Ya han pasado 8 meses desde que el Tribunal Constitucional (TC) dictaminara la suspensión del cobro en el peaje Chillón, ubicado en la Panamericana Norte, en Puente Piedra, al considerar que con ello la concesionaria Rutas de Lima vulneraba el derecho fundamental al libre tránsito. En aquella ocasión también estableció la obligación para la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) de construir una nueva vía alterna en dicho tramo. La decisión fue la siguiente: hasta que la comuna no cumpla con su parte, la suspensión del cobro del peaje seguiría en pie. Pese a que la sentencia se materializó en marzo pasado, a la fecha, la comuna no ha dado muestras de querer acatarla, algo que viene siendo advertido por la empresa.
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En diálogo con El Comercio, Ives Becerra, director legal de Rutas de Lima, indicó que en la sentencia, contrariamente a lo que se pretendía, el TC no determinó la destrucción o la demolición de las casetas de peaje, sino que ordenó la suspensión del cobro temporal en el tramo de la Panamericana Norte hasta que exista una nueva vía alterna. Según se dictaminó, el ente obligado a construir esa nueva infraestructura es la MML.
Agregó que si bien desde un principio la empresa mostró su “pleno rechazo” a la sentencia, pues no estuvo de acuerdo con los fundamentos, precisó que el mandato existe y establece una obligación que es indispensable que la MML cumpla a fin de que se restablezca el funcionamiento pleno de la concesión.
“El Tribunal Constitucional reconoce lo que la legislación ya contemplaba respecto a la materia. El mandato es que esa vía alterna se construya de modo imperativo y que la Municipalidad de Lima tiene la ineludible obligación de no dilatar ni ralentizar su construcción. Esto se ordenó en marzo del presente año. Han transcurrido 8 meses y el municipio no ha efectuado aun acción alguna. Se encuentra en público desacato”, señaló.
El director legal de Rutas de Lima aseguró, además, que han intentado en reiteradas ocasiones comunicarse con representantes de la comuna capitalina con el propósito de abordar este tema. Sin embargo, sostuvo que no han obtenido ninguna respuesta. Calificó la situación de “muy grave”, pues consideró que la municipalidad actúa como si el contrato de concesión con la empresa no existiese.
“Hemos intentado coordinar con ellos, pero no nos recibe, no nos concede reuniones, no nos dan cuenta del estado del cumplimiento de esta sentencia. La municipalidad está generando con su conducta que la suspensión del cobro de peaje en la Panamericana Norte sea por un plazo indefinido, cosa que no es lo que ordenaba el Tribunal Constitucional, que claramente ordenó construir la vía alterna en un plazo inmediato. Hemos intentado contactar formalmente al municipio con el envío de más de 5 comunicaciones reiteradas, solicitando reuniones, pero sin obtener respuesta”, dijo.
En tanto, Becerra mencionó que ante la falta de respuesta de la MML, vienen requiriendo que las autoridades competentes en la materia, en particular el Gobierno central, tomen cartas en el asunto e intervengan para dar solución al tema. Por otro lado, resaltó que pese a que no viene percibiendo ingresos por la suspensión del cobro de peaje en el tramo norte, la empresa no ha dejado de prestar todos los servicios que le corresponde en la vía.
“Se trata de un gobierno local que es parte del Estado peruano, entonces este tiene una responsabilidad incluso funcional para dar cumplimiento a esta sentencia. Nosotros como empresa privada lo que requerimos es que las instituciones en este país funcionen. Hay un poder judicial, tenemos órganos de control que deberían actuar también de oficio en ejercicio de sus funciones”, manifestó.
El representante de la concesionaria ensayó un posible motivo de la posición que parece haber adoptado la MML frente a esta situación y el mandato del TC. Sostuvo que existe una “campaña de hostilidad permanente contra la inversión de Rutas de Lima” por parte del municipio, alentando a la población a que se tomen acciones. Esta conducta, refirió, supone que la empresa se vea privada del único ingreso que tiene para prestar los servicios a favor del usuario en las vías, que es la recaudación de peajes.
“La MML está originando que la empresa se vea en una situación financiera muy complicada como consecuencia de no percibir esos ingresos en el tramo norte de la concesión. Esta situación viene impactando severamente en la viabilidad de la compañía, la cual no puede seguir bajo una situación en la cual por actos propios del Estado peruano se ve privada de la única fuente de ingresos que tiene. La empresa hará valer sus derechos en los foros correspondientes establecidos por el propio Estado peruano y hacemos un llamado al Gobierno central para que el daño no siga incrementándose”, acotó.
