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Dos fiscales de instrucción dictaron 35 prisiones preventivas contra imputados por los robos y saqueos producidos en la provincia argentina de Córdoba en los primeros días de diciembre, en medio de una huelga de la policía.
Sobre los implicados, “muchos tenían trabajo y hasta estudios universitarios” y se consideró que “contribuyeron a desatar la sensación de una guerra de todos contra todos”, detalló el diario “La Nación”.
El fiscal Raúl Garzón, dispuso la medida contra diez personas, mientras que su par José Mana hizo lo mismo respecto a otros 25 imputados.
Mana aseguró que los imputados “se apoderaron de las calles con claros fines ilícitos, generando una gran perturbación pública donde personas y bienes se encontraban en un estado de total indefensión merced a la carencia del personal policial”.
Garzón tuvo en cuenta que “muchos de los acusados no contaban con antecedentes y tenían ocupaciones, y hasta estudios universitarios en algunos casos, lo que merece un reproche especial, porque revela que eran personas insertadas socialmente”.
La saqueos, según el fiscal, se centraron en productos “de segunda y tercera necesidad” y no en alimentos u otros de primera necesidad, por lo que “las penas podrían ser superiores a los tres años de prisión, y por ende de cumplimiento efectivo”.
Tras la huelga policial en Córdoba en reclamo de una mejora salarial, las protestas se extendieron a casi todas las provincias del país, en las que se produjeron robos y actos de violencia que dejaron al menos 12 muertos.
