El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se presentó en la audiencia pública llevada a cabo por el Tribunal Constitucional para evaluar la demanda de habeas corpus contra Rutas de Lima, en la que se solicita poner fin al contrato de la empresa en la administración del peaje de Chillón, ubicado en la Panamericana Norte, del distrito de Puente Piedra.
La Municipalidad de Lima demanda que la administración de estas casetas vuelvan a estar en manos de Emape, por lo que el caso fue derivado al Pleno del TC de manera imprevista, precisamente cuando se esperaba el fallo final de la Segunda Sala.
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En la audiencia pública, realizada este último 4 de diciembre, Rafael López Aliaga volvió a responsabilizar a la exalcaldesa Susana Villarán por haber recibido coimas de Odebrecht a fin de modificar el contrato de concesión del peaje de Puente Piedra.
“Odebrecht es la empresa más corrupta de la tierra. Yo he venido a allanarme como alcalde de Lima a las justas demandas (...) es un contrato lesivo, que va a llevar el peaje inclusive a sumas de 30 soles”, dijo ante la prensa a su salida de la audiencia.
Vale recordar que la eliminación del peaje de Puente Piedra fue una de las principales promesas de campaña de López-Aliaga en su camino hacia el sillón municipal.
Aún así planteó que no pueden habilitar rutas alternas debido a que la MML tendría que pagar millonarias compensaciones por arbitrajes.
Decisión del peaje en manos del TC
Durante la audiencia, a López Aliaga se le permitió una intervención de siete minutos, en la que recordó que el contrato de concesión a Rutas de Lima fue firmado por la exalcaldesa Susana Villarán, a cambio de millonarias coimas. Asimismo, hizo referencia a la demanda de amparo presentada por la empresa contra la Municipalidad de Lima.
“Este caso de corrupción es único. La corrupción la paga la gente más vulnerable. Un hecho público es que la alcaldesa Villarán ha reconocido publicamente recibir coimas para firmar el contrato de concesión de Rutas de Lima.(...) Odebrecht es la empresa más corrupta de la tierra. Bienvenida la inversión pero no delincuentes, un delincuente no se puede acoger a la seguridad jurídica. No permite rutas alternas, mas bien hace arbitrajes contra la Municipalidad de Lima. Esto afecta a seis millones de habitantes”, dijo López-Aliaga durante su intervención.
Ahora, el futuro de la administración del peaje de Puente Piedra se halla en manos de los seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
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