A principios de este año, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, elaboró un proyecto para otorgar títulos de propiedad a viviendas construidas en zonas de riesgo mitigable.
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Tal y como está redactado, el proyecto de decreto supremo propone que con la firma de un acta de compromiso una persona que vive en una zona de riesgo mitigable pueda acceder a su título de propiedad. Esta propuesta –como admite en la entrevista dada a El Comercio el director de Cofopri– no diferencia entre una acción de mitigación que requiere de infraestructura (gaviones, taludes, muros, canalizaciones, etc.) y una que no requiere de infraestructura (hacer simulacros, planes de evacuación, etc.). Esta omisión en el proyecto resulta riesgosa.
Tanto el Colegio de Arquitectos del Perú como el Cismid-UNI consideran que de esta forma se daría luz ver de a dar títulos donde aún no se han hecho los trabajos de mitigación, lo que está prohibido por el Reglamento de Formalización de la Propiedad a cargo de Cofopri (Decreto Supremo 013-99-MTC). Otro tema que cuestionan es que al hacer firmar un acta de compromiso para levantar los riesgos a futuro se estaría trasladando a estas familias de escasos recursos una responsabilidad que no podrán asumir.
La decana del Colegio de Arquitectos del Perú-Regional Lima, Lourdes Giusti, consideró que el proyecto se contrapone a la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (Ley 31313), aprobada en julio del 2021. “Cofopri no puede pretender formalizar viviendas que están es zonas de riesgo trasladando esa responsabilidad a las familias con la firma de un acta. Eso nos preocupa mucho”.
Miguel Estrada, ingeniero del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (Cismid), de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), explicó que es posible titular en una zona de riesgo mitigable como busca Cofopri, pero lo que estaría mal es que se pretenda dar un título de propiedad antes de que se levanten los riesgos.
“Por ejemplo, en el caso de una ladera se podrían necesitar taludes de estabilización, pero son obras costosas, que requieren estudios geológicos, geotécnicos y estructurales. Eso no lo podría asumir una familia”, comentó. Además del problema económico y técnico, otro inconveniente es que, en su opinión, este proyecto podría incentivar las invasiones y el tráfico de tierras.
Saúl Barrera, exjefe de Cofopri durante el gobierno de Sagasti, también consideró que esta iniciativa no sería la más adecuada para solucionar el problema de titulación de los más de 2 millones de personas que viven en zonas de riesgo. “No solo se trata de formalizar, sino también de dar seguridad a las personas”, dijo.
En el Perú hay pendientes de formalización 2,2 millones de predios y, de estos, el 60% corresponde a lotes en zonas de riesgo. Eso quiere decir que existen más de 1 millón de familias en peligro: algunas están en zonas de riesgo no mitigable y otras en áreas mitigables. Cofopri precisó que el proyecto estpa dirigido a las familias que viven en áreas de riesgo mitigable, pero que no requieren de obras de infraestructura para disipar ese peligro.
Para este informe, El Comercio visitó esta semana una de las quebradas más peligrosas del norte del país: San Ildefonso, ubicada en el distrito de trujillano El Porvenir (La Libertad). El 2017 esta se activó e inundó la ciudad de Trujillo. En las zonas más afectadas, donde el huaico alcanzó los tres metros de altura, decenas de casas quedaron bajo el agua y el lodo. Dentro de este cauce están viviendo más de 500 familias a las que el Reglamento de Formalización de la Propiedad a cargo de Cofopri prohíbe otorgarles títulos de propiedad.
Pese al enorme riesgo que representa y los hitos que colocó el 2019 la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la gente sigue invadiendo y construyendo sus viviendas en pleno cauce. Hay barrios enteros asentados ahí. Según cálculos del municipio, por lo menos 500 familias están esa situación.
El alcalde de El Porvenir, Víctor Rebaza, explicó que a nivel provincial se está elaborando un proyecto de zonificación para determinar las zonas que no puede ser ocupadas y luego de esto el municipio procederá junto con la policía y la fiscalía a desalojar a las personas que están sobre la quebrada.
Respecto del criticado proyecto de Cofopri, dijo que “debería tenerse una reunión con las autoridades locales para explicar de cerca y cuáles serían los riesgos antes de un impulsar una norma de esta naturaleza”. Destacó que el consorcio a cargo de realizar el encauzamiento de la quebrada San Ildefonso ha señalado que para el segundo semestre de este año empezarían las obras que evitarían que El Porvenir y Trujillo vuelvan a inundarse.
“Hubo una confusión del concepto” [Entrevista]
Jorge Quevedo - Director ejecutivo de Cofopri
—¿Por qué se busca titular en zonas de riesgo mitigable antes de levantar ese riesgo?
Es una propuesta normativa que está en borrador y hubo una confusión del concepto [...]. Apuntaba a otorgar formalidad en zonas de riesgo mitigable, pero a aquellos predios que no requieren obras de infraestructura.
—Pero esa precisión no está en el proyecto...
Sí pues, debía precisarse. En la exposición de motivos está. Se tenía que ajustar el proyecto, pero la idea estaba clara: atender a 39.454 lotes con riesgo mitigable que no requerían obras de infraestructura.
—Entonces, entiendo que el proyecto estaba mal planteado.
Sí, era un borrador.
—¿Trasladar la responsabilidad del riesgo a la familia con un acta no es un error?
No, porque esa acta iba a decir que deben señalizar, hacer planos de evacuación, participar en simulacros, etc.
—Muchas veces Cofopri se ha usado con fines políticos. Es válido que este proyecto genere suspicacias.
Descarto que Cofopri esté improvisando y generando populismo [...]. Los que se beneficiarían son un número bajo: 40 mil familias de 2 millones, que es la brecha.
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