Los dirigentes de los transportistas que se reunieron el miércoles con el titular del Ministerio de Transportes (MTC), Juan Francisco Silva, representan lo peor del caos de las combis, pero terminaron beneficiados por el propio ente rector que los fiscaliza.
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Un informe obtenido por El Comercio con base en registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT) revela que las empresas de transportes que los invitados de Silva presiden adeudan casi 53 millones de soles en papeletas. Para tener una idea, con ese dinero se podría hacer otro sistema de transporte como el del corredor azul, con un remanente para el combustible por un año. Citando otro ejemplo: ese valor es lo que costará el asfaltado de una carretera de 40 kilómetros en Cumbemayo (Cajamarca).
Pese a los antecedentes de estas empresas, en esa reunión el ministro Silva acordó otorgarles una amnistía de papeletas.
En detalle
Audios filtrados de aquel encuentro revelaron un acuerdo con los empresarios sobre varias medidas que ellos pedían, a cambio de no acatar el paro del 8 de noviembre: ampliar el permiso a todas las combis y coasters por diez años y remover a las cabezas de las principales entidades fiscalizadoras (ATU y Sutrán).
El cambio en la Sutrán se hizo efectivo el último jueves: Patricia Cama fue reemplazada por Doris Alzamora en la jefatura.
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Lo que pasó desapercibido es que uno de los pactos pendientes para esa reunión era la condonación de papeletas. Y se cumplió: en el acta firmada por Silva y otros nueve representantes de los gremios, finalizada la reunión, el MTC se compromete a presentar un proyecto de ley para generar una amnistía de multas.
En uno de los audios, se escucha a un representante del MTC explicar el escenario en que se debería realizar este proceso: “[...] De esta manera toda esa carga negativa de las deudas que tienen con el Gobierno puedan finalmente ser evitadas y todo vuelva a foja cero [...] pero hay que hacerlo normativo para no chocar también normativamente”.
También se acuerda que se hará una excepción con las multas “que lindan con el delito”, en referencia a infracciones como manejar bajo los efectos del alcohol.
Una fuente en el interior del MTC que conversó anónimamente con El Comercio admitió que ese grupo de gremios de transportes no tiene representatividad, “ya que simbolizan menos del 20% del universo total de empresas de Lima y Callao”. Aun así, salieron favorecidos. Lo que sí representan es a un sector con las peores prácticas informales.
“No hay ningún derecho a que los peruanos tengamos que subir en vehículos destartalados, aglomerados, sin horarios. No puede ocurrir que los políticos tomen decisiones que deberían ser técnicas”, sostuvo Adrián Revilla, presidente de la Asociación Cruzada Vial.
Un ejemplo de estas empresas deudoras, beneficiadas por el MTC, son aquellas representadas por el gremio Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), que deben S/18′460.000 (ver recuadro). El presidente de esta asociación es Martín Valeriano Napán, un chofer que arrastra 70 papeletas y un proceso judicial por homicidio culposo en el Séptimo Juzgado Penal.
Sin castigo
¿Por qué los choferes de transporte público acumulan tantas papeletas sin pagar?
En el 2012, la Policía de Tránsito perdió facultades para fiscalizar el transporte, y este trabajo pasó a ser parte de los inspectores. El problema radica en que las multas que imponen estos últimos no restan puntos en el brevete, a diferencia de las papeletas de la Policía de Tránsito, que al acumularse el historial del chofer se perjudica y puede conllevar a la suspensión del brevete.
Si una combi llegara a tener tantas papeletas como para estar bajo orden de captura, tampoco podrían intervenirla. Las gestiones municipales anteriores dejaron a Lima sin grúas suficientes ni espacio en los depósitos. En la capital hay cerca de 70.000 vehículos con orden de captura, pero no hay espacio para ninguno