Otras dos empresas de transporte de Lima paralizan sus buses por temor de choferes a cobro de cupos

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Y es que el sector transporte se ha convertido en uno de los principales blancos de los grupos criminales que parecen tener sitiados varios puntos del país, sembrando el terror mediante el cobro de cupos y la extorsión. Estas bandas exigen cuantiosas sumas de dinero a los propietarios de las empresas para dejar operar a los buses.

En el último tiempo, como parte de este accionar, y frente a la negativa de algunas víctimas de ceder a estos chantajes, los delincuentes han disparado contra algunas unidades cuando se encontraban en plena ruta y con pasajeros a bordo. Asimismo, han interceptado otras para amenazar a los choferes y dejarles cartas extorsivas dirigidas a los dueños. También han acudido a los paraderos de las empresas de transporte para soltar ráfagas de bala a diestra y siniestra.

Este escenario ha llevado a que recientemente, los buses de las empresas de transportes Consorcio Roma y Santa Catalina paralicen sus operaciones, luego de que los conductores se rehusaran a salir a trabajar por los continuos atentados contra su vida por parte de estos grupos criminales. Decisión fue tomada el lunes, tras una serie de ataques tanto en plena ruta como en sus paraderos.

Todo este modus operandi se hizo más evidente semanas atrás, con la paralización de la Ruta A de la empresa de buses Etuchisa, conocida como “El Chino”, luego de que 130 conductores se negaran a salir como medida de protesta por varios ataques armados contra los buses de la compañía registrados en menos de una semana.

En esa misma semana, El Comercio informó que en promedio, cada 24 horas se registró un atentado al transporte público con disparos, granadas en los paraderos y hasta asesinatos. Además de Etuchisa, otras víctimas de la extorsión fueron las empresas El Mandarino, Uvita, asociaciones de mototaxistas, entre otros.

En tanto, en una entrega anterior a la mencionado, este Diario alertó que actualmente los buses de transporte público estarían pagando un monto de S/20 diarios para circular. En el caso de las combis, S/5. Por su parte, los micros estarían abonando S/10. Si una empresa en promedio cuenta con hasta 100 unidades, la ganancia para la organización criminal sería de hasta S/672.000 anuales.

Hasta el momento, Lima Norte sería el sector con más ataques percibidos. Se presume que detrás de ellos estarían criminales vinculados a Erick Moreno Hernández, alias ‘Monstruo’, y a Adam Lucano Cotrina, alias ‘Jorobado’. Ambos buscarían tomar el control total de las extorsiones, el cobro de cupos, la comercialización de drogas, entre otros ilícitos, en dicha zona.

Desde el último lunes, más de 300 conductores de la empresa Consorcio Roma, de la ruta San Juan de Lurigancho-Ventanilla, decidieron paralizar sus operaciones por temor a las extorsiones. Medida fue tomada luego de que se produzcan tres ataques a balazos contra sus buses en menos de dos semanas. El último atentado terminó con un chofer herido de gravedad por impacto de proyectil en la pierna.

El hecho ocurrió el sábado 14 de setiembre, cuando la unidad con pasajeros a bordo circulaba por la zona de Mariátegui, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El delincuente que efectuó los disparos se hizo pasar por pasajero. Después del ataque, dejó una nota extorsiva.

En el escrito, el agresor amenazaba a la empresa Consorcio Roma y afirmaba tener vínculos con bandas criminales de la zona. Además, advirtió que si personas de ‘Huáscar’ intervenían, tomarían represalias más graves, incluyendo el asesinato de choferes.

A raíz de ello, los conductores optaron por parar sus operaciones hasta que la empresa emita un pronunciamiento. También solicitaron a las autoridades del Gobierno que garanticen la seguridad para que puedan trabajar y no perjudiquen a los usuarios.

“Estamos paralizando las unidades por las constantes amenazas que tenemos desde la semana pasada. La primera fue con impacto de bala y solo hubo daño material, la segunda de milagro un conductor no salió herido y esta última, que fue el día sábado 14, un compañero recibió un balazo”, dijo uno de los choferes de la ‘Roma’.

Además, pidió la intervención de la presidenta Dina Boluarte, de los ministros Juan José Santiváñez (Mininter) y Raúl Pérez-Reyes (MTC), así como la del alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado.

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“Pedimos la ayuda de las autoridades. De la presidenta, el ministro del Interior, el ministro de Transporte, al alcalde y serenazgo para que puedan darnos las facilidades de tener seguridad y nosotros laborar. Estamos afectados, son más de 300 familias, hoy no salimos (a circular) y qué vamos a hacer con nuestras familias”, reprochó el representante.

Respecto a la duración del paro, mencionó que aún no lo tienen claro, pero que se reunirán con los dueños de la empresa de transporte para definirlo. Por otro lado, los choferes también alertaron de un posible enfrentamiento entre bandas criminales que buscan tener el control del cobro de cupos en la zona, pues contaron que les han escrito de dos grupos distintos y que cada uno les ha pedido miles de soles.

“Lo que queremos es seguridad, porque la verdad con los últimos ataques tenemos miedo de lo que nos pueda pasar a nosotros. Además, transportamos vidas de gente inocente que también está expuesta al peligro”, añadió.

Otro grupo de conductores que ha decidido suspender su servicio son los de la empresa de transportes Santa Catalina. Esto, tras una serie de amenazas y ataques violentos. El último ocurrió la tarde del sábado 14 de septiembre, cuando un grupo de sujetos irrumpió en una cochera que sirve de paradero, en el asentamiento humano Lomas Corvina (Villa El Salvador), y disparó contra varios buses que se encontraban estacionados.

