Chatarreo a paso lento: tomaría 81 años destruir las 9 mil combis y cústers antiguas de Lima

Para nadie es un misterio que el parque automotor de Lima y Callao está compuesto por miles de carcochas que se caen a pedazos. Esta realidad se hace muy evidente si uno observa el transporte público tradicional: cústers y combis a punto de desbaratarse debido a su antigüedad circulan con total normalidad en calles y avenidas. Incluso, muchas veces estos vehículos se agencian de alambres o sogas para evitar que la carrocería se desmorone, a la par que van botando grandes cantidades de smog.

LEER TAMBIÉN: Vehículos chatarra vuelven a las calles: SAT subasta combis y taxis de más de 30 años

Precisamente, el proceso de chatarreo tiene como objetivo sacar de circulación todas estas unidades antiguas, que atentan contra el medioambiente y contribuyen a los altos índices de siniestralidad en las vías.

De acuerdo al marco normativo dado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en resumen, un vehículo es chatarreado si tiene una antigüedad mayor de 15 años o si el monto resultante de la suma de las multas y el costo por derecho de permanencia en el depósito es mayor al valor actual de la unidad.

Según informó días atrás la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en los últimos 4 meses (de julio a inicios de noviembre) fueron destruidos 37 vehículos de transporte público que habían sido abandonados en sus depósitos y que cuentan con deudas impagables. Solo estas unidades acumulaban multas por 3 millones y medio de soles.

Cuatro de los últimos vehículos en ser destruidos como parte del chatarreo tenían una antigüedad de entre 28 a 31 años y contaban con multas de medio millón de soles por realizar el servicio de transporte informal. La unidad más obsoleta y la que registraba mayor deuda circuló hasta mayo del 2021.

La presencia de vehículos del transporte público tradicional en el parque automotor de la ciudad es amplia. Actualmente, existen al menos 30 mil combis y cústers circulando en las distintas calles y avenidas de Lima y Callao.

Asimismo, un 30% de estas unidades superan la antigüedad máxima permitida para que sigan operando (15 años) y, por norma, deberían ser chatarreadas. Esto, sin contar las cuantiosas deudas acumuladas por infracciones y sanciones de tránsito. Hablamos de 9 mil vehículos en esta situación.

Ahora, tomando en cuenta la velocidad con que la ATU viene ejecutando el chatarreo en sus depósitos, es decir, un promedio de 9 vehículos por mes, tardaría entonces 81 años en chatarrear las 9 mil cústers y combis antiguas y en pésimo estado que forman parte del transporte público cotidiano de Lima y Callao.

Vale precisar que solo en un año, la cantidad de vehículos chatarreados sería de 106, lo que representa casi el 1% del total de cústers y combis pendientes por entrar a este proceso.

LEER TAMBIÉN: ATU destruye 32 vehículos que acumulaban multas por más de S/ 3,4 millones

Por otro lado, si hablamos solo de las unidades internadas en los depósitos de la ATU, un total de 2.140, según precisó en julio pasado el presidente de la entidad, José Aguilar, tomaría poco más de 22 años convertirlas en chatarras.

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, indicó a El Comercio que este eterno proceso de chatarreo de combis y cústers prolonga la realización de un verdadero recambio en la flota del parque automotor de la ciudad, impactando en el medio ambiente y la calidad de vida de las personas que se trasladan a diario en transporte público.

“Lo que falta es una verdadera política de transportes en favor de la sociedad. Se debe establecer un procedimiento de chatarrero adecuado, no solo por el tema de las multas exorbitantes, sino también para no contribuir al cambio climático”, dijo.

Ojeda señaló que hace falta una política clara en el sistema de chatarrero para el cumplimiento óptimo de este procedimiento por parte de todas las entidades competentes y que no se produzcan acciones aisladas que parecen contradictorias. Esta responsabilidad, resaltó, la tiene que asumir el MTC.

En esa línea, recordó que a principios de noviembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima remató 261 vehículos, incluidos cústers y combis, que estaban internados en seis de sus depósitos. Pese a que muchos de ellos se encontraban destartalados y con más de 3 décadas de antigüedad, se subastaron para que nuevamente circulen por las calles.

