ATU evalúa ampliar permiso de rutas para todas las combis y coasters de Lima y Callao

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Y es que para que el servicio de transporte público regular pueda operar por unas determinadas rutas, estas deben contar con el aval de la autoridad. Los vehículos que forman parte de la flota de una ruta autorizada cuentan con un título habilitante denominado Tarjeta Única de Circulación (TUC), cuya vigencia está condicionada a la validez de la autorización dada a la empresa para prestar dicho servicio.

Cabe decir que los títulos habilitantes que rigen actualmente fueron prorrogados hasta el próximo 30 de junio, mediante Resolución Directoral N.° D-000088-2023-ATU/DO, de fecha 26 de julio de 2023. En caso la ATU decida ampliar nuevamente esta autorización —que es lo más probable— dichos vehículos tendrían “licencia” para seguir operando como lo hacen hoy en día: con “correteos”, generando caos y exponiendo al peligro a usuarios y peatones.

Tomando en cuenta las empresas de transporte autorizadas a la fecha por la ATU, la nueva prórroga abarcaría a 22 mil vehículos. De este total, cerca de 3.600 son unidades obsoletas que de acuerdo a ley ya no deberían circular, pero que recientemente se extendió su permanencia, en algunos casos hasta al 2027. En tanto, si se considera solo a vehículos pequeños, como coasters y combis, hablamos de que representan por lo menos el 60% del total, es decir, poco más de 13 mil. El resto se trata de vehículos de mayor capacidad (entre 9 y 12 metros de largo), como buses u ómnibus, que son los que deberían existir en un sistema integrado de transporte.

Asimismo, esta probable ampliación del permiso de rutas para el transporte público urbano se da a la espera de la entrada en vigencia de una nueva norma para el otorgamiento de dichas autorizaciones. Se trata del “Reglamento que regula el Régimen Excepcional de otorgamiento o renovación de autorizaciones para la Prestación del Servicio Público de Transporte Regular en el territorio de competencia de la ATU”, el cual faculta a esta entidad a poder autorizar la circulación de vehículos en rutas hasta por 5 años bajo el cumplimiento de algunas condiciones: incorporar GPS, cambiar de matriz energética, uso de tarjetas por parte de la unidad de recaudo, poner conductores en planilla, que estén uniformados, entre otras.

Este reglamento, aprobado por el Congreso el año pasado, aun no empieza a regir porque según la misma norma es necesario primero que su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) sea aprobado por la ATU, algo que debería haberse dado meses atrás, a fin de tener actualmente nuevas reglas para las autorizaciones de rutas y no haya la necesidad de prorrogar nuevamente las existentes.

Consultada por El Comercio sobre este tema, la ATU indicó que ante la falta de entrada en vigencia del reglamento para la autorización excepcional de rutas, viene aplicando las normas previamente aprobadas que regulan el servicio de transporte público en Lima y Callao. Si bien no confirmó una ampliación de los títulos habilitantes que vencen el próximo 30 de junio, se conoció que es materia de evaluación por parte de un equipo técnico. En tanto, precisó que la probable ampliación involucraría solo a vehículos autorizados. Es decir, los que circulan a la fecha.

Sobre el impacto que tendría esta medida en la calidad del transporte público, la ATU mencionó un argumento similar al que tuvo días atrás luego de prorrogar el tiempo de vida útil de combis y coasters antiguas: el objetivo es priorizar que exista una cantidad suficiente de unidades para que los usuarios puedan movilizarse. En ese sentido, considera que el retiro masivo de estos vehículos no es la solución, al menos no por el momento.

“Hay que tener en consideración que un factor primordial en este escenario es garantizar la atención de la demanda de movilidad de los usuarios del servicio de transporte urbano. Esto será posible asegurando la oferta del servicio y evitando el desabastecimiento con el retiro masivo de unidades vehiculares, lo que generaría un impacto negativo con el incremento de la informalidad y accidentes de tránsito. La lucha frontal contra la informalidad sigue siendo una prioridad”, señaló.

La ATU resaltó que ante una eventual prórroga de rutas, los vehículos, por su antigüedad, deberán contar con CITV (certificado de inspección técnica vehicular) cada cuatro meses. De no cumplirse con ello, dicha flota será inhabilitada, aseguró.

Por otro lado, comentó que la referida prórroga estaría alineada al próximo Plan Regulador de Rutas, el cual dijo se elabora en aras de optimizar las rutas que operan actualmente, bajo una mirada hacia la macro transportación y en base a la Política Nacional de Transporte Urbano (PNTU). Agregó que este plan se iniciará con el retiro de los vehículos de menor capacidad, como camionetas rurales.

“Un gran retiro de vehículos debe ir de la mano con incentivos del Estado para facilitar la renovación efectiva de la flota, como el chatarreo obligatorio y voluntario, y con estabilidad jurídica en el presente año. Se viene reactivando el chatarreo obligatorio de vehículos, principalmente de aquellos que fueron internados por informalidad. En el último mes, hemos enviado a chatarrear 20 unidades y en total ya son 87 los vehículos que pasaron por este proceso en los últimos dos años”, detalló.

Ángel Mendoza, representante del Corredor Rojo, explicó que el sistema de transporte de Lima y Callao está conformado por el servicio concesionado (Metropolitano, corredores y Metro) y el servicio autorizado. El primero abarca un 10%, mientras que el segundo representa el 90%. Este último servicio ha venido prorrogándose en estos últimos años y, ante su inminente vencimiento a fin de mes, consideró que la actual gestión de la ATU lo va a volver a prorrogar.

