La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) cuestionó este miércoles los proyectos de ley presentados por el congresista Rubén Ramos Zapana (Nueva Constitución) el 30 de diciembre último, que beneficiarían a las universidades privadas que no obtuvieron su licenciamiento institucional.
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Joseph Dager, secretario general de la Sunedu, explicó a El Comercio que ninguna de las dos iniciativas legislativas –la Nº6888 y la Nº6890– que buscan modificar la Ley Universitaria es viable, ya que desvirtúan la continuidad de la reforma emprendida desde el 2014. Agregó que, en ese sentido, tampoco generarán un beneficio para los miles de estudiantes afectados por las instituciones educativas denegadas.
Los proyectos de ley
Un día antes de que acabe el 2020, Ramos Zapana presentó el proyecto de ley Nº6890, con el que busca cambiar el artículo 115 de la Ley Universitaria con el objetivo de declarar de “interés público” a las universidades privadas denegadas “para los efectos del artículo 70 de la Constitución Peruana”.
Sobre este documento, el parlamentario dijo a este Diario: “Lo que propongo aquí es expropiar las instituciones educativas que no cumplieron con las condiciones básicas de calidad. A mí me han malinterpretado como un crítico de la reforma. Más que anti Sunedu; soy anti Telesup, anti Alas Peruanas y anti todas esas universidades denegadas. No hay que derogar la norma vigente, sino fortalecerla con medidas radicales ad hoc a la situación”.
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La segunda iniciativa es la N°6888, con la que propone cambiar la Ley Universitaria para incorporar a la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (ANUPP) como miembro de las comisiones reorganizadoras de universidades públicas y privadas (asociativas creadas por ley) denegadas. De este modo, un comité especial –encabezado por el exrector de una universidad pública licenciada– asumirá “la conducción y dirección” de las instituciones privadas que no lograron su acreditación ante la Sunedu.
“Es particularmente grave”
Dager precisó que la iniciativa Nº6890 de Ramos Zapana es “particularmente grave” porque el ordenamiento legal vigente no contempla la expropiación sin un justiprecio. “Tendría que explicar cómo el Estado Peruano va a terminar comprando y pagando ese momento a los dueños de universidades sin licenciamiento. Es muy preocupante esa propuesta”, dijo.
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Según el representante de Sunedu, esa norma no alcanzaría a universidades como Telesup o Alas Peruanas porque estas ya están denegadas y la ley no puede ser retroactiva. Al respecto, concluyó: “¿No será acaso un estímulo perverso para que a los futuros dueños de universidades no les preocupe la calidad educativa? Cualquier podría fundar una universidad y luego dejar de preocuparse por la licencia, ya que si la pierden el Estado tendría que comprarles la institución. Es un sinsentido”.
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