Las cifras que demuestran que la CIDH no persigue a los gobiernos “progresistas”

“Instituciones como esta nefasta Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo menos que hacen es defender los Derechos Humanos. Es un cuerpo politizado, utilizado por el imperio para agredir a gobiernos como el venezolano”.

De esta manera, por allá en el 2010, el fallecido Hugo Chávez comenzó sus amenazas de sacar a Venezuela de la jurisdicción del organismo, lo cual ocurrirá por estas fechas el próximo año, si continúa el proceso de retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA) que inició su sucesor, Nicolás Maduro, el año pasado.

Los tres duros informes que ha publicado en los últimos 16 años -en los que la instancia ha dejado registro del progresivo deterioro de las garantías fundamentales que sufren los venezolanos-, las decenas de demandas que ha llevado a la Corte Interamericana y las cientos de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos que estudia, junto a sus comunicados, han colmado la paciencia del régimen chavista, que ha acusado a la CIDH de ser un apéndice de la Casa Blanca.

Entre los argumentos de Caracas para justificar sus acusaciones está que el organismo tiene su sede en Washington, EE.UU., y que parte de los fondos con los que opera los aporta ese mismo país. Esto a pesar de que esa nación no es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Pero no solo Venezuela ha esgrimido estos argumentos. Bolivia, Nicaragua y Ecuador -durante el gobierno de Rafael Correa-, realizaron cuestionamientos similares. “Yo considero a la CIDH como otra base militar”, declaró en el 2013 Evo Morales, quien ese año también amenazó con sacar a su país del organismo, alegando que estaba financiado por EE.UU. para "juzgar a los países”.

Las críticas forzaron a la Comisión reformar su reglamento en el 2012, para ofrecerle a los estados más posibilidades de defenderse, especialmente antes de dictar medidas cautelares (órdenes urgentes); e incluso se pensó en mudar su sede. Sin embargo, las críticas persisten. ¿Es la CIDH un organismo sometido a las directrices de Washington? Los datos publicados por esa instancia en su último informe anual y las experiencias de activistas de derechos humanos lo niegan.

De las 2.494 peticiones que el organismo regional recibió en el 2017, 221 eran contra los países críticos (Venezuela con 53, Bolivia con 50, Ecuador con 107 y Nicaragua con 11), mientras que solamente contra EE.UU. recibió 109, y países como México, Colombia o Perú, que mantienen relaciones cordiales con la Comisión, encabezaron nuevamente la lista de denuncias. Contra México llegaron 819 casos, 536 contra Colombia y 195 contra Perú.

Un comportamiento similar se observa con las denuncias que admitió. El organismo anunció que revisaría 50 casos de países críticos con su labor (23 de Ecuador, 13 de Venezuela, 8 de Nicaragua y 6 de Bolivia), mientras que de EE.UU. analizará 9. Los estados con los que mantiene relaciones fluidas se llevaron la peor parte. Colombia, con 99, encabeza la lista de nuevos procedimientos por presuntas violaciones a los Derechos Humanos, seguida por Guatemala, con 68; y Chile con 66. Perú, en esta categoría, está en el sexto lugar con 25.

Pero donde más claro queda la Comisión no tiene ninguna obsesión con los países con gobiernos “progresistas” es en el reglón relacionado con las demandas que llevó a la Corte Interamericana, la cual tiene su sede en San José (Costa Rica). De las 17 querellas que el año pasado introdujo por abusos, solo dos fueron contra Venezuela, mientras que 5 fueron contra Guatemala, 4 Perú, 2 Argentina y uno contra Chile, Honduras, Paraguay y El Salvador, respectivamente.

- Acusaciones sin sustento -

Desde la CIDH rechazaron entrar en una diatriba. “Aquí no se persigue a nadie, estamos para atender a las víctimas”, señaló uno de sus integrantes, quien pidió mantenerse en el anonimato.

Opiniones similares tienen activistas de derechos humanos consultados.

“La Comisión ha cumplido un rol importante en las Américas no solo ahora sino en el pasado. Fue la voz más intransigente y más fuerte contra las dictaduras en el Cono Sur. Fue una voz creíble que aportó documentación imprescindible para que los hechos de ocurridos en las dictaduras de (el chileno Augusto) Pinochet, (el argentino Jorge) Videla y (el paraguayo Alfredo) Stroesner no quedaran impunes”, afirmó Liliana Ortega, directora de Cofavic, la organización venezolana que más casos ha llevado a esa instancia.

En similares términos se pronunció el también defensor Marino Alvarado, quien señaló: “Uno de los argumentos del Gobierno venezolano, y de sus aliados, para atacar a la Comisión es que durante el chavismo se puso más activa, pero no toman en consideración que antes de 1989 casi no existían organizaciones de Derechos Humanos en Venezuela y se conocía muy poco el sistema interamericano”.

El primer caso de Venezuela que se llevó a la CIDH fue la masacre de El Amparo, cometida por militares contra un grupo de pescadores a los que pretendieron hacer pasar por guerrilleros colombianos en 1986; y se llevó en el año 1990.

“A lo largo del chavismo creció el número de organizaciones y por eso se elevó el número de casos que llegaron a la Comisión”, agregó Alvarado, quien respecto al argumento sobre los fondos replicó: “Ojalá todos los gobiernos aportaran al fortalecimiento del Sistema, en lugar de andar quejándose porque EEUU lo hace”.

ENTREVISTA

Santiago CantónEx secretario general de la CIDH

“Venezuela intentó todo por destruir a la Comisión y no se supieran sus violaciones a los DDHH”

Si alguien conoce bien las críticas de Venezuela y de sus aliados contra la CIDH es el argentino Santiago Cantón, quien durante la década que ocupó la Secretaría General del organismo soportó no pocos ataques incluso del propio Hugo Chávez, a quien no duda en acusar de “mentir” para destruir a la instancia.

—Venezuela y otros países han acusado a la CIDH de ser un apéndice de EE.UU. por tener su sede en Washington y porque buena parte de los fondos con los que opera salen de ese país. ¿Qué responde usted?
La virtud más importante de la CIDH a lo largo de su historia ha sido su independencia de los gobiernos y de las sociedades civiles, lo cual le permitió condenar con la misma dureza a las dictaduras del Cono Sur como al régimen autoritario de Alberto Fujimori en el Perú o a los abusos cometidos por Chávez en Venezuela. Durante mi gestión la CIDH había emitido más comunicados y medidas cautelares contra EE.UU. que contra Venezuela.

—¿A qué atribuye estos señalamientos?
Matar al cartero, eso lo que buscaba Chávez y ahora Maduro (…) Los argumentos de Venezuela son mentiras y los datos de la CIDH hablan por sí mismos. México y Perú tienen más denuncias y casos admitidos que Venezuela. Los ataques de Chávez y de Maduro lo que buscan ocultar las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el chavismo.

—¿Pero no solo Venezuela ha cuestionado a la CIDH?
Durante un tiempo hubo una alianza de gobiernos de derecha y de izquierda para tratar de silenciar a la CIDH, porque a gobiernos como los de Álvaro Uribe (en Colombia) les resultaban tan incómodas las denuncias del organismo, por los abusos cometidos por el Ejército y la policía contra campesinos en la lucha contra la guerrilla, como las que se hacían contra el chavismo (…) Venezuela lo intentó todo por destruir a la CIDH. Así llegaron a tener a una comisionada infiltrada (Luz Patricia Mejias), que aún sigue en la OEA. Todo con el propósito de que no se supieran sus violaciones contra los venezolanos, pero no lograron.