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Al dirigente transportista Geovani Diez Villegas se lo conoce como un ‘negociador’ que siempre obtiene lo que quiere: amnistías para infractores, reducción de la valla para obtener brevete, prórrogas y toda clase de flexibilidades para sus agremiados. Para conseguirlo, la mayoría de veces utiliza la misma estrategia: promover paros y huelgas si no encuentra solución a las demandas de su sector.
Algunos también lo conocen como un ministro ‘paralelo’: tiene el poder de decisión sobre reglamentos que publica el MTC y se pasea por ese ministerio desde hace dos gestiones como si fuera su propia casa (18 veces en ocho meses y pactos firmados con dos ministros).
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El problema radica en el repentino cambio de discurso que ha tenido: de haber representado a empresarios de transporte formal, pasó a velar por los intereses del auto colectivo, una actividad peligrosa y prohibida en Lima y que, en el interior del país, aún carece de reglamentos.
Su próximo objetivo –lo dice él mismo en un video publicado en Facebook– es formalizar este servicio en Lima y el Callao. “Definitivamente es el paso por seguir. Las disculpas del caso a los amigos del auto colectivo de Lima y Callao [que fueron excluidos en la ley que los formaliza]. El trabajo por seguir que tiene que iniciarse estos días es qué vamos a proponer para ellos”, afirmó.
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Diez Villegas, además, ha anunciado “medidas radicales” para que la reglamentación de la ley del colectivo se ajuste a lo que buscan los choferes que representa. La influencia que tiene su nombre quedó en evidencia el 6 de noviembre del 2021, cuando Diez Villegas firmó un acta junto a funcionarios del MTC en la que esta entidad pacta con colectiveros una serie de medidas a su favor a cambio de que no acaten un paro. En este informe detallamos cómo se hizo.
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Funcionarios del MTC y la Sutrán se reunieron con gremios del taxi colectivo, una actividad prohibida por la Ley General de Transportes. De aquella cita se desprendieron varios acuerdos que van contra la seguridad vial. El primero que firma es Geovani Diaz.
UN AMIGO EN CASA
Nació en 1975 en Ferreñafe, Lambayeque. Actualmente, vive en el Callao. Es dueño de SNF Transport International Business S.A.C., una empresa de carga con una flota de camiones que arrastra más de S/2.000 en papeletas, según el SAT, y una deuda coactiva en la Sunat de otros S/2.600.
Recién desde el 2018 es conocido abiertamente en el sector del transporte como presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú.
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Primero, se paseaba por algunos medios manifestándose en contra del sistema pico y placa. También habló en rechazo a la Autoridad del Transporte Urbano (ATU), una entidad que en los tres primeros meses de pandemia impuso cerca de 8.000 papeletas a colectivos informales.
Continuó frente a algunas cámaras como promotor del paro de transportistas de marzo del 2021. Volvió a aparecer en una segunda y una tercera huelga en noviembre de ese mismo año. Esta última, como se mencionó párrafos arriba, fue suspendida horas antes de realizarse gracias al acta que él pactó con el MTC en favor de los colectiveros. Cuando Diez Villegas deja de aparecer en medios masivos, se lo observa constantemente en programas vía Facebook vinculados al transporte.
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En una reciente asamblea entre los principales dirigentes nacionales del taxi colectivo, Diez Villegas asegura que se tomarían "medidas radicales" si es que la reglamentación de la ley que los formaliza no está de acuerdo a los requisitos de su sector.
SUS NEXOS
Lejos de las cámaras, tiene buenos contactos con el gobierno. Según el portal de Transparencia, Diez Villegas se ha reunido con el propio presidente Pedro Castillo durante tres horas, apenas 20 días después del inicio de su mandato, en compañía de miembros de la Sociedad Nacional de Industrias. También ha sido recibido por los congresistas Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Elvis Vergara (Acción Popular), dos de los legisladores que votaron en contra de la interpelación al ministro Juan Silva.
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En las últimas semanas, un grupo de transportistas formales lo ha calificado de “traidor” luego de que su vida gremial girase hacia la defensa de casi 200 mil choferes informales en el país, competencia desleal para los que invierten en cumplir la ley. Hace tres años, en marzo del 2019, Diez Villegas firmaba un acta en el cual declaraba que es parte de la lucha contra la informalidad. Ahora, la apoya.
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Lo que en el mundo del transporte se dice sobre él –por sus nexos con altos funcionarios en el gobierno– es que ahora tendría el ‘encargo’ de hacer cumplir las exigencias de los colectiveros.
Un ejemplo reciente tiene que ver con el empadronamiento de colectiveros que realiza la Sutrán desde diciembre. Hasta hace dos días, solo unos 8.000 se habían registrado, es decir, menos del 4%. Eso llevó a Diez Villegas a pedir al MTC ampliar el plazo de empadronamiento, pues eso permitiría tener más tiempo para convencer a los colectiveros de inscribirse, y a la vez de insistir en que el MTC flexibilice la reglamentación. Esta ampliación de plazo ya fue aprobada por el MTC.
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LOS DESCARGOS
En diálogo con El Comercio, Diez Villegas afirma que ha sido voceado como ministro de Transportes, pero que “no tiene intereses políticos”, y que solo representa los derechos de “todos los transportistas”, por eso promueve su legalización y su reglamentación.
También dice que el “taxi colectivo es una necesidad y que el gobierno no ha hecho nunca nada por el transporte tradicional” y por eso el colectivo cubre una demanda insatisfecha y es la razón por la que ahora él pelea por su formalización.
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UN PELIGRO AL VOLANTE
Geovani Diez Villegas tiene un historial de 12 papeletas graves y un brevete a punto de ser suspendido por puntos (75 de 100). El último vehículo que registra en el SAT, de placa BQR-395, arrastra 47 papeletas desde el 2010 en el Callao, 32 de las cuales son por exceso de velocidad (el vehículo actualmente no le pertenece).
Su mano derecha en materia legal, según él mismo admitió a este Diario, es Alfredo Araujo Polo, días atrás sindicado como uno de los principales impugnadores de papeletas de Lima. Este logró anular 582 multas por S/11 millones, reveló Latina.
“Las empresas y los transportistas no pueden imponer posiciones antitécnicas y caprichosas que afectan la seguridad vial a la entidad reguladora por cuanto desnaturalizaría la posición imparcial y técnica del ente regulador”, afirma Martín Ojeda, representante de la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial.
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