“El Congreso aprobó una ley para que la ATU pueda renovar las autorizaciones de rutas hasta por 5 años. Si bien el reglamento de la norma ya fue aprobado por la ATU, no puede entrar vigencia hasta que se apruebe también el TUPA y además el Plan Regulador de Rutas. Por lo tanto la ATU no podría renovar las autorizaciones o dar nuevos permisos a mérito de este nuevo marco normativo”, indicó.

Mendoza dijo que estaba previsto que estos documentos se aprobaran en los primeros meses de este año, y que entre mayo y junio fuera la presentación de los expedientes para renovar las autorizaciones de rutas. “Definitivamente no se va a poder llegar a aplicar la nueva ley. Lo único que le queda a la ATU es nuevamente prorrogar las autorizaciones. Podría hacerlo por un par de meses, aguardando que finalmente se apruebe el TUPA, o hasta fin de año”, comentó.

En tanto, dejó en claro que los concesionarios de los corredores consideran que este nuevo reglamento es “más de lo mismo”. Sostuvo, por ejemplo, que si bien se incorporan algunas nuevas exigencias que se podrán cumplir de forma progresiva, como el uso del GPS, tener conductores en planilla, entre otras, no especifica muy bien las consecuencias ante el incumplimiento por parte de las empresas. Por ello, cree que las condiciones del servicio pensando en el usuario no van a mejorar.

“No hay un gatillador para poder cancelar las rutas a las empresas que no han cumplido con las exigencias. Entonces sigue siendo letra muerta. En su oportunidad lo observamos, cuando se prepublicó el proyecto del reglamento, e hicimos llegar nuestros aportes y uno de ellos fue que las empresas no deberían funcionar con una flota al 65%, sino por lo menos con un 90%. También dijimos que el tema de la cancelación de ruta en el capítulo sobre las sanciones en casos de incumplimientos era un saludo a la bandera. No estaba establecido. Como no está claro, vamos a tener un servicio de transporte convencional muy similar al que tenemos el día de hoy”, detalló.

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Por otro lado, Mendoza dijo que si se piensa en sustituir los vehículos pequeños (como combis y coasters) y pasar a tener más vehículos grandes de alta capacidad, es decir, migrar a la macro transportación, con esta probable prórroga se logra todo lo contrario. Se mantendría en circulación un gran número de vehículos (60% del total) que son de pequeña o baja capacidad, los cuales a su vez son los que generan más congestión vehicular y contaminación ambiental. “Es absurdo, realmente debería estar aprovechándose en sustituirlos”, opinó.

Por su parte, José Aguilar, expresidente de la ATU, explicó que el nuevo reglamento que aun no entra en vigencia comprende varios aspectos orientados hacia una simplificación administrativa para el tema de autorizaciones: reduce de 35 a 9 los trámites. Asimismo, exige distintos niveles de calidad a las empresas de transporte urbano, los cuales pueden ir cumpliendo gradualmente y así extender su autorización por más años.

“Si se mantienen con la matriz energética actual, es decir, diésel, se les da una autorización excepcional de 5 años. Pero, si al momento de solicitar la renovación de la autorización las empresas se comprometen en implementar gas en el 100% de su flota, la autorización se extiende por 8 años más, es decir, hablamos de 13 años en total. Y si en cambio, por ejemplo, hay empresas que desean optar por electromovilidad, se les renueva el permiso por 14 años más, es decir, 19 años en total. Vale decir que las unidades de GNV como las eléctricas son más caras y se necesita un mayor tiempo de recuperación de la inversión”, refirió.

Aguilar añadió que desde el año pasado ya está aprobado el nuevo reglamento excepcional, por lo que varias empresas estaban haciendo los trabajos y esfuerzos para tener la documentación respectiva e ir modernizándose poco a poco. Lo que tendría que hacer la actual gestión de ATU, sostuvo, es dar una ampliación a las autorizaciones de rutas actuales hasta que se apruebe el TUPA y/o el plan regulador.

Respecto al Plan Regulador de Rutas, Mendoza precisó que sí es necesario reordenar el transporte en la ciudad, ya que hay un enorme número de rutas que se superponen entre sí en gran parte de su extensión, generando correteos y poniendo en peligro la vida y salud de los usuarios y peatones. Sin embargo, consideró que este plan no va a tener mayor valor porque no cuenta con mayor análisis de la oferta y la demanda. “Sin esos estudios no podemos decir si realmente las rutas que existen son suficientes, si debemos crear nuevas o eliminar rutas”, explicó.

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En tanto, para Aguilar el Plan Regulador de Rutas debe estar listo antes de entrada en vigencia el nuevo reglamento, ya que sería la base para poder pedir y otorgar una nueva autorización. De esta manera, mencionó, se podría empezar un ordenamiento adecuados del transporte urbano.

“Ahora mismo hay muchas unidades de buses que compiten en la misma vía, las rutas se sobreponen, por eso que vemos a veces en varias avenidas dos o tres empresas de transporte y eso genera mayor congestión y confusión en los usuarios. El Plan Regulador de Rutas debe tenerse cuanto antes, porque si no lo tienes a tiempo ¿sobre qué base vas a sacar la autorizaciones? ¿sobre las rutas existentes?”, puntualizó.