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Casi veinte años después de aquella fatídica mañana del 11 de setiembre del 2001, las preguntas sobre quién estuvo, realmente, detrás de los atentados que cambiaron la historia del mundo moderno no han perdido vigencia. De hecho, sigue habiendo más dudas que certezas sobre una de las tramas más complejas del terrorismo internacional que mató a casi 3 mil personas en Nueva York, Washington y Pensilvania, sin contar las consecuentes intervenciones militares en Afganistán e Irak.
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¿Pero qué pasa con el país aliado de Estados Unidos y en el que nacieron 15 de los 19 terroristas que estrellaron los aviones, además de Osama bin Laden, el líder de Al Qaeda?
Arabia Saudí siempre ha rechazado categóricamente cualquier tipo de participación o involucramiento. Pero lo mismo no piensan los miles de familiares de las víctimas y sobrevivientes que desde hace unos años presentaron una demanda millonaria contra el reino wahabí, a quien acusan de complicidad en los atentados.
Las sospechas no son nuevas, pero se reavivaron estos días cuando los deudos enviaron una carta al presidente Joe Biden solicitándole que no asista a la próxima conmemoración en Nueva York del 20 aniversario si es que no se publican los documentos clasificados que señalarían la supuesta responsabilidad de los saudíes.
“Veinte años después, simplemente no hay ninguna razón -argumentos sin mérito de ‘seguridad nacional’ o de otro tipo- para mantener esta información en secreto”, reza la carta firmada por 1.600 personas.
“A través de múltiples gobiernos, el Departamento de Justicia y el FBI buscaron activamente mantener esta información en secreto y evitar que el pueblo estadounidense sepa toda la verdad sobre los ataques del 11 de setiembre”, añaden.
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Familiares de las víctimas del 11-S en una conferencia de prensa el pasado 5 de agosto frente al Capitolio exigiendo la desclasificación de documentos. BLOOMBERG
/ Al DragoEste lunes, la misiva trajo consecuencias, pero no desde la Casa Blanca sino desde el FBI, que emitió un comunicado señalando que había “decidido reexaminar” algunos documentos considerados sensibles y catalogados como “secretos de Estado privilegiados” con el fin de identificar “qué información adicional sería apropiado hacer pública”.
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Los documentos se han mantenido clasificados desde los gobiernos de George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump argumentando preocupaciones de seguridad nacional.
Responsabilidades
La comisión del Congreso que investigó los atentados señaló en su informe final del 2004 que no se encontraron evidencias de que el gobierno saudí o funcionarios de alto rango del reino hubieran financiado a Al Qaeda, aunque sí hubo organizaciones benéficas saudíes que habrían desviado dinero.
Aunque el informe completo fue desclasificado recién en el 2016, otros papeles del Pentágono y del FBI han permanecido restringidos, y son a los que las familias de las víctimas quieren tener acceso para poder sustentar sus demandas judiciales y comprobar que funcionarios saudíes estuvieron involucrados y ayudaron a algunos de los terroristas.
La atención está centrada en dos de los secuestradores saudíes, Khalid al-Mihdhar y Nawaf al-Hazmi, quienes fueron los primeros en llegar a Estados Unidos y abrieron el camino para el resto de secuestradores, incluyendo Mohamed Atta. Los dos, que se habían entrenado como yihadistas en Bosnia y Afganistán, se establecieron en San Diego desde enero del 2000, donde rápidamente hicieron una red de contactos inusuales para dos inmigrantes que casi no hablaban inglés.
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Khalid al-Mihdhar y Nawaf al-Hazmi fueron los primeros terroristas, del grupo de 15, en llegar a EE.UU. en enero del 2000. Ambos se habían entrenado como yihadistas en Bosnia y Afganistán.
Apenas el año pasado se conoció -gracias a una investigación conjunta de ProPública y New York Times- que agentes del FBI siguieron estas pistas por años bajo la Operación Encore, donde descubrieron que ambos terroristas fueron apoyados por saudíes influyentes, y que ese apoyo fue coordinado por Abdullah bin Laden, un funcionario en la embajada de Arabia Saudí en Washington, quien no habría podido actuar por su cuenta.
Sin embargo, esta investigación fue torpedeada dentro del mismo FBI, que puso trabas a los dedicados agentes, muchos de los cuales terminaron retirándose o dedicándose a otras asignaciones, lo que ha alimentado aún más la indignación de los deudos que, 20 años después, siguen esperando respuestas.
La pista de San Diego
La investigación periodística da cuenta de los hallazgos del ahora agente en retiro Daniel Gonzalez, quien pasó los últimos 15 años de su carrera empecinado en seguir la conexión saudí en San Diego.
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Según lo que él y otros colegas que trabajaron en la Operación Encore descubrieron, Al-Hazmi y Al-Mihdhar llegaron a Los Ángeles en el año 2000 donde fueron recibidos por un saudí, quien les recomendó instalarse en San Diego, California, y les ayudó a alquilar un departamento. Ese sujeto, Omar al-Bayoumi, había trabajado para el gobierno saudí y incluso la policía le había hecho seguimiento por sus actividades sospechosas.
Uno de los contactos de Al-Bayoumi era Fahad al-Thumairy, un diplomático acreditado en el consulado saudí en Los Ángeles y que además lideraba una facción extremista en su mezquita, y quien también habría conocido a los secuestradores.
Ambos sospechosos abandonaron Estados Unidos semanas antes de los ataques del 2001.
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Los atentados del 11 de setiembre del 2001 contra las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono en Washington y el avión que se estrelló en Pensilvania dejaron casi 3 mil muertos. AFP
/ DOUG KANTEREsta información no fue considerada consistente por la comisión parlamentaria establecida después de los atentados como para señalar que el gobierno de Arabia Saudí había financiado el secuestro de los aviones, ni tampoco por los altos mandos de la CIA o el FBI, que emitieron un documento conjunto en el 2005.
Según da cuenta un reciente informe de la agencia AP, el exagente Stephen Moore declaró en el 2017 que Al Qaeda no habría enviado a Al-Hazmi y Al-Mihdhar a Estados Unidos “sin una estructura de apoyo”. Dijo que creía que Bayoumi era un “agente clandestino” y que Thumairy sabía que los secuestradores “estaban en una compleja misión planificada previamente” que implicaría el uso de aviones.
El exagente especial Richard Lambert, quien dirigió la investigación inicial del FBI en San Diego, expresó a ProPublica y “The New York Times” que incluso si la evidencia del FBI de una posible participación saudí en el caso no es concluyente, es lo suficientemente significativa como para que sea completamente divulgado. “Dado el tiempo transcurrido, no conozco ninguna razón por la que deba ocultarse la verdad al pueblo estadounidense”.
Durante todos estos años, los altos mandos del FBI han negado que el hecho de que Arabia Saudí sea un estrecho aliado de Estados Unidos haya influido en el curso de las investigaciones. Sin embargo, otros agentes revelaron que esta relación fue inevitable durante el proceso.
A Lambert le sorprendió la rápida conclusión a la que se llegó para desvincular a los saudíes. “Fue muy evidente para mí que esa fue una decisión que se tomó a un nivel muy alto”, explica. Ahora él asesora a los abogados de los deudos del 11 de Setiembre, un destino que comparte con González, quienes aún no descansan para llegar a la verdad.
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