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Ángel Mendoza, representante de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), expresó su rechazo ante una posible formalización del servicio de taxis colectivos en Lima y Callao por parte del Ejecutivo.
En conferencia de prensa, cuestionó que el referido gremio haya sostenido una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el pasado 16 de diciembre cuando se tenía programado una cita con la Prefectura de Lima -donde se aborda la esta problemática- para el próximo viernes 20 de agosto.
“Las empresas de transporte formal y la ACTU responsabilizamos aquellos funcionarios, autoridades o políticos que avalen demandas en perjuicio de la ciudad y la seguridad de las personas, en especial de los usuarios del transporte público de pasajeros en claro quebrantamiento del principio de autoridad y del Estado de Derecho”, señaló.
Mendoza mostró el acta de reunión sostenida el pasado 16 de diciembre, entre el gremio de taxis colectivos con representantes de la PCM. Recordó que aquel día estaba convocado el segundo paro de taxis colectivos que no se realizó debido a que no contaba con la autorización de la Dirección General de Gobierno.
“Sin que exista esa necesidad porque ya habían pactado una reunión para el 20 de diciembre. La PCM el 16 de diciembre se sienta con los colectiveros y establece tres puntos. Entre ellos, la PCM seguirá brindando apoyo al espacio entre la Prefectura de Lima. Segundo este espacio contará con la participación multisectorial de las instituciones del Estado con competencia en el tema”, comentó.
En ese sentido, indicó que, ante un eventual inicio de acciones para la posible formalización de taxis colectivos, se iniciará un proceso de arbitraje por un monto de 300 millones de dólares aproximadamente.
“Si tenemos una autoridad para Lima y Callao para resolver los problemas de la ciudad no entendemos cómo la PCM, presionados por un grupo ilegal, genere una mesa de diálogo y una expectativa a ellos. En vista de poner en riesgo, la estabilidad jurídica de los contratos de concesión, lamentablemente si esto no se corrige tendremos que ir a un proceso arbitraje para poder cautelar las inversiones que se han realizado en corredores complementarios”, agregó.
El representante de la ACTU reiteró que las autoridades municipales de Lima y Callao son responsables que la ciudad no cuente con un sistema integrado de transportes. Sin embargo, sostuvo que esta situación no es “justificación” que la PCM se involucre en el tema cuando se está tratando con la ATU y la Municipalidad de Lima.
“Ahora vemos que la PCM al avalar una mesa de diálogo estaría dejando en incógnita cuál será la posición final del Ejecutivo. Lo peor, es que ante la creación de una autoridad autónoma, técnica y profesional como la ATU, y que recién ha iniciado funciones, vemos una aparente intromisión para resolver los problemas desde un punto político y no técnico”, agregó.
