Con el durísimo impacto de la pandemia por el COVID-19 en el sector cultural, el Ministerio de Cultura (Mincul) aprobó la semana pasada los lineamientos de apoyo para las organizaciones y trabajadores de estas industrias. Santiago Alfaro, quien hace unas semanas asumió como jefe de la Dirección de Industrias Culturales del ministerio, nos ofrece detalles de este proceso y, de paso, aborda la discusión generada en los últimos días respecto al documental “Hugo Blanco, río profundo”, de Malena Martínez.
► Ministerio de Cultura aprobó lineamientos para apoyar a la cultura y al arte nacional
-Se aprobaron los lineamientos para el apoyo al sector afectado para la crisis. Y sí, habrá subsidios, pero no es solo eso. ¿De qué manera se va hacer efectivo?
El gobierno ha definido la entrega de subsidios como uno de los mecanismos para amortiguar el impacto económico de la pandemia en las industrias culturales y las artes. Para ese sector se tienen asignados S/43 millones, que se distribuirán en cuatro líneas de apoyo y en la adquisición de obras o compras de licencia, por ejemplo. Esto permitirá, entre otras cosas, que centros culturales o asociaciones puedan cubrir sus gastos operativos (alquiler, agua, luz) o que puedan utilizar esos recursos en adecuar sus servicios al nuevo contexto, como desarrollar una página web, una plataforma digital o emplear a trabajadores independientes. Ese es un paquete, la entrega de subsidios. Pero a la vez se está buscando priorizar el proceso de reactivación. Estamos desarrollando una estrategia para desarrollar protocolos que permitan en el plazo más breve posible que las organizaciones y los trabajadores culturales puedan adecuar su oferta y acceder al mercado de manera directa.
-¿Qué tipo de medidas específicas abarca esa reactivación?
El proceso más concreto y necesario es el de los protocolos que permitan poder transmitir, desde un espacio seguro, un concierto o una obra de teatro; que se permitan juntar personas, como los miembros de una agrupación musical; que se permita la venta de libros físicos (lo que ya se aprobó es la venta virtual). Lo mismo con los protocolos para rodajes de películas, entre otras actividades. La idea es que se pueda continuar con el trabajo siguiendo procedimientos sanitarios y con eso se tenga acceso a recursos del mismo mercado. Y también está el fortalecimiento de capacidades en cultura digital o en desarrollo de públicos. Estamos en pleno diseño de eso.
-¿Cómo evitar que un apoyo como ese se entrampe entre engorrosos trámites burocráticos?
El uso del dinero público siempre demanda procedimientos para garantizar la transparencia y la pertinencia de la asignación. Porque si uno quisiera operar de forma inmediata, esto estaría sujeto a muchos riesgos: que se beneficien personas que no sean del sector cultural o personas que no se han visto afectadas o alguien que no demuestre con certeza su capacidad para manejar esos recursos…
-Otros Richard Swing...
Otros casos polémicos, efectivamente. Sí es necesario que un apoyo como este sea efectivo, y estamos en ese esfuerzo. Pero hay que considerar también que esa efectividad debe generar un equilibrio, con una garantía de buen uso de los recursos. Y para eso se tienen que diseñar una serie de requisitos, criterios de selección, etc., que es lo que estará indicado en las bases.
-Hablando de criterios, ¿cómo se diseñan estos teniendo en cuenta que uno de los principales problemas del sector cultural es la falta de información sobre sus características?
Es cierto que falta información y por eso que una de nuestras prioridades es desarrollar un plan de gestión de la información. De hecho, en estos 15 días que venimos trabajando ya hemos preparado un borrador. Y ese plan contempla hacer un sistema de información para las industrias culturales y las artes, así como un registro de los trabajadores culturales, pues además lo exige el Decreto de Urgencia 058. Ahora bien, hay mucha información que no ha sido publicada porque no se procesa. Un ejemplo: teníamos la disyuntiva de cómo distribuiríamos los S/43 millones entre cada una de las líneas de apoyo. Y podríamos tomar decisiones en base al conocimiento previo que se tiene o a criterios personales, pero decidimos hacerlo en base a evidencias. Entonces le pedimos al equipo de gestión de la información que entregue estadísticas que nos permitan hacer esa distribución. Y lo hicieron. Midieron el nivel de pérdida por empresa o por trabajador cultural basándose en la encuesta anual de empresas y la encuesta nacional de hogares. Entonces no es totalmente cierto que no haya nada de información. Existe, pero se requiere fortalecer un equipo y tener un mecanismo que la procese de mejor forma.
-¿Qué hace falta para consolidar la institucionalidad de una cartera que cambia de ministro, en promedio, cada ocho meses?
