Nota: el 7 de enero, se publicó este informe. Ese día estaba programada una audiencia en el Poder Judicial sobre el recurso de amparo que presentó la Defensoría del Pueblo para que se le permita a Ana Estrada acceder a la eutanasia. Este informe se vuelve a republicar debido a que hoy , jueves 25 de febrero, se dio a conocer el fallo del Poder Judicial a favor de esta ciudadana.
Ana Estrada ama la vida y por eso quiere morir. Morir con dignidad, bajo sus condiciones y cuando aún siente esa fuerza que cada segundo disminuye por una enfermedad degenerativa que la mantiene paralizada y dependiente las 24 horas de un grupo de enfermeras. Ana ya ha muerto un par de veces antes, al menos así lo ha sentido, por eso quiere que la próxima, la definitiva, sea en completa libertad. Hoy 7 de enero, al mediodía, se realizará la audiencia virtual en la que el 11° Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima responderá a la acción de amparo que hace casi un año presentó la Defensoría del Pueblo para que el Estado reconozca por primera vez el derecho a morir con dignidad.
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“Yo había muerto ese 18 de julio de 2015 y regresó un pedazo de piel con huesos de 35 kilos, con la cabeza rapada, casi un cadáver”. En su blog personal, con el que empezó en el 2019 su cruzada pública por la muerte digna, Ana narra así el episodio que marcó su decisión de buscar la eutanasia. Aunque a los 12 años había sido diagnosticada con polimiositis, una enfermedad incurable y progresiva que atrofia sus músculos, llevaba una vida casi independiente (necesitaba ayuda para algunas acciones como comer o vestirse). Estudió Psicología, se tituló, tenía pacientes y, en silla de ruedas, podía movilizarse con libertad. Hasta que, aquel julio, la enfermedad alcanzó sus músculos respiratorios y la mantuvo seis meses en cuidados intensivos del hospital Rebagliati. Cuando volvió a su casa, en enero de 2016, tenía una traqueostomía [abertura en la tráquea que le permite respirar] y requería permanente conexión a un ventilador mecánico. “Desde entonces estoy postrada en cama bajo el cuidado de enfermeras las 24 horas del día”, dice a El Comercio.
Mientras su cuerpo se deteriora irremediablemente, su mente, en cambio, está muy lúcida. Dice que no le teme a la muerte porque sabe que hay algo peor: “Mi mayor miedo es el sufrimiento. Y mientras tenga miedo no seré libre”.
Mira aquí la audiencia en vivo:
La lucha legal
En el Perú, la eutanasia y cualquier otro procedimiento de muerte asistida están prohibidos. El Código Penal, en su artículo 112, lo llama “homicidio piadoso” y castiga con 3 años de prisión “al que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores”.
La acción de amparo que presentó la Defensoría, el 7 de febrero de 2020, dirigido contra el Ministerio de Salud, EsSalud y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, busca que ese artículo no sea aplicable para el caso de Ana Estrada. “Si se declara fundado, no surtirían efectos jurídicos y ningún médico sería perseguido penalmente por aplicarle la eutanasia cuando ella lo decida”, explica su abogada Josefina Miró Quesada.
En el recurso también solicitó que se establezca un protocolo que garantice el procedimiento médico de la eutanasia y la conformación de una Junta Médica interdisciplinaria en Essalud que certifique que la decisión tomada sea libre e informada. El fallo solo aplicaría para Ana, pero marcaría un precedente en la búsqueda de la dignidad en todo aspecto de la vida, incluido la muerte. “El Estado tiene la obligación de proteger la vida, pero no cualquiera, una vida digna desde el principio hasta el final. Detrás de la eutanasia subyace el ejercicio del derecho a la dignidad, a que Ana no sea instrumentalizada ignorando su autodeterminación y capacidad para decidir sobre su vida, y el derecho a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes si se le deja morir de una manera dolorosa”, añade la abogada.
Etapa final
Hoy, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, expondrá los motivos del recurso presentado. Ana no ha pensado qué hará si fallan en contra. Por ahora, se prepara para su intervención ante el juzgado. Debido a la traqueostomía, cada palabra es un esfuerzo extraordinario para ella. “Estoy muy contenta. Seré escuchada por los magistrados de mi país, un día muy esperado después de tanto camino andado. Tengo mucha fe en que será positivo”, indica.
Ana es la primera peruana que inicia acciones legales por la muerte digna en el país. Hasta ahora solo la Defensoría del Pueblo ha respaldado institucionalmente su pedido. Aunque el Comité de Vigilancia, Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú (CMP) ha expresado su apoyo a la muerte digna, este gremio precisó anoche que se refieren al concepto como el abordaje ético del final de la vida con acompañamiento médico “sin acelerar ni retrasar el proceso”. En lo que sí ha sido claro Miguel Palacios, decano del CMP, es que ningún médico está permitido “prolongar innecesariamente la vida”. El congresista Alberto De Belaunde (Partido Morado), por otro lado, ha adelantado que este mes presentará un proyecto de ley para garantizar la muerte digna en el país.
Desde que hizo pública su lucha ha conocido testimonios de personas que gracias a su caso han comprendido el deseo de morir de familiares con enfermedades incurables. Otros que, pese a sus creencias religiosas, han mostrado respaldo y respeto por su decisión. Aunque suene paradójico, en estos años también ha visto crecer su amor por la vida y, precisamente por eso, cree más que nunca que debe ser ella quien elija cuándo ponerle fin. “Mi mundo era muy pequeño, ahora tengo un inmenso mar de mujeres valientes que me sostienen y llevan en suaves oleadas”, reconoce.
Hace un año, luego de presentar la acción de amparo, Ana publicó una carta en Change.org, plataforma que recibe peticiones de todo el mundo. “Yo tuve que renunciar a todo: trabajo, independencia y autonomía, pero la libertad es lo único a lo que no voy a renunciar “, escribió. Hasta ayer, 19.000 mil personas respaldaban su pedido. Solo falta que lo haga el Estado, que reconozca su derecho a vivir y morir con dignidad, a que el dolor no le gane la batalla, al menos no esta vez.
Se incluyó la precisión realizada por el Colegio Médico del Perú sobre el caso de Ana Estrada.
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