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La gestión de Susana Villarán al frente de la ciudad no solo fue mala, sino que dejó un profundo hedor, el cual en los últimos meses se ha tornado insoportable a partir de la información reunida por el fiscal Germán Juárez Atoche sobre los aportes que habría hecho Odebrecht para la campaña contra la revocación.
No faltaron, empero, algunos aspectos positivos. Es más, la ex alcaldesa de Lima hizo algo que sus antecesores eludieron en repetidas oportunidades: impulsar una reforma del transporte.
No fue fácil. Las calles de Lima están gobernadas por el sistema comisionista-afiliador, es decir, por concesionarios de rutas que afilian vehículos para que puedan prestar el servicio de transporte público, sin tener mayor relación con sus dueños ni con los conductores.
Esto ha derivado en mafias a las que es difícil plantarles cara, no solo por los mecanismos lícitos –y de los otros– que utilizan para defenderse, sino porque a nuestras autoridades les repele arriesgar su capital político.
Disponer la salida de combis y coasters implica también que mucha gente deje de trabajar, por lo que además de una planificación muy fina, hacen falta altas dosis de valentía.
Una de las medidas de la administración Villarán fue disponer que se limitara el ingreso de combis y coasters, y que aquel transportista que quisiera renovar su vehículo adquiriera los denominados buses patrón. Estos son vehículos más grandes y menos contaminantes, con capacidad para llevar los mismos pasajeros que diez combis.
Esta medida no existe más. Como informó El Comercio ayer, dentro de su campaña #notepases, la actual administración municipal restituyó el reinado de las combis y coasters a través de tres disposiciones: renovó las autorizaciones de circulación por tres años, permitió la inscripción de cualquier vehículo de transporte público registrado en otra región o provincia (lo que revivió la mafia de Huarochirí) y acabó con la obligación de adquirir buses patrón.
El desastre se traduce en 1.469 combis nuevas, una inscrita cada día en los últimos años.
Ayer, en un comunicado, la Municipalidad de Lima señaló que ha permitido el ingreso de 1.946 buses de mayor capacidad en los últimos tres años y ha retirado de circulación 1.685 combis y coasters en ese mismo período.
Ni una línea de las 1.469 combis nuevas inscritas durante su gestión. En estos días en que los alcaldes intentan hacer –y acabar– a toda velocidad aquello que no hicieron en cuatro años, tengamos en cuenta cuál es su verdadero legado.
Según Aldo Bravo, experto en ingeniería de tránsito de la Universidad de Ciencias Aplicadas, el limeño pierde unos 12 años de su vida a causa de las congestiones vehiculares. Unas cuatro horas cada día.
Doce años. No lo olvidemos.
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