Cámaras de seguridad captaron a dos sujetos en una motocicleta lineal llegar al sitio, efectuar los disparos y luego salir huyendo. Este hecho causó que los choferes decidieran no brindar el servicio el domingo.

En tanto, el primer ataque se registró el jueves 12 de septiembre, cuando un conductor de la línea C fue interceptado a la altura de la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro por dos desconocidos armados, quienes lo amenazaron y le entregaron una nota con exigencias económicas. “Me pusieron una pistola y me dejaron un mensaje para la empresa. Han estado con arma”, relató el conductor.

Al día siguiente, se suscitó una nueva agresión, pero esta vez contra un bus de la línea B. Un grupo de delincuentes bloqueó el paso de la unidad y efectuó disparos al aire, exigiendo al chofer que ejerza presión para el cumplimiento de sus demandas económicas.

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“Nosotros tenemos familia, tenemos hijos que mantener y prácticamente no sabemos en qué momento puede subir un delincuente al bus a dispararnos. Por eso es que hemos decidido no salir a trabajar hasta que se solucionen estos problemas”, manifestó uno de los conductores. Cabe mencionar que las investigaciones están a cargo de la División de Criminalística (Divincri) de San Juan de Lurigancho y la comisaría de Villa El Salvador.

La empresa de transportes Santa Catalina viene operando por más de 60 años. A la fecha, cuenta con tres rutas: la línea A (cubre el trayecto desde Cercado de Lima hasta Villa El Salvador y viceversa), la línea B (desde San Juan de Lurigancho hasta Villa María del Triunfo y la C (desde San Juan de Lurigancho hasta Lince). La paralización de sus unidades afecta a más de 80 mil pasajeros.

Daniel Huamán, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico, detalló a El Comercio que la sanción prevista para el delito de extorsión prevé una pena de prisión efectiva de entre 10 a 15 años. Asimismo, precisó que existe una serie de agravantes que aumentan la severidad de las penas. Estos son:

1) De 15 a 25 años, con inhabilitación conforme a los numerales 4 y 6 del artículo 36 del Código Penal, si la violencia o amenaza es cometida a mano armada o utilizando artefactos explosivos o incendiarios; por dos o más personas; contra el propietario, responsable o contratista de una obra de construcción civil, o impidiendo, perturbando, atentando o afectando su ejecución; aprovechando su condición de integrante de un sindicato de construcción civil; simulando ser trabajador de construcción civil; mediante el empleo de imágenes del entorno familiar, empresarial, laboral o social, u objetos perturbadores entregados, exhibidos, difundidos directa o indirectamente por cualquier medio a la víctima.

2) De 20 a 30 años, si se mantiene de rehén a una persona con la finalidad de obtener una ventaja económica. La pena será no menor de 30 años cuando en el supuesto previsto pasa lo siguiente: dura más de 24 horas; se emplea crueldad contra el rehén; el agraviado ejerce función pública o privada o es representante diplomático; el rehén adolece de enfermedad grave; participan dos o más personas; se causa lesiones leves a la víctima. Además, en estos supuestos se contempla el uso de armas de fuego o artefactos explosivos por parte del agresor.

3) Será cadena perpetua cuando el rehén es menor de edad o mayor de 70 años; el rehén es persona con discapacidad y el agresor se aprovecha de esta circunstancia; si la víctima resulta con lesiones graves o muere durante o como consecuencia de dicho acto; el agresor se vale de menores de edad para cometer del delito.

Por otro lado, sobre las medidas legales inmediatas que pueden tomar las empresas afectadas por extorsión, Huamán explicó que “deben plantear una denuncia ante el Ministerio Público, para que -en coordinación con la PNP- puedan hacer un operativo y lograr ubicar a los responsables de la amenaza”.

“Hace poco vimos en el caso de “los Chinos” que sucedió exactamente ello. Se planteó una denuncia y, gracias al trabajo conjunto de la PNP con la Fiscalía, se logró la captura de sospechosos de haber realizado las amenazas”, agregó.

Ante la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, a la que acudió para dar cuenta sobre las acciones en materia de seguridad, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sostuvo que la Policía Nacional ha logrado identificar a una organización criminal extranjera responsable de las extorsiones a la empresa de buses Etuchisa, conocida como “El Chino”.

Explicó que el asesinato ocurrido el 27 de agosto en la avenida Revolución, donde un conductor perdió la vida en el paradero conocido como “El Mandarino”, fue un claro ejemplo de las brutales tácticas de intimidación y violencia utilizadas por estas bandas. En la escena del crimen se encontró un cartel con un mensaje amenazante, lo que refuerza la hipótesis de que el motivo del homicidio fue el cobro de cupos.

Santiváñez agregó que la Policía Nacional ha conseguido identificar a dos bandas criminales involucradas en estas actividades criminales. Los líderes son Miguel Ángel Marín Morón, alias “El Loco Martín”, y Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”. A propósito, precisó que ya se ha abierto una carpeta fiscal para investigar los delitos cometidos.

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Ante la gravedad de la situación, el ministro del Interior indicó que se han implementado varias medidas para reforzar la seguridad en las zonas más afectadas, como patrullajes, operativos con control de identidad, así como las operaciones “Impacto” y “Regreso”, destinadas a combatir la actividad delictiva y proteger a los ciudadanos y las empresas.

“El problema de las extorsiones es cada vez más complejo, pero estamos tomando acciones contundentes para enfrentarlo”, aseguró el ministro. Dijo que, además de las mencionadas operaciones, se están implementando patrullajes mixtos entre diferentes agencias de la fuerza del orden para garantizar una respuesta rápida y efectiva.