En comunicación con El Comercio, el SAT indicó que no existe un marco legal que permita enviar al chatarreo a los vehículos en sus depósitos, por lo que se optó por colocarlos en remate.

LEER TAMBIÉN: El cementerio de combis que revela por qué nuestra salud está en riesgo

“Por un lado, la ATU se demora una eternidad, mientras que por otro lado vemos lo que ha pasado con el SAT. No hay una norma macro, cada quien hace lo que quiere. La ATU puede tener buenas intenciones, pero mientras no haya un sistema, una política clara y concreta en el sistema de chatarrero, y con normas generales para el cumplimiento de todas las entidades, lamentablemente no se avanza”, comentó Ojeda.

Por su parte, Cynthia Yamamoto, fundadora del Colectivo Peruanos de a Pie, señaló que, a la fecha, el efecto del chatarrero de unidades antiguas es mínimo e insuficiente. Consideró preocupante que sumado a la lentitud de este procedimiento haya por otro lado remates de vehículos cuyo valor es sobrepasado de lejos por el monto de las multas que acumula.

“El procedimiento para el chatarreo se está dando demasiado lento. Los buses, cústers o combis que están metidos en un accidente o que acumulan multas mayores al valor del vehículo deberían ser chatarreados. Pero para eso se tendrían que hacer los ajustes normativos respectivos”, indicó.

Yamamoto explicó que hay poco dimensionamiento de la oferta del transporte. Por ejemplo, mencionó que hay zonas en las que hay cobertura y otras no; también el tema del transporte nocturno. “Muchas de los carros que pasan a partir de las 10 de la noche son básicamente unidades muy antiguas o que no tienen permisos. Esto se puede constatar con un correcto dimensionamiento de la oferta del transporte”, señaló.

Para Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, no habría tanta necesidad de reforzar la norma referente al chatarreo, ya que el problema principal está en la falta de recursos. Explicó que el chatarreo implica la entrega de un monto de dinero (bonos) o algún otro tipo de incentivos económicos como acceso a créditos preferenciales, entre otros, para renovar los vehículos viejos de nuestro parque automotor por unidades nuevas.

“El MTC, como órgano rector y normativo, es el encargado de gestionar los recursos para este procedimiento. Podría apelar al Banco Mundial. También hay programas de entidades multilaterales que ayudan a los programas de chatarrero de diferentes países del mundo y hacer el cambio de matriz energética. De modo que creo que lo que hace falta es un poco dinamizar esa gestión de parte del gobierno y realmente iniciar un verdadero programa de chatarreo”, sostuvo.

Quispe detalló que el actual parque automotor de la ciudad es obsoleto, pues cuenta unidades con un promedio de 15 años de antigüedad, llegando algunos incluso hasta los 25 años.

“Efectivamente, todavía no hay un programa de chatarreo serio que haya empezado puesto que no hay los recursos. Vehículos antiguos siguen circulando. En relación a ello, sería contraproducente que los vehículos subastados hace poco por el SAT vuelvan a circular en las calles. Ya cumplieron su ciclo”, dijo.

Por su parte, Yamamoto destacó que el chatarreo va de la mano, por ejemplo, con concesiones de rutas, e incentivos para que las empresas busquen el financiamiento o se les otorgue. Sin embargo, dijo que esto resulta inviable en un mercado donde no hay regulación, autorizaciones ni un adecuado reordenamiento de rutas. Como resultado, sin concesiones ni nuevas rutas no hay de dónde chatarrear, lamentó.

