Tras haberse cumplido los quince días hábiles, el Ejecutivo observó autógrafa de ley que pone en riesgo la autonomía de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). El presidente de la República, Pedro Castillo, envió a las 11:36 de la mañana el oficio 158-2022-PR al Congreso de La República.
El oficio enviado a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, detalla que “la Autógrafa de Ley afecta el ámbito de actuación de la Sunedu y el rol del Estado de garantizar la calidad de la educación superior”. El documento fue firmado por Castillo y el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.
Asimismo, menciona expresamente que la modificación de la Ley Universitaria, en los términos expuestos por el proyecto, significará un retroceso en los avances que ha obtenido el país, particularmente en el proceso de licenciamiento, a través de la Sunedu, los cuales han sido evidenciados y objeto de crítica por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Ahora, ¿Qué sucederá con la autógrafa? El experto en políticas públicas de educación superior, Jorge Mori, detalló para El Comercio que el Congreso tendría que volver a debatir el proyecto de Ley y, si los congresistas insisten en ella, necesitarían 66 votos para que se apruebe. De aprobarse la ley en 30 días el Consejo Directivo de la Sunedu cambiaría en su totalidad, cesando la actual gestión.
De ser así, el Poder Ejecutivo puede acudir al Tribunal Constitucional, que tomaría una decisión final. No obstante, hasta que se emita el fallo, la ley estaría en vigencia.
“El daño será bastante inmediato, sobre todo porque ahora los estudiantes no van a tener dónde presentar sus quejas y reclamos en un contexto tan difícil como es el retorno a la presencialidad”, agregó el experto.
¿Qué dice la observación al proyecto de Ley?
El oficio 158-2022-PR señala que solo es potestad del Poder Ejecutivo crear o disolver organismos públicos, no del Legislativo, por lo que el proyecto de ley sería “inconstitucional al buscar extinguir a la Sunedu como Organismo técnico especializado y crearla como ente autónomo”. Además, las instituciones deben estar adscritas a un ministerio.
En la misiva se explica que, de retirarse la rectoría del Ministerio de Educación, se vería afectada la implementación de estrategias únicas para asegurar la calidad universitaria. Del mismo modo, perjudicaría a la instituciones públicas que dejarían de recibir financiamiento adicional.
Además, incorporar en el Consejo Directivo a representantes de las universidades supervisadas atentaría contra la imparcialidad objetiva, autonomía e independencia funcional de la Sunedu.
Acción ciudadana
Diversos grupos de personas bajo la dirección de la asociación sin fines de lucro Foro Educativo, recolectaron más de 5.000 firmas a nivel nacional para presentar una acción inmediata de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Este recurso busca que la contrarreforma sea declarada como inconstitucional y, posteriormente, derogada dejándola sin efecto.
“Hemos recolectado las 5.000 firmas de manera preventiva, justamente para estar listos ante una situación como esta”, detalló el especialista Jorge Mori.
Por su parte declaró que el compromiso de la población durante el recojo de firmas ha sido evidente, puesto que todos apuestan por una educación superior de calidad y desean que sus hijos, familiares y estudiantes en general puedan gozar de ella.
“Es un retroceso para la Reforma Universitaria, pero no es la muerte de ella. Va a continuar en la medida de que los jóvenes necesiten una educación universitaria de calidad. Hemos logrado durante 8 años avances, pero esta disputa va a continuar”, resaltó Mori, quien precisó que se requieren nuevos proyectos para corregir la Ley Universitaria.
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