Muchas veces los análisis en torno al ministerio se centran en la voluntad de sus funcionarios. Pero yo invitaría a la opinión pública a discutir algunas variables estructurales que pueden explicar esas debilidades. Y no solo son aspectos relacionados a la cultura. Por ejemplo, está el hecho de que hay poca articulación territorial, poco vínculo entre los ministerios y las regiones. Nosotros hemos puesto como una de las prioridades de la política transversal el fortalecer la relación con las Direcciones Desconcentradas de Cultura (DDC), que representan al ministerio en las 24 regiones del país, y hacer una estrategia junto con los gobiernos locales. Eso ya se ha comenzado a materializar, a tal punto que para hacer lo lineamientos del Decreto de Urgencia 058 hemos tenido hasta seis reuniones con las DDC, y estamos trabajando en constantes reuniones con los sectores culturales de diferentes regiones. Esa es la prioridad: fortalecer la institucionalidad del ministerio. Entonces, fuera del esfuerzo de ejecutar los recursos con rapidez y con mecanismos idóneos, también tenemos como objetivo ampliar las vías de comunicación con la sociedad civil, integrando a los ciudadanos mediante el recojo de sus opiniones. Todo esto aborda problemas estructurales del ministerio, y con eso lograríamos afrontar algunas de sus debilidades históricas.
-El gobierno de Bolivia ha decidido cerrar su Ministerio de Cultura al no considerarlo una prioridad. Suena atroz, pero hay gente que cree que podría imitarse. ¿Cómo entender que la cultura sí es prioritaria?
Una de las políticas de mayor consenso a nivel internacional es la del financiamiento de proyectos culturales. El Reino Unido lo tiene desde 1946, Argentina desde 1958, Chile desde 1999. En el Perú recién se lograron los estímulos económicos para la cultura en el 2018. Para poner un ejemplo, entre tantos otros, mencionaré el proyecto de una biblioteca comunitaria en el llamado Barrio Quijote de Puente Piedra, que fomenta la lectura en niños. En concreto, lo que van a conseguir es que esos niños amplíen su vocabulario y puedan establecer mejores relaciones con sus padres, porque también se hacen actividades familiares. Ese impacto en el desarrollo de capacidad de los individuos es el corazón de una política cultural. Y lo que se busca con los subsidios es justamente que la calidad de vida de las personas mejore, se amplíe, que tenga más posibilidades de tomar decisiones sobre su vida. Eso le permitirá incluso insertarse en el mercado laboral, porque hay un engranaje a veces oculto que no se toma en cuenta. No invertir o no generar gasto público en cultura tiene un impacto de largo alcance sobre las alternativas que tienen las personas para hacer lo que valoran en la vida.
-Aunque ya hemos hablado de plazos y protocolos necesarios, hay gente que se pregunta cuándo es que podrá recibir el apoyo efectivo del ministerio.
Esa es una pregunta absolutamente pertinente. Estamos acelerando todos los procesos, que tienen fases. Primero se tenían que hacer los lineamientos, luego las bases. Y junto con las bases está la plataforma para que la gente pueda acceder. Todo eso es nuevo, no se podía inventar de un día para el otro. El objetivo es convocar las bases en las próximas dos semanas, y ya poder postular a través de la plataforma a inicios de julio. Ese es el horizonte.
-En otro tema, ha habido reclamos de algunos sectores por el apoyo del Ministerio de Cultura al documental “Hugo Blanco, río profundo” de Malena Martínez. Lo acusan de apología del terrorismo. ¿Qué responder frente a ello?
El Ministerio de Cultura desarrolla una política de financiamiento de proyectos culturales que sigue los estándares que existen a nivel internacional. Esto consiste en destinar subsidios que son evaluados por jurados independientes, por la sociedad civil. Aquí no hay ningún funcionario que busque orientar los contenidos simbólicos o hacer un dirigismo cultural. Al mismo tiempo, este mecanismo de decisión a través de jurados permite evitar la corrupción. En este caso, se ha procedido siguiendo los pasos requeridos para que se dé de manera transparente el apoyo a un proyecto que postuló y que un jurado especializado decidió premiar. No hay más. Nosotros no definimos el contenido de ninguna película o proyecto, justamente porque estaríamos incurriendo en la restricción de la libertad de expresión.
-Un acto de censura.
Así es. Además, el estímulo no solo se ha hecho mediante un jurado, sino a través de un mecanismo regulado, que tiene un marco legal e institucional. Fuera de eso, los proyectos pueden estar sujetos a una polémica social, pero el Estado no puede estar imponiendo un contenido u otro.
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