“Tres APP con diferentes resultados”, por Angus Laurie

En los últimos meses se han desarrollado tres proyectos de asociación público-privada (APP) en Lima. Uno es el estacionamiento subterráneo bajo el parque Kennedy, en Miraflores; otro es el estacionamiento subterráneo en Rivera Navarrete, San Isidro; y el tercero es el proyecto de la Panamericana Norte. Los tres son ejemplos de desarrollo de infraestructura pública a través de inversiones privadas, que generan una concesión por un determinado tiempo. En teoría, todos ganan bajo este modelo.

Creo que este es el caso de los estacionamientos, que han sido positivos para sus respectivos entornos. Ubicados en centros de gran atracción para visitantes, funcionan para captar los autos una vez que llegan a su destino. Algunos estudios de otras ciudades muestran que hasta el 30% del tráfico en las urbes lo causan autos buscando donde estacionar. La idea de cobrar por estacionar permite establecer un precio de mercado, lo cual elimina el déficit y asegura que siempre haya algunos espacios disponibles. Esto es algo que beneficia a los negocios y a los peatones.

A su vez, los proyectos de San Isidro y Miraflores forman parte de una estrategia para promover la movilidad sostenible. Han permitido la ampliación de veredas al nivel de la calle, el desarrollo de ciclovías, y han reducido el tráfico y la congestión. Además, los dos estacionamientos están muy cerca de las futuras líneas de metro, donde tiene sentido empezar a limitar el número de estacionamientos en anticipación a un gran cambio en la accesibilidad a estos lugares. Creo que los dos representan buenos precedentes para lograr el bien público a través de la inversión privada.

El caso de la concesión de Rutas de Lima, en la Panamericana Norte, sin embargo, es otra historia. Según El Comercio, el cambio ha resultado en un aumento en el precio de los viajes en bus desde Puente Piedra de entre S/1,20 y S/1,50 a S/2. Para las personas que viven allí, lejos de las centralidades de Lima, esto significa una reducción de su acceso a la educación, a equipamientos o al trabajo. Desde una perspectiva de justicia social, el peaje en la Panamericana Norte ha reducido el derecho a la ciudad para los residentes de Puente Piedra.

Antes de las protestas violentas del jueves, el presidente, el alcalde y el concesionario lograron suspender el peaje por un mes, ganando tiempo para llegar a una solución. Un caso para estudiar es el peaje en la Panamericana Sur, del mismo concesionario. Con el mismo costo de ida y vuelta, este no resulta una injusticia social para una población específica porque está ubicado en el límite de la ciudad, cobrando solo a las personas que viajan largas distancias. Así, el costo del peaje es bajo en relación a la distancia o frecuencia del viaje. Además, los pocos residentes que viven en los distritos más allá del peaje, como los de San Bartolo o Santa María, pueden elegir ir por la Panamericana antigua para evitar el cobro.

Las APP son una solución viable para lograr construir infraestructura pública en Lima, pero, como todo, hay que saber cómo y dónde.