Tragedia en Villa El Salvador: un año después no hay responsables por la deflagración que dejó 34 personas muertas

Alejandro Pachas ha vuelto a su casa en Villa El Salvador para organizar la misa de su esposa María y su hijo Alejandro de 9 años. En el frontis ha colgado un cartel con la foto de ambos sobre un fondo celeste lleno de nubes. Están en el cielo. La dedicatoria dice: “Fuiste y siempre serás la mejor madre del mundo. Siempre vivirás en nuestros corazones”. Debajo figura la fecha que les cambió la vida: 23 de enero del 2020.

Eran cerca de las 7 de la mañana. Alejandro trabajaba como seguridad en una empresa y se enteró por la televisión que un incendio estaba consumiendo parte de la zona donde vivía. Un camión cisterna que trasladaba GLP chocó contra un desnivel en el cruce de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Villa del Mar, en Villa El Salvador. Segundos después, ocurrió la fuerte deflagración que provocó la muerte de 34 personas y dejó a 26 gravemente heridas. El fuego había alcanzado a toda su familia.

“Mi hijo mayor fue trasladado al Hospital del Niño en San Borja, mi esposa al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador y el pequeño de 8 meses fue llevado al Hospital del Niño en Breña. Tuve que correr al que estaba más cerca de mi trabajo, así que fui a Breña a ver a Alejandro”, cuenta a El Comercio.

Para intentar huir del gas, María salió de su casa con su pequeño hijo Rodrigo en brazos y con Alejandro de la mano. Las llamas los alcanzaron en plena avenida. María solo pudo envolver en sus brazos a Rodrigo. Ese mismo día falleció. Alejandro murió a las 8:15 de la noche y María media hora después. Rodrigo terminó con el 15% de su cuerpo quemado. A sus 8 meses, tuvo que permanecer internado casi un mes y fue operado cuatro veces para que le pudieran colocar injertos de piel de cerdo y de su propio cuerpo en piernas y brazos.

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Rodrigo fue dado de alta el 21 de febrero y menos de un mes después llegó la pandemia por el COVID-19. Las terapias de rehabilitación se paralizaron, por lo que Alejandro tuvo que aprender a hacer la rutina de ejercicios en casa. Sin embargo, pasaron los meses, y la atención gratuita que le ofrecían nunca volvió.

“Desde que se levantó la cuarentena lo llevé al Hospital del Niño de Breña porque se coordinó con los representantes del incendio, pero me quisieron cobrar. Les dije que el Estado se iba a hacer cargo de las atenciones y todo el tema. Me dijeron que hablara con la asistenta social. Me atendieron ese día y solo para ver cómo estaba. No me dieron lo que necesita que son cremas y vendas. Los únicos que nos están ayudando hasta ahora son los de la ONG Aniquem”, cuenta.

Desde mayo, Alejandro y Rodrigo se mudaron a Villa María del Triunfo. Los recuerdos de lo que un día fue su familia y lo que sucedió en el que era su hogar, no le permitían vivir tranquilo.

Lo que sufrió la familia García Ninahuaman el 23 de enero del año pasado no solo ha quedado como una huella indeleble en su memoria. Una vecina, además, grabó el momento exacto en el que todos huían detrás de una nube de gas que luego terminó en un incendio.

“Escuchamos un sonido fuerte y la casa se movió como si fuera un temblor. Todos salimos medio sonámbulos, arrastrándonos porque no veíamos nada. Mi hermana Elizabeth salió jalando a mi mamá, pero luego ella regresó por el perro y se quedó en la casa. Se salvó, porque el fuego nos alcanzó a todos afuera. Vimos el video y parece una película de terror”, cuenta Maribel a El Comercio.

Todos, entre ellos 4 niños, se perdieron entre el fuego que avanzaba por la avenida. Elizabeth, de 26 años, fue quien más sufrió. Casi todo su cuerpo se empezó a quemar y solo pudo apagar el fuego lanzándose en la arena. Elizabeth terminó con el 35% del cuerpo con quemaduras. Desde ese día, Elizabeth y su familia emprendieron un largo camino de dolor que aún no acaba.

