La batalla judicial por Telesup sigue: presentan recurso ante el TC por denegatoria de licencia

En su página de Facebook, Jhonatan Hernández Martínez se describe a sí mismo como “un chico muy responsable y estudioso”; un orgulloso exalumno del colegio Manuel Antonio Mesones, de su natal Bagua (Amazonas). En la red social tampoco oculta su gusto por el reggaetón, la cumbia, las películas de terror y las motocicletas. Parece ser un joven de 26 años cualquiera, pero no lo es: desde el 2019 protagoniza una intrincada batalla judicial contra la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en favor de la Universidad Privada Telesup. Un proceso que llegaría incluso al Tribunal Constitucional (TC).

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Esta historia empieza el 30 de mayo del año pasado. Ese día la Sunedu le denegó el licenciamiento institucional a Telesup debido a que la casa de estudios –fundada en el 2004 por el hoy investigado José Luna Gálvez– no cumplió con ninguna de las ocho condiciones básicas de calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria. Luego de una evaluación que duró 19 meses, la superintendencia concluyó que tenía deficiencias muy graves en sus programas de estudios, infraestructura, plana docente, entre otros aspectos.

Ante ello, el Consorcio Telesup presentó un recurso de reconsideración sobre la denegatoria, pero este fue declarado infundado en julio del 2019. De ese modo se agotó la vía administrativa, por lo que la universidad tenía un plazo máximo de dos años para cerrar sus puertas y asegurar la continuidad de los estudios de sus más de 20 mil alumnos. Sin embargo, sus autoridades –entre ellos el rector Luis Alberto Colán– ya habían advertido que el caso no se acababa allí, y que acudirían a “las instancias correspondientes” para hacer valer sus derechos. Es decir, recurrirían al Poder Judicial.

Jhonatan (y Telesup) versus Sunedu

En Bagua (Amazonas), Telesup no tiene filiales ni sedes. Sin embargo, el 9 de setiembre del 2019 apareció Jhonatan Hernández Martínez, un alumno de la carrera de Ingeniería de Sistemas bajo la modalidad semipresencial, quien interpuso una demanda de amparo contra la Sunedu. Él argumentó que tras la denegatoria de licenciamiento a su universidad se habían vulnerado sus derechos a la educación, la igualdad y el principio de interdicción de la arbitrariedad.

Sus pretensiones eran claras: solicitaba al Poder Judicial que se anulen las resoluciones de la superintendencia donde se establecía y confirmaba la denegatoria, además de dejar sin efecto el Informe Técnico de Licenciamiento; y que la Sunedu le otorgue un plazo –de entre uno y dos meses– a Telesup para que presente un nuevo plan de educación, a fin de que sean evaluados por segunda vez.

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Lo que vino a continuación fueron una serie de pedidos y decisiones judiciales en tiempo récord. El 12 de setiembre, el Segundo Juzgado Civil de Bagua de la Corte Superior de Justicia de Amazonas admitió la demanda del joven; y apenas seis días después, el 18 de setiembre, Telesup se adhirió al proceso en calidad de litisconsorte. Según consta en el expediente al cual accedió El Comercio, la universidad explicó que buscaba “defender sus derechos constitucionales, los cuales se advierte que son similares a los informados por el accionante [Hernández], reiterando las pretensiones principales y accesorias, adicionando la pretensión accesoria de conceder el plazo adicional de licenciamiento de dos años”.

El mismo día en que se adhirió al proceso de Hernández, la Universidad Privada Telesup presentó una solicitud de medida cautelar ante el juzgado. La Procuraduría Pública de la Sunedu contestó la demanda de amparo el 2 de octubre, y pidió que se anule todo lo actuado ya que –entre otros argumentos– la sala no tenía competencia territorial sobre el caso (Telesup no cuenta con sedes ni filiales en Bagua).

Cuestionada actuación

De manera sorpresiva, el 9 de octubre del 2019 el juez Alberto Cohen Vela, titular del Segundo Juzgado Civil de Bagua, declaró fundada la medida cautelar requerida por Telesup. Con ello resolvió lo siguiente: “suspender temporalmente” los efectos de la Resolución Nº 068-2019-SUNEDU/CD (que denegó el licenciamiento), de la Resolución Nº 101-2019-SUNEDU/CD (que declaró infundado el recurso de reconsideración) y del Informe Técnico de Licenciamiento Nº 13-2019-SUNEDU-02-12. También ordenó a la Sunedu que otorgue a Telesup un plazo razonable (de entre uno y dos meses) “para la reformulación y presentación de un plan de adecuación”; y que lo evalúe en un plazo similar.

