Rafael López Aliaga advierte final de contrato con Rutas de Lima pese a que no tendría sustento jurídico: los cinco puntos a considerar

Durante una conferencia de prensa, el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) invocó a Rutas de Lima “para que el día 29 de julio, a las doce de la noche, devuelvan a la ciudad de Lima los peajes de la corrupción. Caso contrario, tenemos un proceso totalmente legal que implementaremos, pero no se puede ofrecer estabilidad jurídica al mundo si tenemos empresas tipo Odebrecht”.

López Aliaga también refirió que los más afectados por los peajes operados por la empresa Rutas de Lima son las personas de pocos recursos que habitan en los distritos de Puente Piedra, Ancón, Santa Rosa y Carabayllo, “a los cuales se les impone un peaje por salir de sus casas. Esa injusticia nace de un contrato nulo en su origen y en su contenido arbitral”.

Este sábado se cumplen 180 días luego de que la comuna metropolitana pusiera fin al contrato de la concesión Vías Nuevas de Lima con la empresa Rutas de Lima. Dicho periodo corresponde al plazo contractual para que entre en efecto la decisión unilateral de culminar el contrato. La empresa se sujeta a una decisión internacional para continuar operando.

Si bien esta decisión viene siendo presentada por López Aliaga desde su paso por los debates de campaña como candidato a la alcaldía de Lima, la medida de culminar el contrato se consolidó el pasado 29 de enero –diez años luego de la firma inicial de la concesión- cuando la Municipalidad Metropolitana de Lima emprendió el proceso de resolución unilateral. Así, comenzó la cuenta regresiva por los 180 días.

En enero, el Concejo Metropolitano de Lima resolvió el contrato de concesión por seis motivos: las altas tarifas de peajes, deficiencias contractuales, deficiencias en el servicio, disminución de la velocidad del tránsito, afectación a las familias que viven en alrededores del peaje Chillón y por la aprobación de una adenda y 31 actas privadas que modificaron términos contractuales.

Cabe señalar que la adjudicación del proyecto actualmente es investigada por la fiscalía, pues en la planilla de pagos ilegales de Odebrecht se registraron transferencias por US$711.000 al ‘codinome’ “Budian”, que se refiere a José Miguel Castro, exfuncionario de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán. La tesis fiscal es que el dinero entregado se debió a negociaciones ilícitas por la adjudicación y la primera adenda al contrato del proyecto.

Tras la decisión de la MML, Rutas de Lima elevó el caso al Tribunal Arbitral Ad hoc bajo el reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi). El citado Tribunal ordenó, el 16 de junio, a la Municipalidad de Lima suspender el proceso de caducidad del contrato con Rutas de Lima, hasta que se resuelva la controversia entre ambas partes.

Diversos especialistas consultados por El Comercio han establecido que la MML está obligada a suspender el proceso de caducidad contractual hasta que culmine el arbitraje con el CNUDMI. De lo contrario, cualquier resolución que dictamine la finalización del contrato no tendría validez jurídica.

A fines del 2016 e inicios del 2017, la zona norte de Lima Metropolitana vivió una convulsión social a partir del incremento en la tarifa de peajes y la construcción de módulos de Rutas de Lima en la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra.

El 5 de enero del 2017, una turba bloqueó la Vía Nacional e incendió cuatro garitas de peaje en el recientemente inaugurado ‘peaje Chillón’. Aquel día, la jornada culminó con cinco policías heridos y 28 detenidos.

Una semana después, cerca de seis mil personas bloquearon la carretera a la altura del óvalo de Puente Piedra. Los violentos enfrentamientos entre agentes de la Policía Nacional del Perú y los manifestantes dejaron sesenta detenidos y múltiples heridos.

Aquel año, el entonces alcalde metropolitano Luis Castañeda Lossio ordenó la anulación de la concesión. La decisión fue derivada a un arbitraje internacional, el cual falló a favor de Rutas de Lima e impuso el pago de 230 millones de soles a la empresa por parte de la MML.