“El SOAT se hizo cargo un mes. Nos dijeron que automáticamente íbamos a pasar al SIS y que igual nos iban a dar la mejor medicina pero no fue así. Mi hermana ha estado meses sintiendo el dolor como si fuera el primer día. Al primer mes se puso grave, porque iba viendo como sus amigos iban muriéndose cada día. Luego, cuando empezó la cuarentena todos nos abandonaron. Empezó la pandemia y nos abandonaron”, dice Maribel quien hoy dedica su vida a cuidar de su hermana.

Hasta agosto, Elizabeth no podía ni moverse debido a que le habían colocado injertos de piel. Maribel y sus hermanos tuvieron que ser sus enfermeros y soporte emocional para que la idea de morir se le fuera de la mente. Recién a fines de setiembre fue dada de alta del Hospital Hipólito Unanue. Salió en silla de ruedas. Sin embargo, tuvo que volver a ser hospitalizada porque empezó a sangrar. Tuvieron que hacerle una colostomía. El 24 de diciembre salió del hospital y fue como si volviera a nacer.

“Salió con grapas y gasas y yo rezaba para que no pasara nada. Ya empezó a caminar, pero cojeando. Pero tiene miedo a estar sola. Con cualquier sonido u olor a gas se desespera”, dice Maribel.

Toda la familia está llevando tratamiento psicológico. Gracias a una beca del Instituto Superior Pedagógico Manuel Gonzales Prada, Elizabeth ha podido retomar de manera virtual su carrera de educación inicial. Solo le falta un año para graduarse. Debido a que ninguna entidad ha cumplido con darles las medicinas para su tratamiento, Maribel está asumiendo los gastos de las medicinas y cremas que su hermana necesita. Esto, pese a que tuvo que dejar de trabajar para cuidarla. Por ello, pide, además de justicia, que el Estado cumpla con entregarles los recursos básicos que necesitan.

“Nos dicen que hay que tener paciencia, pero las deudas no esperan. Ella necesita constante terapia física porque aún no se puede mover bien. Yo he tenido que pedirle a mi esposo que es taxista que no salga a trabajar por la pandemia para que no nos contagie y exponer a mi hermana. A Elizabeth le tocó el bono universal y ha tenido que ir en silla de ruedas a cobrar. Ni en eso nos han ayudado”, lamenta.

¿Y los responsables?

Al día siguiente de la tragedia, la Fiscalía Especializada en Tránsito y Seguridad Vial de Lima Sur inició el proceso de investigación por las muertes y los daños ocasionados por el camión cisterna de la empresa Transgas LG. El fiscal Humberto Durán Ponce de León citó a declarar al representante de la empresa, Luis Enrique Guzmán Escriba, y a su padre, el chofer del camión, Luis Guzmán Palomino. Pese a que la fiscalía pidió prisión preventiva para este último, el Poder Judicial rechazó la medida.

La fiscalía también citó a funcionarios y exfuncionarios del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) por supuestamente haber autorizado automáticamente, valiéndose de declaraciones juradas y fotos, al camión-tanque de Transgas LG, sin que ingenieros de la entidad revisaran si cumplía las disposiciones de seguridad exigidas en la ley.

También llegó al Ministerio Público, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien aseguró que la Municipalidad de Lima no es responsable del mantenimiento de la Av. Mariano Pastor Sevilla, en donde se registró el desnivel contra el que chocó el camión cisterna. El alcalde de Villa El Salvador, Kevin Yñigo, asistió también a dar su manifestación.

Casi un año después, los afectados por la deflagración denuncian que el proceso penal se ha estancado. Ronald Tipismana, vocero de un grupo de víctimas del incendio, precisó que hay dos expedientes que han sido ingresados en el Juzgado Penal de Chorrillos y en la Fiscalía de Villa El Salvador. Si bien todos cuentan con abogados de oficio, comenta, la investigación aún no identifica a los responsables de las muertes.

“Nosotros estamos insistiendo que se incluya a Osinergmin como responsable. Hay un expediente que es por daños materiales y el otro es por lesiones graves, pero todo se ha congelado completamente por el tema del COVID-19. Un año ha pasado y está en investigación. Ni está en preparatoria ni nada”, señala Tipismana quien se ha tenido que distanciar de la defensa legal por haber contraído coronavirus.

