Rejas en Lima: ¿seguridad o restricción al libre tránsito?

La urbanización Los Cedros de Villa, en Chorrillos, es como un laberinto con casi todas las salidas bloqueadas por rejas o tranqueras. Estas barreras metálicas solo las pueden abrir algunos vecinos; los demás tienen que hacer mil malabares para llegar a sus destinos.

Esta zona es solo uno de los cientos de ejemplos de lugares enrejados en Lima. En casi todos los distritos, existen calles, pasajes, parques y hasta losas deportivas cerrados con cadenas, fierros y candados.

La opinión de los limeños sobre esta problemática está dividida. Según la última encuesta del observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos, publicada en octubre de este año, el 58,7% de ciudadanos considera que las rejas restringen el libre tránsito. El 40,1% está de acuerdo con estas barreras al considerarlas elementos de seguridad.
Según el observatorio, la zona con mayor porcentaje de población a favor de colocar rejas para restringir el acceso de personas desconocidas es Lima norte.

“Esto se relaciona con la sensación de seguridad que proyectan las rejas, lo cual está directamente relacionada con el hecho de que Lima norte es una de las zonas con mayor sensación de inseguridad de la capital”, dice Mariana Alegre, coordinadora general de Lima Cómo Vamos.

—Ley muerta—
La Ordenanza 690 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, publicada el 16 de setiembre del 2004, regula la colocación de barreras en la vía pública. Según la norma, las juntas o comités vecinales deben obtener la autorización de la municipalidad distrital antes de colocar las rejas. Para ello, se debe presentar una solicitud de autorización para la “instalación del sistema de seguridad y vigilancia particular”, junto con documentación que sustente la necesidad de poner la barrera.

La norma obliga a que la reja permanezca cerrada únicamente cuando esté presente un vigilante que permita el paso vehicular o peatonal. De no haber personal de seguridad, la valla deberá permanecer siempre abierta.

“De no cumplir con los requisitos, la municipalidad distrital deberá sancionar a la junta vecinal con una multa y el retiro de los elementos de seguridad, cuyo costo será cargado a los vecinos”, asegura el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores (Aspec), Crisólogo Cáceres.

En el 2010, la Aspec hizo un estudio en 18 distritos de Lima y halló 1.263 rejas instaladas, de las cuales 1.147 fueron colocadas sin autorización municipal; es decir, el 91% era ilegal. Cáceres, en declaraciones a El Comercio, considera que la situación ha empeorado en los últimos años. “Creo que la colocación de rejas en Lima aumentó. Estamos ante una situación en la que la gente hace lo que le da la gana”, expresó.

El representante de la Aspec señaló, además, que esta realidad “viola normas civiles, constitucionales y penales, y pone en riesgo la vida de vecinos al no permitir el paso de bomberos y ambulancias”.
Este Diario buscó la versión de las comunas de Chorrillos y San Miguel, sobre las tranqueras en sus jurisdicciones. La primera no respondió y la otra dijo que hoy se pronunciaría.

—Vivir con miedo—
Para el sociólogo urbanista Pablo Vega Centeno, colocar barreras para defenderse de la delincuencia es una respuesta ante la ausencia de políticas de seguridad de las autoridades.

“El problema es la angustia legítima de un residente que tiene miedo, porque puede haber personas que le podrían hacer daño, y su reacción inmediata es sentir que el elemento material [la reja o la tranquera] lo va a proteger”, asegura.

El especialista añadió que hay otros elementos vinculados a la colocación de rejas. Uno de ellos, según dijo, es la intolerancia a convivir con ciudadanos de otros barrios.

“Nos estamos acostumbrando a que Lima sea como muchos pedazos distintos de un gran mosaico. Cuando caminamos por la ciudad, percibimos que solo tenemos derechos cuando estamos en nuestro espacio, pero que fuera de este somos marginales”, indica Vega Centeno.

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