María Jara declara sobre el peligroso WhatsApp de los taxis colectivos piratas | ENTREVISTA

-Doctora Jara, la investigación sobre los colectivos informales, en la que El Comercio se infiltró en sus grupos de WhatsApp durante un mes, ha demostrado que este gremio está muy organizado para poder evadir sus operativos y operar sin control, pero también es una señal de que el caos del transporte público continúa. Esta es una oportunidad para conocer los descargos de la ATU.

¿Descargos?

-Sí, pues no se puede hablar de los colectivos informales sin hablar de los avances en materia de transporte formal. Ambas cosas están vinculadas. Los dirigentes de los colectivos afirman, por ejemplo, que su servicio es una respuesta al caos del transporte público.

Hay mucha gente que cree que en una situación de crisis, como una pandemia, de pronto se puede cambiar el transporte de una manera automática. Eso es irreal. Primero porque tenemos una entidad, que, mientras se fortalece institucionalmente –el presupuesto inicial de la ATU recién llega en noviembre del 2019– está haciendo andar un aparato administrativo y consolidar una fusión (de los todas las gerencias municipales de transporte de Lima y Callao). Luego de eso, llegó, sobre la base de los reglamentos que se tenían que trabajar, la planificación de todo el sistema de transportes. Después viene una pandemia que afecta todo el país y que ha supuesto que la ATU tenga que dividir sus esfuerzos entre priorizar la emergencia nacional y el trabajo de gabinete: nosotros tenemos en estos meses 235.624 expedientes con personal que está haciendo trabajo en remoto.

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-¿Cuántos inspectores para fiscalizar tiene?

Cerca de 130, de los cuales unos 70 sufrieron las consecuencias del COVID-19. Ello, sin contar a los inspectores de los municipios con los cuales hemos firmado convenios para fortalecer la fiscalización.

-¿Por qué no contratan a más?

El día martes nos ha llegado el presupuesto para ampliarlos. En el tiempo en que no hemos tenido presupuesto hemos ido haciendo todo el proceso de selección de personal y los exámenes para que, cuando lleguen a nuestro equipo, puedan avanzar más rápido sus labores. También hemos desatollado una serie de aplicativos que nos permiten recoger información sobre las flotas vehiculares, de cuántas realmente están operación.

-¿Cual es el estado actual de operación del transporte público formal de Lima y Callao?

Teóricamente tenemos 25 mil unidades de transporte (combis, buses, coasters). De esas, han estado operando entre 17 mil y 18 mil. Esta información no se tenía, pero ahora ya se tiene gracias a la información que hemos podido procesar. En relación del subsidio, de lo que nos hemos encargado, no se trató de ponerse a pensar: “Vamos a establecer un monto, y ese monto es el que se va a fijar”. El subsidio se tiene que sustentar. Además, hemos hecho el reglamento operativo para que las empresas se inscriban al subsidio, y también para instalar el GPS para monitorear a estas empresas de transporte, sus mapas de rutas de viajes y los usuarios para poder iniciar un proceso de licitación y reordenamiento de rutas.

-Hay combis, buses y coasters que ni siquiera tienen parachoques ni luces. ¿De verdad cree que se van a instalar un GPS para ser monitoreadas?

Estamos hablando de un proceso. Yo soy mujer pero no soy bruja para cambiar la realidad de un día al otro. Nadie serio te va a decir que las cosas cambian de un día para otro. Estamos trabajando en un a serie de mecanismos y reglamentos. Tenemos ya una lista de 170 empresas de transporte que ya han manifestado su posición para instalarse un GPS.

-Los colectiveros informales, según el WhatsApp en el que El Comercio se infiltró, tienen más información que cualquier central de operaciones de tránsito: saben dónde están los de la ATU, la policía, dónde impugnar papeletas, dónde sacar brevete fácil, revisión técnica con coima... Debo reconocer que la fiscalización de la ATU es muy estricta, pero la imposición de multas es algo reactivo. Lo importante es cambiar la base del caos: el problema del transporte público. Cada día que pasa en que la base del transporte no cambia son días en que la informalidad se fortalece.

