Cuando la puerta se abrió, los cuerpos cayeron. Algunos agonizaban, otros se quedaron tendidos en el suelo y hubo los que aprovecharon para desaparecer. Eran cerca de las 9 de la noche del sábado 22 de agosto. Los cuerpos eran de las cerca de 120 personas que asistieron a la discoteca restobar Thomas, ubicada en la avenida El Zinc 235, en Los Olivos. Según la policía, llevaban más de tres horas reunidos bailando y bebiendo alcohol, pese a que estaba prohibido para evitar el contagio del COVID-19. La policía intervino, la puerta (que se abría por dentro) se cerró y todos, incluidos dos policías, quedaron atrapados. El resultado: 12 mujeres y 1 hombre murieron asfixiados.
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La tragedia, ocurrida cuando el Perú supera los 28 mil fallecidos por coronavirus, tiene una cadena de responsabilidades que inicia en los organizadores del evento: Yudith Ortega Godoy, de 34 años, y Job Jonatan Luque Ayala, de 37 años. Ellos han sido los primeros denunciados por homicidio simple tras la tragedia. El Poder Judicial dictó tres días de detención preliminar para ambos, el lunes 24 de agosto. Luque Ayala es el único que se encuentra detenido, de Yudith Ortega aún no se sabe nada.Este jueves 27 se decidirá si se les dicta detención preventiva mientras duren las investigaciones.
-Los organizadores-
El dueño del local en donde funcionaba la discoteca Thomas restobar, Leandro Montoya Callirgos, dijo a la policía que en el 2017 alquiló el lugar a la mamá de Job Luque Ayala por el lapso de un año. En agosto del 2018, cambió el contrato de arrendamiento a nombre de Yudith Ortega, a quien identificó como “la esposa de Job”. El documento vencía en julio del 2019, por lo que luego fue renovado hasta diciembre de ese año. “Desde esa fecha no hubo renovación, pero la señorita Yudith seguía teniendo posesión del local”, dijo.
El local de 200 metros cuadrados, tenía dos baños, y dos escaleras de 1.20 metros: una conduce a la azotea y la otra a la calle. Según el propietario, a él le dijeron que utilizarían el lugar para un restaurante. En el contrato solo hay una referencia de arrendamiento para “local comercial”. Montoya Callirgos negó conocer de la existencia de la discoteca.
-”Describa Ud. la fachada del inmueble alquilado”, le preguntó la policía.
-”(...) en la fachada del segundo piso se encuentra la descripción ‘MAS BAR', porque antes decía THOMAS RESTO BAR pero por el tiempo algunas letras se han caído”, respondió Montoya.
-”¿Cómo permitió que coloquen esa descripción a un local que alquilaba como restaurante?”
-”Yo no lo autoricé, pero tampoco hice nada al respecto”, dijo en su manifestación.
El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, explicó ante el Congreso que este local fue clausurado el 13 de junio del 2019 cuando Daniel Urresti era gerente de fiscalización de la comuna. El congresista Urresti precisó que, entonces, el local había estado funcionado como una cantina y burdel cuando tenía permiso para operar como restaurante. Desde el 24 de enero, no contaba con licencia de funcionamiento.
Pero esta no es la primera vez que la pareja está detrás de un local sancionado por no cumplir las normas de seguridad. En el 2012, 2015 y 2019 el municipio de Comas sancionó el local que Yudith Ortega y Job Luque alquilaban en el Boulverd Retablo de Comas, en la avenida José de la Torre Ugarte 439. En el lugar funcionaba la discoteca La Guitarra. Las infracciones fueron graves, como el no contar con licencia de funcionamiento y el permitir el ingreso de menores de edad. En el 2012, incluso, la policía rescató a 5 menores de edad que estaban en aparente estado de ebriedad.
La infracción más reciente fue la que les impusieron en el 2019. El municipio clausuró el local al determinar que “se estaba exponiendo a alto riesgo a la vida y salud de los asistentes al establecimiento”. Frase que hoy suena premonitoria.
Así luce hoy su página de Facebook:
Y este es uno de los avisos que circularon en Facebook en febrero de este año. En la foto aparece el cantante Juan Antonio Peña Arias, conocido como Juancho Peña, quien también participó de la fiesta clandestina organizada en Thomas Restobar. La hermana del cantante dijo que él acudió a la fiesta porque Job Luque Ayala le insistió.
-La fiesta-
Según pudo rastrear la policía, Job Luque Ayala promocionaba los eventos clandestinos a través de su página de Facebook ‘La Guitarra Disco-Club'. Página que no existe, así como los anuncios en los que anunciaba las fiestas. Según la policía, horas después de la tragedia, Luque Ayala se encargó de borrar todo de las redes sociales. Esto fue lo que se pudo rescatar:
Job Luque organizaba los eventos, los promocionaba y daba los detalles de la fiesta a través del grupo de Facebook llamado Thomas Restobar Socios Vip. Él aparecía como el administrador.
