Los detenidos de la fiesta fueron trasladados a la Depincri de Los Olivos, donde pasaron por la prueba de descarte. Resultado: 15 de los 22 detenidos tenían COVID-19.(Foto: Gonzalo Córdova)
Los detenidos de la fiesta fueron trasladados a la Depincri de Los Olivos, donde pasaron por la prueba de descarte. Resultado: 15 de los 22 detenidos tenían COVID-19.(Foto: Gonzalo Córdova)
Roger Aguilar Mendieta

Redactor de la sección Nacional

roger.aguilar@comercio.com.pe

La tragedia en una discoteca de ha enlutado al país. Ello, pues 13 personas fallecieron el último sábado asfixiadas en momentos en que miembros de la Policía Nacional intervenían Thomas Restobar, nombre del local. ¿Fue correcta la intervención de los agentes del orden? ¿Cómo deben intervenir en situaciones como esta? Para responder estas interrogantes, este Diario entrevistó a los exministros del Interior José Luis Pérez Guadalupe y Wilfredo Pedraza, al exviceministro de Seguridad y Orden Público Ricardo Valdés y a la exgerente de Fiscalización de la Municipalidad de Los Olivos Susel Paredes.

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De acuerdo al exministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe, los policías actuaron de manera correcta, pues por la forma como se enteraron del hecho –un vecino los alertó mientras patrullaban el lugar-, fueron de inmediato al local a cumplir con su deber frente a un caso de flagrancia.

“No hay ningún protocolo especial, porque es una denuncia…; ellos [los policías] han estado patrullando y ha habido un vecino que les dice que acá hay una discoteca, entonces intervienen. No tienes que hacer un plan de operaciones”, señala.

“Estás patrullando. Te informan que hay un tema ilegal. Vas y revisas. ¿Vas a volver a tu base a hacer tu plan de operaciones? No tiene sentido. No es una cosa de la Dirincri, de crimen organizado, donde intervienes y tienes que hacer tu [plan]. Es un patrullaje normal donde estás viendo, y te avisan sobre un sitio donde se están reuniendo ilegalmente, intervienes, y se ha intervenido bien. Hasta donde sabemos no ha habido bombas lacrimógenas”, agrega.

Conjeturó que la tragedia se desató porque en la fiesta había personas requisitoriadas y que estas, conscientes de que el sistema de la Policía los iba reconocer al momento en el que se identificaran, han querido escaparse para no acabar en la cárcel.

Las 13 personas fallecieron intentando huir por esta escalera, el único acceso al local. Los hechos ocurrieron minutos antes de iniciarse la inmovilización social obligatoria en el marco de la epidemia del COVID-19. (Foto: Joel Alonzo/GEC)
Las 13 personas fallecieron intentando huir por esta escalera, el único acceso al local. Los hechos ocurrieron minutos antes de iniciarse la inmovilización social obligatoria en el marco de la epidemia del COVID-19. (Foto: Joel Alonzo/GEC)

Por su parte, el exministro del Interior Wilfredo Pedraza indica que, de acuerdo al protocolo, una intervención policial se evalúa en función del riesgo que supone para las personas a las que se va a intervenir, los intervinientes y el contexto. Señala que, por ejemplo, cuando se trata de un atraco a un banco o de una banda de delincuentes que se ha ocultado en una vivienda en su huida, se busca apoyo de más policías y unidades especiales.

“Pero esto [se refiere a la discoteca de Los Olivos] era un asunto de carácter social. No necesitas SUAT, no necesitas Dinoes, no necesitas unidades especiales de este tipo”, refirió.

“Mi impresión es que no era necesario ninguna situación adicional y, por tanto, la intervención en ese momento era correcta. No es usual, a veces, ni previsible, que las personas salgan a la carrera de un local, sino que salgan detenidos probablemente. Y este tipo de reuniones han sido frecuentes en estos tiempos. Y lo que hace el ciudadano es salir. No salen en tumulto; en este eso caso ocurrió con lamentables resultados”, añadió.

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Mientras, el exviceministro de Seguridad y Orden Público del Ministerio del Interior Ricardo Valdés señala que hay un vacío en la norma que regula las intervenciones cuando se está produciendo el delito, es decir, frente a un caso de flagrancia. “La conclusión a la que llego es que se intervino en flagrancia sin un plan específico, y ahí queda en manos del oficial a cargo las decisiones que debe tomar para prevenir cualquier tipo de circunstancia que le sea adversa”, anota.

“Porque ante el llamado de un vecino, ante el cumplimiento del plan de operaciones general, [la policía] interviene en el lugar en el que se estaba incumpliendo la normatividad de distanciamiento social, pero al ingresar, la evaluación corre por cuenta y riesgo del oficial o suboficial a cargo. Eso es lo que manda el protocolo”, agrega.

Refiere que cuando los policías ingresan a la discoteca de Los Olivos y se dan cuenta de que no se trata de 30 personas sino de 120, “ahí queda a criterio del oficial a cargo qué decisión toma”.

“El vacío que existe es: ¿él debió comunicarse con la comisaria de su sector?, ¿debió haber reunido un poco de información? Eso si él hubiera entendido que disponía de tiempo, pero en su evaluación es que tenía al frente un acto de flagrancia, él tenía que intervenir, y eso es lo que hizo”.

Valdés señaló que esta dura experiencia servirá para atender estos vacíos en la norma.

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En tanto, la ex gerenta de Fiscalización de la Municipalidad de Los Olivos Susel Paredes cuestionó la intervención policial. Indica que así se trate de una intervención grande o pequeña se debe contar con un plan.

“Según ha dicho el general, ellos estaban yendo a otra intervención. Motivados por la queja, intervienen el local pensando que solo había 30 personas, sin asegurarse respecto a cuántas personas había dentro. Eso ya era un riesgo”, opinó.

“Los muertos no han muerto de COVID-19, han muerto en la intervención, ¿qué falló en la intervención? En mi opinión, debió esperarse, porque que en algún momento esas personas iban a salir. Y peor, después se ha visto que son personas que tenían antecedentes, por distintos delitos, algunos complejos. ¿Qué hubiera pasado si estaban armados? Ahí se armaba una matanza. No fueran trece muertos, habría más”, señaló.

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Ella invocó al presidente de la República, Martin Vizcarra, potenciar el área de fiscalización de las municipalidades proveyéndolas de recursos a través del Ministerio de Economía y Finanzas, pues por la pandemia del COVID-19, las personas no pagan sus arbitrios e impuesto predial a las comunas.

Refirió que gracias al trabajo de la mencionada área, se verifica que los establecimientos comerciales, por ejemplo, funcionen con el giro de negocio con el que están autorizados y en las condiciones de seguridad con las que deben hacerlo.

“Fiscalización es importante porque actúa antes de la tragedia”, finalizó.

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