Hay un componente cultural que hemos sido siempre proclives a consentir y a pasar por alto. Quiero recordar lo que ocurrió en noviembre: dos paros violentos. No estamos necesariamente hablando de gente correcta, decente. Sabemos que hay muchos intereses detrás de ellos. De lo que se trata es de cambiar el sistema de transporte, y estamos en ese camino. Formalizar no significa bajar la valla. Por ejemplo, esas personas que con su auto quieren hacer una ruta, se busca que puedan hacerlo con pagos en planilla, en una empresa de transporte. No es gente necesariamente pobre, pero actualmente quieren horadar el esfuerzo por avanzar y por formalizar. La formalización y chatarreo de unidades antiguas no es un proceso sencillo. Tú tienes que tener toda una línea de información que te permita saber cuáles son las rutas de los usuarios, los paquetes de rutas, los servicios que vas a licitar, el bus patrón que vas a instalar, esto toma tiempo. ¿Cuál va a ser el compromiso en las empresas para renovar flotas y para chatarrear unidades? No estamos hablando de un proceso sencillo. Es materialmente imposible hacerlo en dos meses.

Hay mucha gente que cree que en una situación de crisis, como una pandemia, de pronto se puede cambiar el transporte de una manera automática. Eso es irreal.

-Yo estoy convencido de que el día en que todas las autoridades usen el transporte público, el sistema va a cambiar rápidamente.

Mira, que se sensibilice es una cosa. Que creas que ese es el objetivo, es otra. El sistema de transporte tiene que ver con persona, con compromisos, con rutas, con jaladores, con agendas políticas, con intereses que se mueven informalmente para enlodar. Esa es una bonita frase, pero así no se hace gestión publica. Te lo digo con conocimiento de causa, porque a mí me está tocando no crear una institución de cero, sino armar un muñeco con distintas partes y tratarlo de hacer que funcione. Disculpa que sea un poco dura, lo digo en buena onda.

-¿Cuáles han sido los resultados de las asesorías del señor Héctor Rubio, actual miembro de la ATU, que recibió S/59 mil soles en 2 meses de consultorías, y de otro dos otros asesores suyos por S/106 mil, como lo reveló un reportaje de “Punto Final”? ¿Se ha logrado algo?

Sobre ese tema ya di mis descargos en medios de comunicación y en el Congreso de la República. Hay una investigación en la Fiscalía de la Nación. Yo ahora hablo del trabajo y de todo lo que tenemos pendiente. Estamos avanzando en el tema del pago sin contacto en las unidades de transporte. Ya hay 250 unidades en las que pagas con tarjeta bancaria. Con eso evitas distraer al conductor al momento del pago, pero también para recoger información sobre el número de viajes y usuarios porque todo queda registrado en el sistema de pago. Actualmente se sabe cuántos viajes hay, pero no se sabe cuántas personas realizan esos viajes.

-¿Hasta cuándo estará vigente las autorizaciones de todas las unidades de transporte que operan en empresas cascarón bajo el sistema ‘comisionista-afiliador'? ¿Hasta cuándo tienen autorización todas las combis de Lima?

Hasta el 31 de octubre. Pero, por la explicación que te he dado, no puedo decir que inmediatamente podremos empezar un proceso de licitación para tener un nuevo sistema, porque hay una serie de mecanismos que se tienen que hacer. Es una etapa de bisagra. De nuevas reglas de juego en el reglamento de transportes. Esta ampliación de autorizaciones no serán un cheque en blanco, no van a estar perennes o por 10 años. Las autorizaciones van a ir finalizando en la medida en que inician los procesos de concesión y los paquetes de rutas.

-¿Por qué no se aprovecharon los tres meses de cuarentena para instalar carriles exclusivos para el transporte público formal? No tener carriles exclusivos hace que lo buses se queden atorados en el tráfico, aglomerándose más gente en los paraderos y por lo tanto los buses se terminan repletando.

Instalar carriles exclusivos significa que alguien salga a colocarlos, y no se puede realizar esa intervención con gente que todavía no tenemos. Pero además, la ATU no ha asumido las funciones de ProTransporte y por lo tanto no podemos intervenir el Metropolitano ni los corredores.

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