(Foto: Alessandro Currarino)
(Foto: Alessandro Currarino)
Redacción EC

Ayer, el electo alcalde de Lima, , dio una conferencia  en donde se pronunció sobre el incremento en el precio de los pasajes del  y de los incumplimientos a los contratos de concesión –tanto por el lado de la Municipalidad de Lima como de los operadores. 

Tras lo dicho por Muñoz, el regidor de Solidaridad Nacional, Wilder Ruíz, y el asesor jurídico de Pro Transporte, Raúl Fernández, calificaron de “afirmaciones imprecisas” lo que señalado respecto a los laudos arbitrales, contratos y condiciones del servicio.

Este diario consultó a diversos especialistas sobre la situación del contrato de concesión del Metropolitano y esto fue lo que respondieron: 

Alfonso Flórez, Fundación Transitemos: 
El problema se origina porque se ha suscrito mal el contrato de concesión. Por ejemplo, la ampliación desde la estación Naranjal hasta Chimpu Ocllo, en Carabayllo, no estaba contemplada como parte de la adenda, pero se adicionó en la segunda gestión de Castañeda. El fideicomiso de los buses, la fórmula del alza de pasajes, la saturación del sistema, también se deben revisar. A estas alturas, Jorge Muñoz debe renegociar o modificar el contrato para evitar que el municipio pierda más dinero en los arbitrajes.

Julio César Castiglioni, abogado especialista en temas municipales:
Resolver el contrato en forma unilateral no sería muy inteligente. Traería consigo la suspensión del servicio y un nuevo arbitraje que probablemente concluiría a favor de los operadores. Lo inteligente sería que la municipalidad lleve a las empresas a un arbitraje por el costo del pasaje, que no debería costar más de S/1,85.
La gestión de Castañeda negoció mal y ahora les está dando armas a las empresas para que ataquen. Debería dejar que la gestión de Muñoz se haga cargo.

Johnny Zas Friz, abogado especialista en temas municipales​:
​La situación actual del Metropolitano es el resultado de un problema estructural, en el que la gestión de Luis Castañeda Lossio no concibe el transporte público como un servicio que realmente deba beneficiar a los usuarios. Es ilógico que la comuna tenga un contrato de concesión con cláusulas que no le favorecen. La gestión entrante debería revisar el contrato y llegar a un acuerdo con las empresas operadoras del servicio. Es algo que se debe hacer y que, sin duda, quitará tiempo.

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