Giacomo Pisani acumula más de 40 años navegando mares de todo el mundo. Durante dos décadas trabajó en una compañía estatal italiana y, desde el 2009, en Fratelli d’Amico Armatori, empresa privada de ese mismo país. Él es el capitán de Mare Doricum, enorme buque petrolero de 138 mil toneladas de capacidad que, cuando comenzó la segunda quincena de enero, encendió sus motores en el puerto de San Sebastián, en Brasil, para enrumbar hacia el Callao, donde ocurrió el derrame de más de 11 mil barriles de crudo.
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Allí, frente a La Pampilla, descargaba crudo hacia la refinería operada por Repsol, cuando sucedió el desastre.
Pisani, veterano marinero, no puede seguir hacia su siguiente destino. Lo que sí está obligado a hacer, en cambio, es atender a diversas autoridades involucradas.
Alerta en altamar
La primera de estas visitas fue el lunes 24. El ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, así como los titulares de la Producción y de Comercio Exterior y Turismo, Jorge Luis Prado y Roberto Sánchez, y el congresista Edward Málaga, abordaron el buque. Los recibieron Pisani y unos 30 tripulantes, la mayoría de Italia y la India.
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El primer problema que se presentó fue idiomático: ninguno de los tripulantes hablaba español, y ninguno de los ministros hablaba inglés. Fue Málaga –abordó el buque por invitación del titular del Ambiente– quien hizo las veces de traductor.
En una conversación por momentos tensa, Pisani les reveló un detalle desconocido: desde el momento del incidente, la tarde del 15 de enero, envió al menos ocho cartas de protesta pidiendo información, al comienzo, y después reclamando ayuda por parte de los encargados de la refinería.
“El capitán solicitó al piloto que subiera a bordo a las 5:30 p.m. después de un incidente de separación de las cuerdas de amarre para poner el buque en posición. El piloto no subió a bordo hasta ahora, a las 11:05 p.m.”, se leía en uno de los documentos mostrados.
La segunda visita fue el jueves 27. Esta vez, Pisani recibió al fiscal Ariel Tapia, de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales de Lima Noroeste, además de dos abogados muy jóvenes enviados por Repsol, y otros dos abogados que representaban a J.R.Z., una empresa aseguradora contratada por Fratelli d’Amico Armatori. Otra vez el congresista Málaga estuvo en calidad de observador, invitado por la fiscalía. Flor de María Vega, coordinadora de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, debió quedarse en tierra porque los cupos en la embarcación que los llevó al buque estaban llenos.
Este Diario pudo conocer, con base en lo contado por varios testigos, algunas frases exactas que dijo el capitán de la nave; esta vez, el traductor fue uno de los abogados a bordo.
“El clima estaba bien, el viento estaba máximo en tres nudos; el oleaje, de menos de un metro”, les explicó Pisani sobre el momento del derrame. La reunión fue otra vez tensa, “se notaba, por su lenguaje corporal, que estaba muy molesto”, relató uno de los presentes. El capitán del buque, quien ya ha sido interrogado por la Capitanía de Puerto en varias ocasiones, respondió todas las preguntas que se le formularon durante una hora y media.
Según el testimonio de Pisani, una vez que se detectó el derrame tras la rotura de un cabo que ataba el buque a una boya, contactó al ‘loading master’ (encargado de la descarga) en La Pampilla. “Para evitar mayor movimiento del buque, pedí varias, varias veces que abordara el práctico (operador) y se pidió apoyo de remolcadores. El ‘loading master’ respondió que esto no era posible. Insistí varias, varias veces”, contó el capitán. Algunas versiones apuntan a que el ‘loading master’ no hablaba inglés, y que por ello la demora fue aún mayor, aunque eso deberá ser establecido en las investigaciones fiscales.
Casi dos semanas después del derrame de crudo, el buque sigue fondeado, con impedimento de zarpe y, desde la tarde de ayer, el Poder Judicial aceptó un pedido de la fiscalía y la nave está ahora incautada. El testimonio de Pisani será clave para conocer realmente lo que sucedió y quiénes son los responsables
Málaga: “Se ven esfuerzos dispersos”
El Ministerio del Ambiente informó ayer que no fueron 6.000 barriles de petróleo de Repsol los que cayeron al mar, como se estimó inicialmente, sino que en realidad el derrame fue de unos 11.900 barriles. Poco después, en un comunicado, Repsol dijo que “la cantidad de petróleo derramado es de 10.396 barriles, y de esto, el 35% ya ha sido recuperado”.
El congresista Edward Málaga fue invitado, primero por el Ministerio del Ambiente, y después por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, a las inspecciones del buque Mare Doricum, que transportaba el crudo derramado. En los días previos, se reunió con distintos gremios de pescadores y moradores de las zonas afectadas por el derrame de petróleo.
—Como observador cercano de la crisis, ¿cómo definiría la respuesta del aparato estatal?
Se ven esfuerzos dispersos. Si voy a la playa Cavero, me encuentro con la Policía de Medio Ambiente, con la Digesa, alguien de OEFA, la municipalidad, pero no hablan entre ellos; y así de playa en playa. No hay una agenda coordinada.
—¿Dónde están las mayores fallas?
No hay la capacidad técnica, ni de personal, ni logística. Y lo que hace el Estado no está empatado con lo que hace Repsol, entonces no tienes un efecto claro, una gestión eficiente del problema. Se ha formado un comité de crisis, pero no hay un zar, alguien que centralice, una base de operaciones.
—¿Considera justo el impedimento de salida contra operadores de Repsol?
La actitud de Repsol en esta crisis ha sido irresponsable, negligente, irrespetuosa. Basado en experiencias de otros países, esto debería conducir a una demanda ejemplar que cambie para siempre la manera en que legislamos y respondemos ante estos grandes problemas ambientales.
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