En ocho meses han muerto atropellados más del doble de ciclistas que en todo el 2019 en Lima | #NoTePases

Tres semanas antes, el 26 de agosto, Jenny Bustamante falleció tras ser atropellada por un bus del Corredor Azul cuando manejaba su bicicleta en la cuadra 29 de la avenida Arequipa, San Isidro. Tenía 46 años y volvía a su casa luego del trabajo.

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Un mes antes, el 16 de julio, Gerardo Mamani, de 65 años, fue arrollado por un bus de El Rápido que cambió de ruta en la Av. Perú de San Martín de Porres. El adulto mayor manejaba por la ciclovía. Unas semanas antes había decidido usar bicicleta para ir al trabajo y así evitar exponerse al COVID-19.

Según estadística de la Policía Nacional del Perú, solo de enero a agosto de este año, 18 ciclistas han fallecido en accidentes de tránsito en Lima Metropolitana. Esta información brindada a El Comercio no incluye la muerte de Ernesto.

Los siniestros ocurrieron en los distritos de Carabayllo, San Luis, San Juan de Miraflores, Lurín, San Isidro (2), Cercado, Punta Negra, Breña, Ate, San Juan de Lurigancho, San Borja, Comas, El Agustino (2), San Martín de Porres y Los Olivos (2).

Se trata de más del doble de muertos que los reportados hace dos años. Previamente había informado que en todo el 2020 fueron al menos 15 los ciclistas muertos en este tipo de siniestros y el año anterior, 8 en la capital.

A escala nacional, en el 2020 fueron 89 los accidentes fatales con bicicleta.

A esto se suma que en los primeros seis meses del 2021, la policía registró 5.114 atropellos en el país. Es el tercer tipo de accidente de tránsito más frecuente después de los choques y despistes.

Reincidente

El día que atropellaron a Ernesto, un grupo de ciclistas denunció que el conductor del bus de placa AMS-732, Eduardo Enrique Jaramillo Franco, tenía una conducta hostil hacia ellos varias cuadras antes de que arrollara al joven. Su indignación quedó grabada en un video en el que increpan al chofer. “¡Iba por nosotros, carajo!”, gritaba uno de ellos.

Jaramillo tenía antecedentes de conducta peligrosa. Entre el 2018 y la actualidad, había registrado seis papeletas, cinco de ellas graves y una muy grave, por faltas como pasarse la luz roja del semáforo, no utilizar el carril derecho para recoger o dejar pasajeros o carga y circular sin cinturón de seguridad.

Como medida preventiva, la ATU suspendió la habilitación vehicular de bus e inició un procedimiento administrativo sancionador contra la Empresa de Transporte Unidos Chama S.A., por lo que podría recibir una sanción de hasta cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/17.600. En el 2019, la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima inició otro proceso contra la misma empresa por un accidente ocurrido en Surco.

De acuerdo con la ATU, el chofer también “podría quedar inhabilitado de manera definitiva para conducir un vehículo de transporte público”. El Comercio solicitó información a ATU sobre este punto, pero al cierre de la nota no obtuvimos respuesta.

Cambio de fondo

Aunque la pandemia ha propiciado el uso de transporte alternativo como medio eficaz para evitar aglomeraciones, los usuarios de bicicletas, scooters y otros vehículos de micromovilidad siguen reclamando una ciudad segura para ellos.

Para Mauricio Zegarra, representante de CicloAxión, hace falta decisión política para diseñar vías que no privilegien solo al vehículo con motor y fiscalizar el exceso de velocidad, factor considerado por las autoridades como una de las principales causas de accidentes. En julio pasado, el MTC redujo las velocidades en calles y jirones a 30 km/h y en avenidas a 50 km/h para proteger la vida de la población. Estos nuevos límites recién entrarán en vigencia en julio del 2022. “Dieron un año para hacerlas efectivas, pero no queremos que se quede en la norma. Se necesita fiscalización con cámaras, se pueden colocar elementos para reducir la velocidad. Sabemos que también depende de la consciencia del chofer, pero eso es un trabajo a largo plazo, mientras tanto no pueden seguir muriendo personas”, dice a El Comercio.

Mariana Alegre, coordinadora general del observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos, sostiene que necesario que las políticas de promoción de bicicletas y micromovilidad esté acompañadas de estrategias integrales para atender la nueva demanda, reducir los riesgos y no solo centrarse en multas para los usuarios.

“Estamos en una fase en la que se están construyendo ciclovías, se está reestructurando el espacio público, pero no está al 100% y por tanto el riesgo para ciclistas, usuarios de micromovilidad y peatones se incrementa. Es inaceptable que el costo sea la muerte de alguien”, opina.

Aunque considera positivo la construcción de nuevas ciclovías, indica que es necesario un nuevo concepto de ciudad cicloinclusiva en la que ciclista, peatón y conductor convivan en espacios similares.

“No hay acciones valientes que den más espacio al ciclista. Se le está dando un pedacito de la vía para que lo comparta con el peatón, usuario de micromovilidad y la persona con discapacidad. Hay que cambiar de estrategia”, agrega.

Ambos coinciden en que también es indispensable asegurar que los conductores de autos y buses estén capacitados, a través de un mejor control de brevetes y sanciones efectivas si cometen infracciones. Y en este punto Zegarra insiste en que las empresas de transporte deben tener un mayor nivel de participación en las sanciones si sus choferes incumplen las reglas. “El chofer no estaría trabajando con seis multas si el sistema judicial exigiera reparaciones altas a las empresas por los accidentes y muertes que provocan”, dice.

En el distrito de Miraflores, donde ocurrió el accidente del último miércoles, el subgerente de Tránsito, Carlos Peña, indica que tienen previsto la implementación de un sistema de control de tránsito con medios electrónicos como parte del proyecto Smart City, que está en proceso de licitación. La idea de este proyecto instalar pórticos equipados con cámaras lectoras de placas de rodaje, de reconocimiento facial, sensores de velocidad y fiscalización electrónica de tránsito en las principales avenidas del distrito para alertar e intervenir en tiempo real a conductores infractores.

Mientras esto ocurre, Peña señala que se necesita mayor presencia de la Municipalidad de Lima en las vías metropolitanas del distrito, donde ocurre el 73% de los siniestros de esta jurisdicción. En este distrito, entre el 2019 y el 2021 se han registrado 7.001 siniestros viales. “El estado y el mantenimiento de las vías tienen relación importante la siniestralidad y en las vías metropolitanas la que gestiona es la Municipalidad de Lima. La rugosidad de la vía, el pintado, la señalización muchas veces tiene que mejorar. Se necesita actuar inmediatamente”, señala.

El miércoles por la noche, varios colectivos ciudadanos protestaron en el lugar donde fue atropellado Ernesto Contreras, al día siguiente dejaron flores y carteles para que no se le olvide y no se repita la tragedia. Llevan varios años protestando cada vez que un compañero muere en las pistas y tienen preparada otra movilización para el 22 de setiembre.

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