Desde la Defensoría del Pueblo aseguran que se ha hecho un monitoreo de todo el proceso penal que se ha iniciado por las muertes en Villa El Salvador. Percy Tapia, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Sur, precisa que, al día de hoy, hay al menos 55 denuncias por parte de las personas que resultaron afectadas por la deflagración.

“Una parte significativa de estos casos ha pasado por una primera audiencia, pero podemos observar que en el contexto de la pandemia, el avance de la investigación fiscal y las denuncias ha sido lento”, indicó a El Comercio.

Tapia precisó que las denuncias presentadas son por delitos como seguridad pública, peligro común, daños y otros; por daños materiales, y homicidio culposo. Señaló que la semana pasada se acercaron a la fiscalía para solicitarles un informe sobre las medidas que están adoptando en el contexto de la pandemia para que las audiencias puedan continuar. “Hay una demora considerable en la investigación”, concluyó.

Solicitamos la información actualizada al Ministerio Público, pero representantes del área de Imagen solo indicaron que “están en pleno proceso judicial”.

Los funcionarios

En febrero, el Ejecutivo declaró en reorganización al Osinergmin y conformó un comité para concretar la reforma de la entidad. Este comité estuvo integrado por dos representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, dos representantes del Ministerio de Energía y Minas, y un representante de Osinergmin.

En un documento elaborado para este diario, representantes de Osinergmin aseguraron que la comisión elaboró 28 recomendaciones para ser implementadas, que tienen que ver con el fortalecimiento de la institución, procedimientos de supervisión, recursos humanos, coordinaciones con otras entidades, entre otras.

“Algunas de las recomendaciones de la comisión fueron: evaluar y modificar, según corresponda, los procedimientos administrativos de Osinergmin; con relación al procedimiento de Registro de Hidrocarburos, se debe evaluar cambiar su calificación a un procedimiento de evaluación sujeto a silencio negativo; reestructurar procedimientos de supervisión, a fin de que aseguren la verificación de las condiciones técnicas y de seguridad de las actividades de hidrocarburos; priorizar el uso de tecnologías para la supervisión operativa, así como para la participación ciudadana; suspender el Registro de Hidrocarburos a los agentes autorizados que comercialicen Hidrocarburos con agentes no autorizados; entre otras”, señala el documento.

Aseguran que, a la fecha, se ha cumplido con el 80% de las recomendaciones.

En setiembre del año pasado, la Contraloría General de la República emitió un informe de control en el que se concluye que tres funcionarios de la entidad aprobaron el trámite de inscripción en el Registro de Hidrocarburos de la cisterna de Gas Licuado de Petróleo que habilitó al camión cisterna a transportar GLP omitiendo algunos requisitos previos, lo que debilitó las medidas de seguridad y elevó el riesgo de siniestros de la unidad.

En su informe, la Contraloría recomienda disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades de las servidoras y el funcionario de la entidad.

(El informe completo aquí )

Ante ello, Osinergmin asegura que han recibido las recomendaciones de la Contraloría y a nivel interno están realizando un proceso de investigación.

“Sin embargo, nos ratificamos en nuestro informe técnico inicial del accidente. Esta tragedia fue provocada por la indebida manipulación de la válvula, a la que se colocó un elemento artesanal de manera negligente, para que quede abierta y poder realizar el reparto de combustible de una manera más rápida”, refieren.

Las viviendas

Además de sobrellevar el duelo por la muerte de sus familiares, muchos de los afectados por la deflagración tuvieron que vivir en carpas y luego en módulos de madera porque el fuego había consumido o dañado sus viviendas. La mayoría tuvo que enfrentar la cuarentena establecida por el Covid-19, viviendo hacinada en esos pequeños módulos de madera. Pese a que el Ministerio de Vivienda había anunciado que la refacción de casas iba a ser prioridad, la pandemia y, luego la inestabilidad política que sufrió el país a fin de año, impidieron que ese objetivo se cumpliera.

