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A mediados de febrero una noticia conmocionó a Argentina: un fiscal pidió que se impute a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el posible encubrimiento del peor atentado terrorista en la historia del país.
La semana última un juez desestimó ese pedido y ahora el caso será definido por la Cámara Federal, ante la cual el fiscal apeló esa decisión.
Boudou es el primer vicepresidente en funciones en la historia argentina en estar procesado por la Justicia.
Sin embargo, esta no es la primera vez que la jefa de Estado y las máximas figuras del gobierno son investigadas por la Justicia.
Argentina ya cuenta con un precedente único: el número dos de Fernández, Amado Boudou, es el primer vicepresidente en funciones en la historia argentina en estar procesado.
Boudou fue acusado en julio de 2014 de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública por el llamado caso Ciccone: la compra irregular de una imprenta de papel moneda cuando era ministro de Economía, antes de ser vicepresidente.
A finales de febrero la Cámara Federal de Buenos Aires confirmó el procesamiento, por lo que Boudou deberá ir a juicio.
Según la fiscalía, ese proceso no será inminente sino que podría ocurrir a fin de año o en 2016, es decir, una vez que Boudou termine su mandato (que culmina en diciembre, con el recambio presidencial que seguirá a las elecciones generales).
El abogado constitucionalista Gregorio Badeni explicó a BBC Mundo que la situación judicial del vicepresidente es muy distinta a la de Fernández.
A diferencia de un procesamiento, una imputación -como la pedida para la presidenta- no significa que se la esté acusando de un delito, sino simplemente que existen sospechas que podrían ameritar una investigación (si así lo considera un tribunal).
OTRAS CAUSAS
Además de estar acusado por el caso Ciccone, Boudou también fue procesado en 2014 por la presunta falsificación de documentos para transferir un viejo auto importado que compró hace 20 años.
Y el vicepresidente está imputado en dos causas judiciales más: por un plan de viviendas inconcluso que autorizó hace diez años, cuando era un funcionario municipal, y por presunto enriquecimiento ilícito.
La sospecha de incremento indebido de patrimonio es una de las principales denuncias que han enfrentado varios de los miembros del gobierno desde la llegada al poder del kirchnerismo en 2003.
Uno de los más denunciados fue la propia pareja presidencial de Néstor Kirchner (2003-2007) y su sucesora y esposa, Fernández, quienes fueron imputados y luego sobreseídos dos veces por sospechas de enriquecimiento ilegal.
La primera vez fue por el crecimiento supuestamente desmedido de su patrimonio entre 2005 y 2007, y la segunda por un aumento de 158% en su riqueza entre 2008 y 2009.
Kirchner (quien falleció en 2010) y Fernández fueron imputados y sobreseídos dos veces por enriquecimiento ilícito.
Dos jueces desestimaron esas sospechas, lo que causó mucha controversia en su momento en el país.
Hoy en día los bienes de la presidenta siguen estando bajo la lupa judicial.
El magistrado federal Claudio Bonadio –el mismo que procesó a Boudou por la falsificación de documentos- investiga si una empresa hotelera que pertenece a Fernández y a su familia es parte de una operación de lavado de dinero.
EL CASO HOTESUR
La causa surgió luego de que el diario La Nación reveló que la sociedad anónima Hotesur, que administra distintos hoteles y tiene a la presidenta entre sus accionistas y a varios familiares de Fernández en su directorio, alquiló cientos de habitaciones al empresario Lázaro Báez, un aliado del gobierno.
Báez es el principal concesionario de obra pública en la provincia de Santa Cruz, que fue gobernada por Néstor Kirchner desde 1991 hasta 2003, cuando llegó a la presidencia.
Según el diario, el acuerdo preveía el pago del alquiler de las habitaciones ya sea que se usen o no.
El juez investiga si el acuerdo pudo haber ocultado una maniobra de blanqueo de divisas ilegales o una devolución de favores por la adjudicación de obras públicas.
En noviembre pasado, Bonadio ordenó el allanamiento del domicilio legal de Hotesur S.A., en Buenos Aires, luego de que la diputada opositora Margarita Stolbizer denunciara a la compañía por no entregar todos sus balances a la Inspección General de Justicia.
El juez halló una oficina vacía.
Los legisladores de la oposición exigen que Boudou renuncie pero, con el apoyo de su partido que es mayoría en el Congreso, el vicepresidente evitó el juicio político.
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