En la investigación preliminar, también se identificó, a través de un informante conocido como ‘Lobo’, que Ruth Noemí Bautista Ayala, de 29 años, hermana de Job Luque, también participada en la organización de los eventos clandestinos. Ruth Bautista, conocida como ‘La gorda', trabajaba como administradora de la discoteca y fue una de las primeras en llegar al lugar luego de ocurrida la tragedia. Bautista dijo esa noche ser la encargada de limpieza del local y que solo quería recoger algunas cosas que quedaron dentro. La policía la detuvo en su vivienda el domingo y está siendo investigada por encubrimiento. En la investigación, se adjuntó el reportaje de Latina en donde se ve cuando ella llega al lugar.
La policía llegó el domingo a la casa registrada por Job Luque y Yudith Ortega como su domicilio, pero solo encontraron a Ruth Bautista quien les dijo que ellos no vivían ahí desde enero y que “nadie conoce su paradero”. En su manifestación ante la policía, Job Luque Ayala ha negado saber el paradero de su pareja. Ante esto, la policía sospecha que ambos iban a intentar fugar del país.
Según fuentes judiciales, Job Luque Ayala, tiene antecedentes penales. En el 2016, fue sentenciado por homicidio culposo tras atropellar a un joven en octubre del 2014. Luque Ayala recién se presentó ante la justicia dos años después y fue sentenciado a 5 años de prisión. Solo cumplió parte de su condena.
-Los responsables-
Las 23 personas que fueron detenidas por asistir al evento clandestino en Los Olivos, fueron liberadas el lunes 24 luego que rindieran su manifestación ante los agentes de la División de Homicidios en la Dirincri. Ellos fueron denunciados por los delitos de desobediencia a la autoridad y propagación de enfermedades, ya que 15 de ellos dieron positivo a las pruebas rápidas por coronavirus. Afrontarán el proceso en libertad para que puedan realizar un aislamiento obligatorio en sus viviendas.
El lunes 24 y el martes 25, el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, participó de las sesiones virtuales de las comisiones de Defensa y Fiscalización del Congreso. En ambas reuniones, el burgomaestre descartó tener alguna responsabilidad penal por lo sucedido en la discoteca. Incluso, reiteró que su único compromiso era emocional.
¿Son los organizadores del evento los únicos responsables de la muerte de 13 personas? Según el abogado del estudio DLA Piper Perú, José Allemant, la cadena de responsabilidades incluye a los organizadores, la policía y podría alcanzar al alcalde Castillo.
“Hay una cascada de responsabilidades, me parece correcto que las personas más identificables, en este caso los administradores de la discoteca, estén con una medida cautelar con detención preliminar. Acá hay un rotulo importante que es la falta de cumplimiento de deberes con posición de garante frente a un acto de tener una discoteca sin medidas de seguridad. La falta de prevención es lo que ha ocasionado que esas personas no hayan tenido cómo evacuar ante la intervención de la policía. Lo que también hay que investigar es cómo fue el actuar de la policía”, precisó.
Sobre la responsabilidad del alcalde de Los Olivos, el abogado penalista recordó que la fiscalización del buen funcionamiento de los locales del distrito es una función que depende estrictamente del alcalde como cabeza del municipio. Castillo podría ser denunciado por el delito de comisión por omisión.
“En la medida de que se llegue a determinar de que el alcalde sabía que estaba funcionando, y si no fue suficientemente diligente. El alcalde debería tener las herramientas para él decir, no sé o sí sé y nuevamente debido a la falta de control no di las instrucciones para que no sea abierto, y meter todos los mecanismos de control administrativos para que esta discoteca no esté funcionando”, aseguró.
Allemant opinó que con este caso ha quedado en evidencia que las áreas de fiscalización no están cumpliendo bien su trabajo y se han descuidado los niveles de precaución en pleno estado de emergencia. Indicó que es necesario que los municipios hagan seguimiento a los locales que han cometido infracciones para ver si continúan operando.
Una situación que, al parecer, no es exclusiva de la discoteca Thomas. Según la Fiscalía de Trata de Personas de Lima Norte, solo durante la cuarentena se han detenido a 88 personas por el delito de favorecimiento a la prostitución en los distritos de esta zona. Todos ellos fueron detenidos durante fiestas privadas y clandestinas organizadas en discotecas. Toda la información para participar de estos eventos (precios, servicios, horarios y ubicación), informó la fiscalía, era compartida a través de las redes sociales.
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