“No concibo todavía cuál es la lógica del MTC o de la ATU para chatarrear los vehículos de transporte público, pues al final del día no se sabe si realmente hay incentivos del mercado para reemplazar esa flota. No hay concesiones, no hay autorizaciones, no hay nada, entonces es como que estamos todavía en un limbo. Finalmente una unidad menos va a significar menos gente yendo en transporte público y optando por colectivos o por un viaje menos placentero”

“Entonces, por un lado tienes unidades destartaladas, viejas, que cometen accidentes, que matan personas, y que deberían ir al chatarrero, pero al mismo tiempo tienes un mercado del transporte que no está funcionando, donde todo está bastante desarticulado. Para empezar ni siquiera los corredores complementarios tienen la flota completa, hay paquetes de concesión que no están completos”, añadió.

Para Quispe Candia, una de las mayores preocupaciones del MTC debería ser tratar de cambiar la matriz energética del parque automotor de Lima y Callao hacia los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos. Añadió que en este trabajo también tendrían que estar involucradas las carteras de Energía y Minas y de Ambiente.

“En este punto tenemos una importante falencia. Estos ministerios deberían de tratar de buscar los mecanismos para incentivar el ingreso de los vehículos eléctricos. Hay que generar una serie de beneficios, por ejemplo, exoneraciones del impuesto general a la venta por un tiempo perentorio”, dijo.

LEER TAMBIÉN: MTC publica norma que fomenta chatarreo voluntario y retiro definitivo de vehículos antiguos

El especialista remarcó que una de las razones por las que el Estado peruano debe trazarse la necesidad de implementar una electromovilidad es para reducir el impacto negativo de las unidades tradicionales en el medio ambiente. En esa línea, recordó que Lima es considerada la ciudad más contaminada de Sudamérica, mientras que a nivel mundial está entre las 5 primeras.

Por otro lado, Yamamoto puso como ejemplo la ciudad de Santiago, en Chile, la cual tiene una flota bastante grande de transporte público eléctrico. “Es ideal porque reduce el ruido, reduce la contaminación, genera una mejora en el parque vehicular de cara a la contaminación y las emisiones de material particulado”, describió.

La ATU precisó a este Diario que según la norma para que un vehículo inicie con el procedimiento de chatarreo se requiere cumplir con tres condiciones: que exista una resolución de sanción y que hayan transcurrido 30 días hábiles desde que resultó firme sin que el propietario haya gestionado el retiro de su vehículo; que se haya llevado a cabo un procedimiento de declaración de abandono que, de acuerdo con los plazos establecidos, puede durar hasta 30 días hábiles; y que se desarrollen las actividades de averiguación sobre la concurrencia de supuestos de exclusión, lo cual puede tomar un plazo similar.

En otras palabras, con esta información, el tiempo aproximado para identificar un vehículo para el posible chatarreo es de 90 días hábiles aproximadamente, es decir, un promedio de 5 meses. La ATU sostuvo que es por esta razón que el procedimiento de chatarreo no es tan rápido como uno esperaría.

También resaltó que existen restricciones normativas sobre el ámbito de aplicación del chatarreo obligatorio, que imposibilitan que todo vehículo internado en depósitos pueda ser materia de chatarreo inmediato. En esa línea, agregó que este procedimiento incluye únicamente a aquellos vehículos que fueron internados mediante una medida preventiva en el marco de procedimientos sancionadores y sobre los que hayan transcurrido 30 días desde que la decisión haya quedado firme.

Tampoco pueden ser objeto de chatarreo obligatorio los vehículos comprendidos en investigaciones policiales o judiciales y/o cuando el vehículo cuente con derechos inscritos a favor de terceros en el Registro de Propiedad Vehicular.

En tanto, la ATU hizo hincapié en que la actual normativa no le permite chatarrear unidades antiguas que circulan en las calles de Lima y Callao.

Por ello, anunció que viene trabajando en una propuesta para modificar dicha norma a fin de simplificar procedimiento, en coordinación con el MTC. El objetivo es incluir en el ámbito de aplicación del chatarreo obligatorio a los vehículos internados en el marco de un procedimiento de ejecución coactiva, así como simplificar el procedimiento de declaración de abandono y chatarreo para superar las dificultades técnicas que hoy hacen impracticable la verificación de componentes del vehículo.

Con esto, la ATU espera que para el 2024 pueda evaluarse el chatarreo de 963 vehículos adicionales.