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El Poder Judicial admitió la demanda que presentó la Municipalidad de Lima para que se anule un convenio que se firmó en el 2012, durante la gestión de Susana Villarán, entre Pro Transporte, las operadoras del Metropolitano y la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), que financió la compra de los buses a una tasa anual de 13,5%.
La demanda, según un comunicado de la Municipalidad de Lima, pretende “que los concesionarios restituyan al municipio de Lima un monto superior a S/70 millones pagado indebidamente por la anterior administración edil”.
“El 37º Juzgado Civil de Lima admitió la demanda por nulidad de acto jurídico presentada por la Municipalidad de Lima para traerse abajo un convenio suscrito en abril de 2012 y por el cual los funcionarios de Pro Transporte -gestión de Susana Villarán- aceptaron pagar millonarias compensaciones a los operadores del Metropolitano en forma irregular”, se lee en el pronunciamiento.
Gustavo Guerra García, presidente de Pro Transporte en la administración de Villarán, explicó que en el 2012 las operadoras exigían a la comuna de Lima el pago de S/220 millones, porque la gestión de Luis Castañeda había incumplido el contrato de concesión ocasionándoles pérdidas.
“Las concesionarias habían adquirido toda la flota [522 buses], así se lo exigió Castañeda, pero él terminó su mandato y no cumplió con racionalizar las rutas en Lima norte, por donde pasaba el Metropolitano, y tampoco implementó los alimentadores. Por ese incumplimiento, el número de pasajeros no aumentaba. El contrato decía que debían transportar a diario 700.000, pero llevaban a 220.000”, alegó Guerra García.
Según dijo, en ese contexto se firmó el acuerdo. Este consistió en que la Municipalidad de Lima desembolsaba S/70 millones a Cofide en lugar de dárselos a las operadoras. El dinero fue destinado para el pago por la compra de los buses. A su vez, Cofide redujo la tasa de interés, de 13,5% a 11%, para el pago del resto de los buses a favor de las operadoras. Y donó S/15 millones a la comuna de Lima. Esos anuncios los realizó Villarán en el 2012.
La MML señala que con los pago hechos por la anterior gestión, se contradice el el artículo 25º de la Ley de Descentralización Fiscal, el que señala que los recursos obtenidos por los municipios, a través de operaciones de endeudamiento, solo pueden destinarse a financiar proyectos de inversión pública y no a costear gastos corrientes, indemnizaciones o responsabilidades de pago a terceros, acotó el municipio.
“A ello se suma que, el convenio fue aprobado sin contar con la aprobación o informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría General de la República, pese a que así lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control”.
El regidor de Solidaridad Nacional, Wilder Ruiz, dijo que el desembolso del dinero fue irregular y que si Castañeda no cumplió con el contrato fue porque ya terminaba su gestión. Guerra García resaltó que implementaron los alimentadores y aumentaron a 685.000 el número de pasajeros diarios en el 2014.
De acuerdo con el Poder Judicial, la demanda deberá resolverse en un plazo de 30 días, período en el cual se notificará a los representantes de las empresas y las autoridades de las entidades públicas comprendidas en la denuncia.
El Comercio intentó comunicarse ayer con los operadores del Metropolitano, pero no respondieron.
