La extorsión en el transporte de Lima, específicamente el cobro de cupos, estuvo durante muchos años concentrada en el sector informal, particularmente en los taxis colectivos. Un punto crítico de esta problemática se dio en 2019, cuando se reveló la práctica de “marcaje” en vehículos que circulaban desde la avenida Arequipa hacia el centro de Lima y sus avenidas anexas hacia el Callao y San Juan de Lurigancho. Estos autos llevaban stickers que indicaban si el conductor estaba al día con el “dueño” ilegal de la ruta a cambio de una supuesta protección. Las rutas más comunes dominadas por estas redes abarcaban trayectos desde la avenida Arequipa hacia las vías Tacna, Garcilaso, y hacia el Rímac, Zárate, entre otros. Dependiendo del radio de operaciones, un solo vehículo podía tener hasta cuatro stickers.
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Sin embargo, recientemente la extorsión ha dado un giro preocupante hacia el transporte formal. Aunque en 2022 hubo un caso notable con la empresa San Genaro de Chorrillos, que denunció el cobro de 7 soles por unidad, parecía un incidente aislado. No fue sino hasta julio de este año que la situación empeoró drásticamente.
Actualmente, al menos 30 de las 370 empresas de transporte urbano de Lima y Callao están pagando cupo en alguna parte de su flota. No obstante, la cantidad real podría ser mucho mayor. La evidencia está en las cuentas bancarias asociadas a los pagos digitales de quienes cobran cupo. “Acompañé a una empresa en el proceso de denuncia. En el procedimiento de verificar la cuenta bancaria asociada al Yape del extorsionador, la policía halló que a esa cuenta bancaria de destino habían estado recibiendo pagos de otras 15 empresas”, dice Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT).
Fuentes policiales de la División de Secuestros y Extorsiones explican que los extorsionadores ahora buscan duplicar las ganancias que obtenían del sector informal. “Lo que quieren es generar liquidez, así de simple”, afirmaron. “Probablemente duplicar ganancias (es su objetivo)”, añaden. Esta información, contrastada por El Comercio con 5 de las 30 empresas extorsionadas, revela un punto crucial: ahora los extorsionadores conocen a fondo el funcionamiento del transporte formal. Antes de este salto, el sector informal se había convertido en una especie de “escuela” para aprender sobre rutas, líneas, frecuencias, pagos, comisiones y afiliaciones.
“Lo importante es entender que las unidades piratas en Lima y Callao, que siguen pintadas por los colores y distintivos de las empresas a las que pertenecieron, pero que salieron de circulación, ayudaron al dar el paso al formal y autorizado porque las piratas hacen la misma ruta, la invaden, sí, pero finalmente las “escuelearon”, les dieron las herramientas al extorsionador para entender al formal, su método, sus cobros, sus comisiones por ruta”, afirma un representante de una de las 152 rutas del Callao.
A medida que las autoridades no lograban frenar el caos del transporte informal en Lima, los extorsionadores la iban utilizando como una “caja chica” mientras preparaban una manera de apoderarse del sector formal. Hoy, con un control más sólido, han desatado una ola de violencia que ha dejado nueve choferes asesinados y varios pasajeros heridos. Esto explica por qué no solo hubo un repentino ingreso al formal, sino además bastante experimentado.
Violencia estratégica
El modus operandi de los extorsionadores al sector formal de transporte comienza con un contacto directo al gerente de la empresa, a quien apuntan primero. El proceso inicia con un chat donde exigen el pago, intentando intimidar sin involucrar inicialmente a los choferes con fotos de su casa o su familia. Ante esta presión, muchos gerentes optan por “guardarse”, como lo indica a El Comercio uno de ellos que opera una ruta de San Bartolo al Callao: viajan a otra ciudad o país, se esconden y dejan de responder a los extorsionadores. Es en ese punto cuando los delincuentes cambian de táctica y dirigen su violencia hacia los conductores, una manera de dejarle un mensaje al gerente. Atacan disparando contra las estaciones o patios de maniobras, y a menudo dejan cajas con balas como advertencia.
El contacto con los choferes es meticulosamente planificado. Los extorsionadores se hacen pasar por pasajeros, ubicándose cerca del conductor o cobrador, o incluso se infiltran simulando ser jaladores de buses. Información proporcionada por empresas formales sugiere que los ‘dateros’, personas que obtienen y suministran datos sobre las operaciones, están siendo reclutados a la fuerza. Estos individuos son obligados a integrarse en el esquema de cobro, ya sea proporcionando información o recaudando el cupo diario de las rutas.
Luis Gonzáles, exjefe de fiscalización de la Municipalidad de Miraflores y quien erradicó, junto a Carlos Peña, la mafia de cobro de cupo en Av. Arequipa, sostiene que la inteligencia operativa de la policía es clave para entender y eliminar el trabajo del extorsionador del transporte. “El extorsionador, con el conocimiento adquirido con el informal, ahora incluso se ha mimetizado en las empresas formales. Por eso es importante que ahora las autoridades hagan un trabajo de inteligencia operativa: desde el chofer, cobrador, que conocen bien el problema, son fuentes de información. La inteligencia es de campo. No la vas a tener con un policía en un bus, sino conociendo todo el proceso”, finaliza.
El sistema comisionista afiliador con el que opera el transporte urbano, sin choferes en planilla ni pagos digitales registrados y casi en su totalidad con pagos en efectivo, se vuelve propicio para el cobro de cupos. Expertos sostienen que, si el transporte tuviera un sistema de recaudo electrónico donde los choferes y cobradores no estén rodeados de dinero no registrado, “la extorsión sería mucho mas sencilla de investigar por las huellas que deja el sistema bancario”.
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