El Agustino: una cadena de fallas burocráticas provocó que el conductor que atropelló a fiscalizadora de la ATU saliera en libertad | #NoTePases

El 9 de enero, Alberto José Bermúdez González, extranjero que manejaba una combi pirata sin licencia de conducir, fue detenido tras atropellar a la fiscalizadora de transporte Jackelin Rosales Ramírez y protagonizar una aparatosa persecución en la Vía de Evitamiento.

El tiempo límite para decidir su futuro judicial era de 48 horas. Sin embargo, poco valió el registro visual que muestra la brutalidad de sus maniobras y los informes médicos que dan a conocer la magnitud de las lesiones que ocasionó a la joven agente de la ATU, y, el sujeto fue liberado debido a “incidencias ocurridas” durante el requerimiento de prisión preventiva.

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De acuerdo con el documento firmado por el fiscal provincial Fredy Sueldo Quiñones de la segunda Fiscalía Penal Corporativa de El Agustino, para el 11 de enero ya se reportaban las primeras demoras en el caso. Aquel día, el informe policial llegó al despacho fiscal sin la debida foliación y se perdieron 72 minutos en subsanar el error.

Luego, se registraron inconvenientes para cargar la información a la mesa de partes virtual de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Además, se perdió aún más tiempo en coordinaciones telefónicas y en movilizar al detenido y a los documentos de una sede a otra. Cuando ya todo estaba en orden, el plazo de detención ya había expirado y se ordenó “la inmediata libertad del imputado”. Asimismo, se cambió su situación jurídica a la de citado.

Para la mañana del 12 de enero, el Ministerio Público emitió un comunicado explicando los inconvenientes y señaló que el fiscal Sueldo Quiñones se encontraba a la espera de que el Poder Judicial convoque a una audiencia para resolver un nuevo pedido de prisión preventiva.

Y para el mediodía, el Poder Judicial informaba que ya habían un requerimiento de nueve meses de prisión preventiva en contra del ciudadano extranjero. Asimismo, acotó que Bermúdez González es investigado por los delitos de exposición o abandono de personas en peligro, violencia y resistencia contra funcionarios públicos, fuga del lugar del accidente de tránsito y homicidio en grado de tentativa, todo esto en agravio de Jackelin Rosales.

A través de un comunicado la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) señaló que “no se debe permitir que esta persona vuelva a las calles y siga poniendo en riesgo la integridad y la vida de los usuarios del transporte urbano de Lima y Callao, ni la de los fiscalizadores”.

“Las autoridades debemos cerrar filas para que los delincuentes no evadan la justicia. Ante un delito flagrante y criminal, exigimos una actuación diligente por parte de nuestro sistema de justicia e invocamos que se sume al trabajo conjunto contra la informalidad del transporte que se viene liderando desde la ATU”.

Además, el ente regulador informó que se encuentra coordinando con la municipal de El Agustino para continuar brindado apoyo legal a Jackelin Rosales.

En tanto, la familia de la fiscalizadora de tránsito solicitó el apoyo de diversas autoridades, como del Ministerio de la Mujer, para que no dejen el caso impune. Dilna Ramírez, madre de la agraviada informó que el estado de su hija aún se mantiene en reserva debido a las lesiones que comprometen a la pierna, brazo, hombros, costillas del lado derecho y al hueso parietal del cráneo.

Pero, ¿cuál debió ser la forma correcta en la que tuvo que proceder el Ministerio Público? Dos abogados penalistas consultados por El Comercio, dan su opinión respecto al manejo de este caso.

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Para Romy Chang, hay suficientes pruebas para aplicar la figura del proceso inmediato, que es un proceso penal especial que tiene como característica la celeridad en casos que como este, no muestran dudas sobre la responsabilidad del implicado. Para esto, se reduce la etapa de investigación y se concentran en la audiencia y juzgamiento de responsable. “Nuestro ordenamiento jurídico y nuestras normas dan esa opción a los fiscales”, señala.

“Un problema recurrente es que en estos casos notorios, la fiscalía mecánicamente pide prisión preventiva y para esto solo se tiene 48 horas, cualquier error e inconveniente en el trámite puede dejar libre a los implicados”, agrega Chang.

No obstante, la abogada señala que muchas veces los despachos fiscales no cuentan con personal suficiente para tomar este tipo de medidas que requieren “un poco más de trabajo y supervisión”. “Ayudaría que se creen disposiciones por parte de la Fiscalía de la Nación para que se regule con directivas sobre cuándo puede aplicarse el proceso inmediato y, un poco también, exigir a los fiscales que hagan uso de esa herramienta y por supuesto, en los casos en donde se vea que hay mucha carga, tener una redistribución de recursos humanos y de personal”, enfatiza la especialista.

Por su parte, el también penalista Vladimir Padilla critica el hecho de que el Ministerio Público haya alegado inconvenientes para cumplir con su labor. “El Ministerio Público no es una persona, no es una oficina, es un conjunto, es una institución y si algo falla hay otras opciones de proceder. Este es un caso emblemático y mediático, pero estas decisiones hacen parecer que a las autoridades les importa poco o nada lo que ocurre con los implicados y se pierde el respeto por la familia de las víctimas”, acota.

Además, señala que luego de dejar en libertad a los involucrados es muy difícil que estos sean localizados y acudan a las citaciones. “Siendo un caso tan importante, desde la presidencia de junta de fiscales hasta la Fiscalía de la Nación, deberían hacerse responsables. Lo que pasa es que en nuestro país nadie asume la responsabilidad y ahora quieren echarle la culpa a otros factores cuando esto no es lo correcto”, explica Padilla.

Ambos letrados coinciden en que es el fiscal a cargo quien dirige y supervisa la investigación y se muestran en desacuerdo ante las excusas dadas por el despacho de Fredy Sueldo Quiñones.

“El fiscal no se puede excusar en decir que el policía escribió mal el nombre o numeró mal las hojas porque es él quien dirige la investigación”, señala Chang.

“En este caso no se pueden excusar ante el contexto y tampoco debido a los problemas que podrían haber en cuanto a conexión u otras cosas técnicas. Esto también se debe la descoordinación. Pretextar lo sucedido puede ser un tanto vergonzoso porque se están echando la culpa entre el Poder Judicial y el Ministerio Público”, explica Padilla.

Ante el escandaloso accionar de las autoridades judiciales, se pudo conocer que la Oficina de Control Interno del Ministerio Público abrió una investigación preliminar por 30 días al fiscal Sueldo Quiñones. En los próximos cinco días, el fiscal deberá presentar un informe en el que detalle la razón de la demora en la solicitud de la prisión preventiva del implicado.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades desconocen el paradero del Alberto José Bermúdez González. Mientras, la familia Rosales Ramírez pide garantías y teme que represalias por parte del implicado.