Debilitar la Sunedu le tomó al Congreso, hace una semana, menos de dos horas de discusión y 68 votos a favor de bancadas aparentemente disímiles como Perú Libre y Fuerza Popular. Aunque la mayor crítica al dictamen aprobado en segunda votación se centra en el retorno a un sistema similar a la extinta Asociación Nacional de Rectores, donde las universidades son juez y parte de la supervisión de la calidad universitaria, hay otros dos elementos que ponen en riesgo todo el sistema universitario: el retiro del Minedu como rector de la educación superior y la reactivación, sin modificaciones, del Sineace.
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El congresista Esdras Medina (Renovación Popular), promotor de la norma, y las redes oficiales del propio Parlamento han insistido en que Sineace (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa) será la garantía para mantener la calidad universitaria con la nueva ley. Incluso Medina llamó “falacia” – en un comunicado con faltas ortográficas – el riesgo de tener nuevamente universidades con estándares mínimos de calidad.
Sin embargo, un informe emitido por el área legal de Sineace advierte que la autógrafa, que en su Segunda Disposición Complementaria dispone reactivar las funciones anteriores de la entidad, es inaplicable, carece de legalidad presupuestaria y no es eficaz.
REGRESO SIN CAMBIOS
Especialistas consultados por este Diario han indicado que el problema con restituir el funcionamiento de Sineace, tal como estaba organizado antes de la Ley Universitaria, es que tampoco garantiza la independencia del organismo acreditador frente a los evaluados.
“Su directorio está conformado por las mismas universidades e institutos. Adolece del mismo defecto que la nueva Sunedu, donde el regulador es el mismo regulado y hay conflicto de intereses”, explica Patricia Salas, ex ministra de Educación y consejera del Consejo Nacional de Educación (CNE).
Para entender cómo la Ley Universitaria hizo necesaria la reorganización de esta entidad, Jorge Mori, exjefe de la Dirección General de Educación Superior, explica que si la Sunedu tiene la tarea de determinar qué casas de estudio cumplen con las mínimas condiciones para operar, Sineace debía verificar estándares especializados. “El licenciamiento es el piso mínimo de calidad, la acreditación debería ser la excelencia”, indica.
De hecho, el informe legal de Sineace, emitido el 10 de mayo, recuerda que la entidad entró en reorganización en el 2014 porque respondía a un esquema de aseguramiento de la calidad universitaria donde no existía control de entrada y dependía exclusivamente de procedimientos voluntarios, principalmente. “Se dispensaba a las universidades de su obligación de garantizar la prestación de un servicio de calidad desde que empezaban a funcionar”, señala el documento al que El Comercio tuvo acceso.
La ineficiencia de esa Sineace, añade Mori, se hizo evidente cuando universidades acreditadas no alcanzaron el licenciamiento. “Sineace se creó en el 2006 y fracasó porque las universidades e institutos formaban parte de su organización. Ahora hay grupos de poder y universidades que quieren regresar a ese sistema porque tener acreditación era un sello de marketing”, indica.
Hasta abril del 2014, catorce carreras de nueve universidades habían sido acreditadas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (Coneau) de Sineace, organismo extinto que ahora se reactivaría. Entre ellas, Obstetricia, Educación Inicial y Primaria de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, a la que finalmente se le denegó el licenciamiento por no cumplir con seis condiciones básicas de calidad.
"Sineace se creó en el 2006 y fracasó porque las universidades e institutos formaban parte de su organización"
De acuerdo con Mori, desde que se declaró su reorganización se ha intentado sin éxito establecer un nuevo marco normativo que garantice su independencia y autonomía. “Hubo tres proyectos de ley presentados con los ministros Jaime Saavedra, Daniel Alfaro y Ricardo Cuenca que no tuvieron consenso en el Congreso”, explica. Así, la reorganización sigue pendiente.
“Ahora tiene un estatus provisional y se necesita que funcione con una institucionalidad fuerte, independiente y altamente técnica, pero la nueva ley restituye el viejo Sineace, el modelo anterior sin modificación”, advierte Salas.
La exministra sostiene que, sin un directorio independiente de las universidades, no es posible asegurar un proceso de acreditación objetivo. “La opinión del CNE es que más que esta ley de modificación de Sunedu hubiera sido importante trabajar en trabajar una ley de acreditación. En cambio, se restituye lo fracasado”, dice.
Los promotores de la norma, a la que han denominado “Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”, insisten en que con los cambios se busca evitar que la institución “dependa del gobierno de turno”. Ambos especialistas rechazan esta postura al recordar que la elección de los miembros del consejo directivo de Sunedu se realiza por concurso público precisamente para garantizar la independencia. Ahora, al menos tres de siete miembros, serán nombrados directamente por las universidades públicas y privadas, y uno por los colegios profesionales.
"Hubiera sido importante trabajar en trabajar una ley de acreditación. En cambio, se restituye lo fracasado"
MINEDU FUERA DEL SISTEMA
Para Mori, el otro peligro de lo aprobado en el Congreso es que al retirar al Minedu de la rectoría de la educación superior se suprime el financiamiento de las universidades públicas para el mejoramiento de su calidad.
“Hay una campaña de desinformación y fakenews, en el Congreso quieren desconocer por qué se declaró en reorganización Sineace. Debilitan la Sunedu, quitan financiamiento de universidades públicas y reactivan un organismo que ponía a las universidades a autoevaluarse”, añade Mori.
Ayer, el ministro de Educación, Rosendo Serna, reiteró que el presidente Pedro Castillo observará la autógrafa que se encuentra en su despacho desde el 9 de mayo.
Además, adelantó que alistan una propuesta técnica legal dentro del marco normativo “que reforzará la Reforma Universitaria” y evitaría la aprobación de la autógrafa que vulnera el derecho a la educación de miles de estudiantes de todo el país. Para tal fin indicó que se ha reunido con varios rectores para escuchar sus opiniones y puntos de vista. Este Diario solicitó más detalles sobre la propuesta que se evalúa desde el Minedu, pero no fue posible.