El exministro del Interior Rubén Vargas se pronunció sobre su decisión de pasar al retiro a 18 generales de la Policía. (Foto: Mininter)
El exministro del Interior Rubén Vargas se pronunció sobre su decisión de pasar al retiro a 18 generales de la Policía. (Foto: Mininter)
Redacción EC

Rubén Vargas, exministro del Interior, reiteró que su decisión de pasar al retiro a 18 generales de la Policía Nacional del Perú (PNP), para nombrar como comandante general de esa institución a César Cervantes Cárdenas, fue “constitucional y legal”, por lo que la consideró “correcta” y que supuestamente se basa en una sentencia del Tribunal Constitucional sobre un caso parecido.

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En diálogo con Cuarto Poder, Vargas indicó que su decisión se fundamentó en que cuando ingresó al Mininter encontró que el alto mando de la Policía estaba involucrado en actos de corrupción durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 y que eso trajo la muerte de más de 500 policías

Cuando asumimos el sector Interior, encontramos a una Policía devastada por la corrupción al nivel de los altos mandos. De los 54 generales que tiene la Policía Nacional, 30 están investigados por diversos delitos, pero principalmente por acciones de corrupción cometidos en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19”, expresó el exintegrante del gabinete.

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Esos actos de corrupción por los generales y oficiales a cargo de las grandes unidades de la Policía trajeron como consecuencia directa la muerte de más de 500 policías que estaban en la primera línea de combate frente al COVID-19”, añadió.

Además, indicó que otro factor que lo impulsó a plantearle al presidente Francisco Sagasti la remoción de generales fue que el comando de la Policía no reconocía que se había cometido “un uso excesivo de la fuerza” durante la represión a las marchas contra el régimen de Manuel Merino.

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Incluso, reveló que el entonces subcomandante general de la Policía, Jorge Lam, había puesto en duda “la moralidad” de uno de los jóvenes fallecidos (Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado) durante las protestas, por lo que consideró que no había garantías para las investigaciones.

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