, añadieron.
Mininter reiteró que el Programa de recompensas es una herramienta “sumamente efectiva” frente a la lucha contra la criminalidad en el país, que permite que la ciudadanía colabore con la captura y el retiro de las calles de delincuentes que representan un alto riesgo para la población.
Según indicaron, desde el 2016 a la fecha se ha otorgado recompensa a 1.533 ciudadanos por un monto ascendente a S/ 31´849 000.00. Solo en el 2023, la Comisión Evaluadora de Recompensas “aprobó el pago de recompensas a 71 ciudadanos colaboradores por un monto total de S/ 2´490 000.00″.
Estas cifras no coinciden con los datos brindados el 22 de setiembre pasado por la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad, través de un pedido de Acceso a la Información Pública, en el que informaron que desde que se creó el programa hasta la fecha (2016 a setiembre del 2023) se entregaron 1.270 recompensas a ciudadanos por S/ 22´983,000.00. De este monto, solo este año fueron 46 recompensas por S/ 1´665,000.00.
La entrega de recompensas apenas equivale a la mitad de detenidos que formaban parte del Programa de Recompensas. Desde el 2016, 3.999 requisitoriados fueron incluidos en el sistema, de los cuales 2.311 han sido capturados. De acuerdo con la entidad, el 30% aproximadamente fueron detenidos por operativo policial. Es decir, un 70% fueron entregados por la colaboración ciudadana, pero el número de recompensas pagadas equivalen al 54.95%.
Si quieres denunciar un caso similar, escríbenos al celular de la campaña #pasaenlacalle de El Comercio:
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