Durante el 2019 también ocurrieron hasta tres movilizaciones en rechazo al peaje Chillón. Nuevamente, se registraron nuevos enfrentamientos con las fuerzas de orden y se bloqueó la carretera. Fuentes de El Comercio han revelado que diferentes personas, incluidas autoridades ediles, estarían azuzando a la población para movilizarse en contra de los peajes este sábado 29 julio.

Esta empresa es la encargada, bajo concesión, de administrar tres vías de alta importancia y tránsito para la capital peruana. Al norte, es la responsable del manejo de 31,5 kilómetros de la carretera Panamericana Norte, desde el distrito de San Martín de Porres hasta Ancón. En esta vía se encuentra el peaje Chillón, el punto más crítico de esta disputa.

Hacia el Este, Rutas de Lima se encarga de la autopista Ramiro Prialé, desde su inicio en El Agustino hasta Lurigancho-Chosica. A lo largo de esta vía de 29 kilómetros, la compañía no cuenta con peajes en ningún sentido.

Por último, también administra la Panamericana Sur desde su punto inicial en el límite de los distritos de Surco y San Borja hasta Pucusana. Esta es la vía con más garitas de peaje, sumando seis puntos de cobro. Estos incluyen los peajes de Huaylas, Villa, Conchán, San Pedro, Arica y Punta Negra.

Fechas clave

Febrero 2013: La Municipalidad Metropolitana de Lima, bajo la alcaldía de Susana Villarán, firma el contrato con Rutas de Lima 

Diciembre 2016: Entran en funcionamiento las primeras garitas del peaje Chillón pese a las quejas de vecinos, transportistas y alcaldes 

Enero 2017: Se registran marchas y grandes enfrentamientos entre ciudadanos y las fuerzas del orden. Queman el peaje Chillón, en Puente Piedra 

Agosto 2022: Rafael López Aliaga asegura, como candidato a la alcaldía de Lima, que declarará como nulos los contratos de concesión de los peajes en la capital 

Enero 2023: El flamante alcalde de Lima comentó que los contratos con las concesionarias serían renegociados. A fines del mes, el Concejo Metropolitano de Lima resolvió el contrato con Rutas de Lima 

Marzo 2023: López Aliaga menciona en una entrevista que reubicará los peajes instalados en Puente Piedra y Lurín, una vez culminado el proceso de terminación anticipada con Rutas de Lima 

Junio 2023: La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) ordenó a la MML a suspender la terminación del contrato 

Julio 2023: López Aliaga señala de ilegales las medidas cautelares del Tribunal Arbitral y arguyó que cada miembro habría cobrado 500.000 dólares 

Previo al último anuncio de López Aliaga, la Defensoría del Pueblo presentó las conclusiones del documento ‘El Caso de la Concesión de Vías Nuevas de Lima y la Afectación al Interés Público: Una Aproximación a partir de la Vulneración de los Derechos Fundamentales’, arguyendo que el contrato pactado entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima es “lesivo y afecta el interés público”.

El informe señala que la inexistencia de una vía alterna a la unidad de peaje Chillón y la prohibición de su instalación, vulnera el derecho al libre tránsito. Asimismo, se analiza la aplicación del redondeo en las tarifas a favor de la empresa, “lo cual afecta los derechos de los usuarios y vulnera el derecho de propiedad”, según la institución. Ante esto, se ha recomendado al Congreso de la República modificar el Decreto Legislativo 1362.

El Comercio se comunicó con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pero la entidad negó el pedido de una entrevista aludiendo que es “un suceso estrictamente que le compete a la Municipalidad de Lima, en el cual no nos vamos a pronunciar”. Cabe señalar que según el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, el MTC es la entidad encargada de recuperar y mantener en operatividad permanente de la Red Vial Nacional.

Por su parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima tampoco respondió, al cierre de esta edición, a la solicitud de este Diario.