Contraloría detectó pérdidas de S/ 374 millones por pagos irregulares a concesionarios de los corredores

Los corredores complementarios le generaron un perjuicio económico al Estado por un total de S/ 374 056 743, según la Contraloría General de la República. Esta millonaria pérdida se produjo por los pagos sin sustento legal que efectuaron Protransporte y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) a los concesionarios de los Corredores Complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima.

Y también por la sanción económica que se impuso a la Municipalidad Metropolitana de Lima y PROTRANSPORTE por incumplimiento de contrato del Corredor Rojo.

Según el informe de Auditoría N° 29026-2023-CG/APP-AC de la Contraloría, exfuncionarios de Protransporte y la ATU reconocieron a favor de los concesionarios de los corredores Amarillo, Rojo, Azul y Morado el pago de la totalidad de los costos operativos no cubiertos por los ingresos recaudados durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

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“Los desembolsos irregulares efectuados entre marzo de 2020 y marzo de 2022, ocasionaron un perjuicio económico al Estado de S/ 172 146 9712″, precisa la entidad, pues estos pagos no debieron ser asumidos por el Estado.

Así, los pagos efectuados a dichos concesionarios con recursos públicos fueron de S/ 34 740 791.98 por parte de Protransporte, mientras que la ATU generó un perjuicio de S/ 137 406 179.82.

El Informe de la Contraloría también reveló que Protransporte ordenó un pago a favor de sí mismo por S/ 1 207 671 y que ese desembolso también carece de sustento legal y contractual.

El informe de auditoría señala también que la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) tramitó la aprobación de una ordenanza municipal que renovó las autorizaciones de transportistas para prestar el servicio de transporte urbano en las rutas concesionadas al corredor Rojo, lo que desencadenó el incumplimiento de dicho contrato de concesión.

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Ello derivó en una controversia con el concesionario que culminó con laudos arbitrales firmes emitidos en julio de 2020 en contra del Estado, en los que se estableció que por los incumplimientos se debe pagar S/ 201 909 772, lo que constituye un perjuicio económico.

Tras la auditoría, a un total de siete exfuncionarios y exservidores de PROTRANSPORTE, ATU y la MML se les identificó presunta responsabilidad civil o administrativa.

Los resultados del informe comprenden el período del 11 de julio de 2014 al 15 de agosto de 2023 y fueron notificados oportunamente al Procurador Público de la Contraloría para que inicie las acciones civiles contra los involucrados.

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Redacción EC

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