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En cristiano: Telesup podía seguir operando pese a que tenía la licencia denegada; e incluso convocó a un proceso de admisión para el segundo semestre del 2019. Pero el escándalo ya era público. La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) tuvo que intervenir y realizó una visita al juzgado de Bagua para indagar acerca del cuestionable fallo. En esos días se reveló que el magistrado Cohen Vela había sido investigado por la fiscalía en el 2017 como presunto miembro del denominado Clan Siguas, una red criminal que operaba en el norte del país bajo la modalidad de cobranzas coactivas fraudulentas.

Tras ello, llegó la renuncia irrevocable del juez; por lo que el 24 de octubre la misma sala declaró nulo todo lo actuado y ordenó la conclusión del proceso iniciado por Jhonatan, así como el archivamiento del cuaderno cautelar por sustracción de la materia. Telesup apeló estas decisiones.

De la carta notarial al TC

El proceso continuó en el 2020. En enero pasado, el Segundo Juzgado Civil de Bagua concedió ­–con efecto suspensivo– las apelaciones que la universidad solicitó contra las resoluciones que declaraban nulo todo lo actuado y archivaban el cuaderno cautelar. En paralelo, el gerente general del Consorcio Telesup, José Luis Luna Morales (hijo de José Luna Gálvez), alcanzó una curul en el Congreso con el partido de su padre, Podemos Perú. Así llegó la pandemia, en marzo.

Del juicio no hubo noticias hasta noviembre. En plena crisis social y política del país, cuando Manuel Merino asumió la presidencia de la República y nombró a Ántero Flores-Aráoz como primer ministro (cuyo estudio de abogados había asesorado a Telesup), la universidad envió una carta notarial a la Sunedu “otorgándole” un plazo de 24 horas para que cumpla con la medida cautelar concedida en Bagua con efecto suspensivo, a fin de anular la denegatoria. El tono del documento era, por decir lo menos, desafiante.

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En uno de los puntos del documento, la universidad refirió: “Es claro que una vez que su posición de dominio y respaldo gubernamental haya llegado a su fin, conforme el devenir político en nuestro país, circunstancia futura en la que esperamos se pueda materializar la justicia que hasta ahora se niega o retarda en perjuicio de nuestra institución”. Pero Telesup retrocedió y retiró su carta notarial dos días después de haberla enviado, el 12 de noviembre.

El caso recayó entonces en una instancia superior que debía zanjar el asunto. Así, el 4 de diciembre último la Sala Civil Permanente de la Provincia de Utcubamba (Amazonas) confirmó la resolución de la Segunda Sala Civil de Bagua que en el 2019 declaró nulo todo lo actuado. Se determinó –de manera definitiva– que la demanda de amparo presentada por Jhonatan no procedía.

Según esta sala, “no se aprecia que el contenido esencial al derecho a la educación [del demandante] se encuentre afectado, en razón de que se dispone que el servicio educativo sea prestado en forma ininterrumpida garantizando en todo momento la continuidad de la prestación del servicio educativo, y consecuentemente la emisión de grados y títulos durante el semestre o año académico en curso y durante el plazo de cese informando a la Sunedu, así como se dispone que se cumpla con las obligaciones que se consignan en el cuarto punto de la parte resolutiva de dicha resolución”.

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Asimismo, el juzgado de Utcubamba explicó que “se establece que la tutela urgente del proceso de amparo no se encuentra habilitada para el caso concreto (en que el demandante aduce habérsele afectado sus referidos derechos), en tanto lo atribuye al cierre de la universidad por haberse denegado la licenciatura de manera arbitraria a Telesup porque con la decisión de la Sunedu se le obliga a abandonar sus estudios universitarios, por la imposibilidad de poder trasladarse a otra universidad privada donde pueda estudiar al no haber en la localidad de Bagua donde reside, otra universidad similar donde pueda estudiar”.

Jhonatan, sin embargo, no cesa en sus intenciones de salvar judicialmente a Telesup, la universidad que ni siquiera menciona en sus redes sociales. El 29 de diciembre último interpuso un recurso de agravio constitucional contra la resolución emitida por la Sala de Utcubamba, que confirmó la improcedencia de su demanda de amparo. Fuentes de El Comercio explicaron que este documento aún no ha sido admitido por el Tribunal Constitucional (TC), aunque aún está dentro del plazo para hacerlo.

Este Diario buscó al abogado del Consorcio Telesup, Luis Alfonso Morey, pero manifestó que no tenía conocimiento de ese asunto. Hernández Martínez no pudo ser ubicado.