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Pese a que el proyecto para una nueva ley de cine, impulsado por la congresista Adriana Tudela, ha recibido mayoritario rechazo por parte del gremio cinematográfico en el Perú –se han pronunciado en contra cineastas como Luis Llosa, Francisco Lombardi, Rossana Díaz Costa, Tito Catacora, entre otros–, el último martes 11 de junio fue debatido, votado y aprobado en el Pleno del Parlamento, con sorprendente celeridad.
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Para Gabriel Quispe, vocero del colectivo En defensa del cine peruano, hay dos puntos especialmente críticos en esta ley que parece ir en camino a promulgarse: el primero es una eventual censura bajo criterios subjetivos y cuestionables. “[La ley] señala que aquellos proyectos que atenten contra cuestiones como el orden jurídico o la seguridad nacional no van a poder participar, serían descalificados sin que pasen al jurado”, explica el especialista en diálogo con El Comercio.
En segundo lugar, Quispe lamenta que el proyecto busque disminuir los recursos y estímulos, en particular para el cine hecho en regiones que no sean Lima. “Excepto las óperas primas, el proyecto estipula que los proyectos solo podrán recibir el 70% del presupuesto. O sea, todos los cineastas regionales deberán buscar el otro 30% en otro lado, muy probablemente de fondos extranjeros”, advierte el crítico de cine y escritor.
Quispe agrega una preocupación más al tema, en torno al debate de un viejo pendiente en nuestro país: la creación de una Comisión Fílmica (o Film Commission, oficina de apoyo y gestión para la producción audiovisual internacional en el Perú). “Lo que se busca es que Prom Perú asuma el manejo de esta institución, pero en todo el mundo una Comisión Fílmica es un ente especializado en lo cinematográfico. Prom Perú podrá saber muchas cosas vinculadas al turismo, y ciertamente puede ser un aliado, pero no tiene las competencias y habilidades para este tema”, señala.
Adriana Tudela impulsó su proyecto de una nueva ley de cine desde el año pasado. (Foto: Renzo Salazar)
/ DEFENSA Y REACCIONES
Tras la aprobación de la ley en el pleno, la congresista Adriana Tudela insistió en que su proyecto es “indiscutiblemente beneficioso para la industria”. Respecto a las críticas por el recorte de presupuesto para películas regionales, la parlamentaria dijo que en realidad recibirían “más presupuesto del que recibía antes”.
Sobre la acusación por el supuesto mecanismo de censura, Tudela Gutiérrez dijo que en realidad se trata de una cláusula “sumamente razonable y de sentido común”. “Si alguien quiere realizar un proyecto cinematográfico, película o corto que vaya en contra del Estado de derecho o que tenga un motivo revolucionario, está en plena libertad de hacerlo, pero con fondos particulares y no con fondos de todos los contribuyentes”, declaró en Canal N.
Por su parte, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, adelantó que su cartera observará la ley aprobada por el Congreso. “Vamos a observar la norma porque no ha recogido las propuestas y las consideraciones que fueron enviadas en su momento desde el Ministerio de Cultura, desde la parte técnica, sobre todo”, sostuvo.
Sin embargo, esta promesa no ha generado tranquilidad en el colectivo En defensa del cine peruano. “Yo creo que ese anuncio es totalmente postizo –señala Gabriel Quispe–.La ministra Urteaga ha desperdiciado varios meses en los que ha podido pronunciarse oportunamente para que la posición del Ministerio de Cultura sea claramente enviada a las dos comisiones [Economía y Cultura] del Congreso”. En ese sentido, el especialista teme que, pese a la observación de la ley por parte del Ejecutivo, esta sea eventualmente aprobada en el Pleno por insistencia.
Sobre las posibles consecuencias en el corto plazo que podría acarrear la ley, Quispe opina que las producciones nacionales podrían verse seriamente mermadas en calidad y cantidad. “Se está abriendo una puerta para un deterioro muy grave del cine peruano”, concluye.