Por otro lado, Becerra recordó que en los últimos 6 años, Rutas de Lima le ha ganado dos arbitrajes internacionales a la Municipalidad de Lima, los cuales han determinado que el contrato de concesión, su adenda y otros actos de acuerdo que se hayan dado en ejecución del contrato “son plenamente válidos y vigentes”.
“Hay una obligación de pago de la Municipalidad de un monto aproximado de 200 millones de dólares. Entonces, estamos ante una entidad concedente que no solo no cumple los laudos internacionales, lo cual también genera una situación muy complicada para la credibilidad del Perú como plaza de promoción de inversiones, sino que ahora también no acata la sentencias locales como la del TC”, expresó.
¿Qué ha dicho la MML?
En todo este tiempo, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha mostrado su rechazo a los peajes de Rutas de Lima e incluso en su momento animó a los vecinos de Puente Piedra a presentar recursos judiciales masivos para eliminarlos. Asimismo, mencionó en reiteradas ocasiones que el contrato de concesión con la mencionada empresa estaba “manchado” de corrupción.
“Me da pena que gremios, periodistas y líneas editoriales no se vuelquen al tema, que siga el status quo, ¿no?, que siga la gente más pobre de Lima pagando un peaje de la corrupción. Yo no los llamo Rutas de Lima, los llamo ‘Ratas de Lima’, ese es el nombre que le he puesto a este proyecto”, dijo el burgomaestre en un acto público.
Asimismo, luego de que la empresa no aprobara estas declaraciones de López Aliaga, señalando que lo único que genera es un clima de hostilidad en agravio de la concesionara, la autoridad capitalina calificó de “majadería” esta posición y que esta no tiene ningún derecho a prohibirle a la población lo que tiene o puede hacer.
“Es una majadería que una empresa que ha venido al Perú a hacer compra de acciones, en mi opinión, manchadas con sangre, a una organización criminal como Odebrecht, le venga a decir a los ciudadanos de Lima, que están siendo violentados, qué hacer y no hacer respecto a los derechos constitucionales, a la vida, al libre tránsito, a la libertad”, sostuvo el alcalde.
Por otro lado, a principios de año confirmó también que su gestión presentó una denuncia en Estados Unidos contra el fondo canadiense Brookfield, accionista mayoritario de la compañía. Aunque no brindó detalles, en aquella ocasión indicó que el proceso estaba a cargo de un estudio de abogados en Washington.
“Brookfield compró acciones de Odebrecht en un plazo de tres meses, cuando estaba preso y sentenciado Marcelo Odebrecht [expresidente de la constructora]. La denuncia civil y penal no me corresponde [mencionarla] en estos momentos por estrategia y por defensa. Lo que he hecho es ir a EE.UU. con mi plata y buscar información sobre quién podría defender mejor a Lima, a eso me he enfocado”, señaló en esa vez.
Detalles de la sentencia
El pasado 8 de marzo, el TC ordenó a Rutas de Lima la suspensión del cobro del peaje en la Panamericana Norte, en virtud a dos habeas corpus presentados el 2020 por la Municipalidad de Puente Piedra y el ciudadano Ramón Lucianeti Pairazamán León, residente de dicho distrito.
Según señaló el fallo, “no resulta viable que en el tramo correspondiente a la Panamericana Norte, ubicado en Puente Piedra, se cobre la tarifa del peaje, pues (...) esto vulnera el derecho fundamental al libre tránsito”.
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Además, el TC dispuso que la suspensión del cobro del peaje se mantenga hasta que “se adopten las medidas para que cese la transgresión del derecho fundamental a la libertad de tránsito; o hasta que la justicia penal emita los pronunciamientos judiciales correspondientes, con calidad de firmes, que determinen si el contrato de concesión y sus adendas celebradas por la MML y Rutas de Lima tuvieron un origen ilícito o no”.
“La sentencia del Tribunal Constitucional se origina en un proceso de habeas corpus planteado por un ciudadano de Puente Piedra. Este proceso fue revisado en instancias judiciales previas donde se obtuvieron sentencias de primera y segunda instancia favorables a Rutas de Lima, desestimando la demanda porque se acreditó que existían hasta cinco rutas alternas en Puente Piedra. Pese a ello esta acción se elevó al Tribunal Constitucional. Desde un inicio indicamos que el TC carecía de competencia para conocer una materia de este tipo que corresponde, según la legislación peruana y según el contrato de concesión, ventilarse en la vía arbitral”, dijo Becerra.