La viceministra de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Elizabeth Añaños, aseguró a El Comercio que el avance de lo prometido está en un 92% e indicó que para el primer trimestre de este año estará todo concluido.

“La primera acción que tomó el Ejecutivo fue declarar el estado de emergencia, lo que lo facultó para que las acciones se puedan hacer de manera inmediata. Entonces, se contrató a peritos especializados para evaluar los daños de cada propiedad. Hay que tener en cuenta que cada vivienda es única y se ha tenido que contactar con las familias para llegar a un punto de equilibrio con ellas”, precisó.

La viceministra detalló que se identificó que 20 viviendas necesitaban algún tipo de reparación y 5 debían ser reconstruidas totalmente. Del primer grupo, 17 fueron intervenidas con el Bono de Reforzamiento con un monto de inversión S/ 365.500. Los trabajos consistieron en tarrajeo, trabajos de piso, techo, adecuación de sanitarios, etc. Otras tres casas fueron intervenidas con el Bono de Reforzamiento Estructural, con un monto de inversión de S/ 150 mil. De ellas, una aún será entregada el próximo 26 de febrero.

En tanto, explicó la viceministra, 4 de las viviendas que debían ser reconstruidas ya fueron culminadas. En ellas el monto de inversión es cerca de S/ 1′300.000.

“Queda pendiente una que se entregará recién porque tuvimos que llegar a una solución técnica con la familia. La decisión que se ha tomado es cerrar un acuerdo en beneficio de la familia. En este caso especial estamos realizando acompañamiento para los trámites. Vamos a correr con todos los gastos de los trámites”, aseguró.

Se sienten abandonados

Tanto Alejandro Pachas, como Maribel García coinciden en que se sienten abandonados por el Estado. Han tenido que enfrentar la pandemia solos, por ellos exigen al Estado no solo justicia para sus familias, sino que les brinden atención médica permanente e incluso bonos que les permitan sobrevivir. Ellos han tenido que abandonar sus trabajos para dedicarse exclusivamente al cuidado de sus familiares. Ronald Tipismana, representante del grupo de afectados, respalda el pedido.

“Cuando ocurrió la cuarentena a todas las personas les empezaron a dar de alta pese a que necesitaban seguir hospitalizados, en muchos de los casos, sin receta médica. Ha sido muy duro para los sobrevivientes. Hemos tenido apoyo por parte de la Iglesia y Aniquem. En julio y agosto la Municipalidad de Villa El Salvador nos ayudó con S/200 mil de partida que aprobó el Concejo para los entierros. Sabemos que la semana pasada se aprobó una partida adicional de S/100 mil para las medicinas, estamos coordinando con ellos para que puedan ayudarnos. Ni la Municipalidad de Lima, ni Osinergmin, ni nadie se ha acercado a indemnizarnos ni nada”, dice Tipismana.

La subgerente de Salud y Sanidad del municipio de Villa El Salvador, Nelly Huamaní Candia, aseguró que, además de los sepelios, la comuna ha coordinado con los afectados para brindarles apoyo psicológico y emocional.

“Hay dos centros de salud mental que los han visto. Además, hemos hecho campañas de salud y pruebas rápidas y moleculares para descartar el COVID-19. El municipio está ayudando con medicinas, pero solo 7 de los 11 heridos han entregado recetas actualizadas de lo que requieren”, dice.

Percy Tapia, de la Defensoría del Pueblo, recordó que a inicios de la pandemia solicitaron al Midis incluir a los afectados como población vulnerable para recibir un bono y así enfrentar la cuarentena, sin embargo, nunca les contestaron el pedido. Después de un año de la tragedia, exhorta al Ministerio de Salud para que equipos médicos especializados se encarguen de la rehabilitación y tratamiento de los heridos.

Este sábado 23, las fachadas de las casas muestran el dolor de sus familias. En carteles figuran las fotos de las víctimas y un pedido de justicia que aún no ha sido escuchado.

Alejandro Pachas organiza la misa para su esposa y su hijo con pesar. No quiere volver a recordar, pero sabe que será inevitable. “Cuando Rodrigo tenga uso de razón va a preguntar qué pasó y yo tengo que estar preparado para contarle”, agrega.

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