Defensoría rechaza propuesta del Gobierno de implementar la castración química a los violadores de niños

La Defensoría del Pueblo rechazó la propuesta del Gobierno de implementar la castración química a los violadores sexuales de niños, adolescentes y mujeres, tras el reciente caso de la niña de tres 3 años que fue secuestrada y ultrajada por un sujeto en Chiclayo.

A través de un comunicado, la entidad indicó que la castración química “no es una medida eficiente”, ya que, según dijo, “no existe evidencia que su implementación reduzca la incidencia de violaciones sexuales”.

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“Rechazamos que se propongan medidas como la castración química o la pena de muerte para agresores sexuales. La primera de ellas no es una medida eficiente, pues no existe evidencia que su implementación reduzca la incidencia de violaciones sexuales hacia niñas, niños y adolescentes”, indicó la Defensoría del Pueblo.

“Además que, como sanción, ha sido considerada por diversos organismos internacionales como trato o pena cruel, violatoria de la dignidad humana, lo que nos llevaría a incumplir diversas obligaciones asumidas en los tratados de derechos humanos, generando responsabilidad internacional para el Estado peruano e incrementaría el gasto público”, agregó.

La Defensoría del Pueblo consideró que “resulta inconducente” el debate sobre aplicar sanciones más drásticas al agresor, pues recordó que las leyes peruanas ya contemplan penas máximas, como la cadena perpetua, a los violadores de menores de edad; sin embargo, “este tipo de pena no ha logrado disminuir ni evitar este tipo de delitos”.

“La concentración de acciones en la sanción penal no soluciona el problema estructural como la violencia, pues éstas no son medidas eficaces sino propias del populismo penal que solo distraen del verdadero rol que debe tener el Estado, que es prevenir, erradicar y sancionar la violencia”, afirmó la institución.

Además, remarcó que la eventual aprobación de la pena de muerte en la legislación nacional obligaría al Perú a retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo cual dejaría al país fuera del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

La Defensoría del Pueblo señaló que, para erradicar las violaciones a menores, “el Estado debe adoptar medidas de prevención eficientes, como implementar la Educación Sexual Integral (ESI) para todas las edades y género, desde la educación básica; sensibilizar a la población respecto a la necesidad de desterrar ideas relacionadas a que las niñas, niños y adolescentes son propiedad de sus padres y que la violencia es un asunto privado”.

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