El último domingo se cumplieron 15 días desde que cientos de manifestantes llegaron hasta Ottawa para reclamar que se elimine la exigencia del pasaporte COVID para los camioneros que transitan entre Estados Unidos y Canadá. Durante este tiempo, los integrantes del denominado “convoy por la libertad” han puesto en jaque al gobierno de Justin Trudeau cortando importantes vías y llevando a que la capital canadiense sea declarada en emergencia.
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Además, han ido sumando apoyo en diferentes lugares del globo, desde Francia hasta Nueva Zelanda. Con el paso de los días, el reclamo ha evolucionado de pedir que se elimine el requisito para los camioneros a exigir que se levanten las medidas dictadas por el gobierno para intentar frenar la pandemia de COVID-19.
“Estoy en contra de usar mascarilla, de todas las medidas de distanciamiento y el cierre de restaurantes (…) vacunarse debe ser una decisión entre una persona y su médico, no del Gobierno”, expresaba un manifestante identificado como John Hawley-Wight a la agencia AFP durante las manifestaciones.
Ante la presión, diferentes regiones canadienses han ido suavizando las restricciones contra el coronavirus durante estos días y en otros casos, como el del primer ministro de Quebec, Francois Legault, anunciado que lo harán antes de que finalice marzo.
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Apoyo foráneo
Las movilizaciones en Ottawa, que no tardaron en replicarse por otras ciudades canadienses como Toronto o Quebec, también consiguieron expandirse más allá de las fronteras del país norteamericano.
En Francia, por ejemplo, se han registrado “convoyes por la libertad” en Niza, Brest, Perpiñán, Lille y Estrasburgo. Aunque en el caso galo los camioneros no se han sumado a las movilizaciones sí lo han hecho los “chalecos amarillos”, como se conoce al grupo antigubernamental protagonista de las masivas protestas de fines del 2018.
Además, cientos de manifestantes intentaron movilizarse por París el último fin de semana, una acción que fue finalmente neutralizada por la policía ante la prohibición por parte del Gobierno de Emmanuel Macron.
Al otro extremo del mundo, en Nueva Zelanda, también se registraron convoyes de camiones y caravanas que bloquearon los accesos hacia The Hive (La Colmena), como se conoce al Parlamento nacional, ubicado en Wellington.
Eventos similares se han convocado en los Países Bajos, Polonia, Bélgica y Austria, llevando a que las autoridades de algunos de esos países las prohibieran.
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¿Qué piden?
Libertad.
Es la palabra más utilizada durante estas manifestaciones y ha sido direccionada desde diferentes ejemplos por quienes participan de ellas.
Los asistentes a los convoyes aseguran que la exigencia de los pasaportes COVID es discriminatorio y que les impide realizar sus actividades cotidianas básicas, tales como trabajar, por citar el ejemplo de los camioneros.
También se pueden leer argumentos, especialmente en redes sociales, donde aseguran que los gobiernos no deben interponerse en la decisión de inocularse la vacuna, algo que consideran debería quedar en estricta privacidad entre los ciudadanos y sus doctores.
Muchos otros cuestionan la efectividad de las medidas dispuestas desde marzo del 2020; es decir, desde los confinamientos hasta el uso de mascarillas y, finalmente, la aplicación de las vacunas contra el coronavirus.
¿Cuál ha sido la respuesta de los gobiernos?
En el caso puntual de Canadá, la Administración de Trudeau ha apostado por enfrentar a las protestas con la justicia y las fuerzas policiales locales. Esto le ha permitido, por ejemplo, que los tribunales fallen a su favor en cuanto a prohibir que los camioneros hagan sonar sus bocinas durante el plantón de Ottawa, argumentando que podría acarrear daños a largo plazo para los vecinos de la zona.
Otra victoria del gobierno en tribunales fue la orden de despejar el puente binacional Ambassador, una de las principales vías de comercio entre Estados Unidos y Canadá.
Además, luego de dictar el estado de emergencia en la ciudad, las autoridades han advertido que de no acatarlo los manifestantes podrían ser sancionados con multas económicas o detenciones.
Las autoridades han basado la exigencia de la vacunación en las cifras reportadas desde los centros médicos durante las diferentes olas de COVID-19. Por ejemplo, durante la ola de la variante ómicron que arreció en el país a mediados de enero, el 50% de personas en unidades de cuidados intensivos en Quebec no tenía ninguna dosis contra el coronavirus.
Ante esto, en diferentes ciudades se impulsó la iniciativa de multar a quienes decidan no vacunarse pese a tener la posibilidad de hacerlo.
Un escenario similar se vive en Francia, uno de los países con las mayores tasas de antivacunas en el mundo. Un sondeo realizado en noviembre del 2020 por Ipsos reveló que el 46% de franceses adultos no estaba dispuesto a recibir una dosis de la vacuna contra el COVID-19.
Un año antes otro sondeo, esta vez de Gallup, mostraba que 1 de cada 3 franceses consideraba a las vacunas peligrosas, siendo el país con el porcentaje más alto de las 144 naciones donde se realizó el estudio.
Las cifras actuales muestran que el 77% de la población francesa está completamente vacunada contra el COVID-19, en parte justificado por las limitaciones que implica no contar con el pasaporte sanitario.
En Nueva Zelanda la situación es diferente. Este país, aplaudido globalmente por su manejo de la pandemia, parece estar atravesando por una suerte de hartazgo ante tantas limitaciones.
El Gobierno de Jacinda Ardern ha sido uno de los más estrictos al momento de ordenar confinamientos, cuarentenas para los recién llegados y cerrar fronteras.
La Administración neozelandesa se justifica apoyada en sus cifras: 53 muertes, 18 mil contagios y el 77% de la población con la pauta completa de vacunación.
Sin embargo, los sondeos también muestran un incremento en el descontento por la duración de las restricciones, pese a las buenas cifras que muestra el país, reseña un artículo de la BBC.
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¿Desobediencia civil o deseo de libertad?
Sin duda alguna la situación que se vive en Ottawa es extremadamente compleja y debe ser entendida desde diferentes ángulos.
“No es una causa única. No se trata del mismo grupo de gente. Son colectivos diferentes que confluyen en algunos puntos. En general, lo que parece tener más fuerza, por lo menos en países como España o Alemania, donde se ha hecho investigación al respecto, tiene que ver no tanto con una desobediencia civil sino con la defensa de un estilo de vida y de una mirada al mundo. Son personas que practican formas de cuidado personal asociado a la medicina homeopática. No es una religión o un movimiento, es una forma de pensamiento muy extendida en las culturas populares. Es todo un estilo de vida que intenta priorizar el uso de elementos naturales en lugar de elementos químicos o farmacéuticos”, explica a El Comercio Raúl Castro, antropólogo y decano de Comunicaciones y Publicidad de la Universidad Científica del Sur.
“En Alemania y España han dimensionado al grupo y son alrededor del 30% de la población. No son minorías descartables sino importantes segmentos poblacionales. Desde la gestión pública son grupos de interés que no puedes ignorar. Ahora, en estas marchas tienes la sumatoria de grandes públicos y en ello siempre vas a encontrar a ciertos grupos extremos, como los que han puesto en jaque a Ottawa”, agrega.
Castro opina, además, que el gran reto para los gobiernos es encontrar un equilibrio para dar espacio al legítimo derecho de la manifestación civil, pero también para informar a los ciudadanos sobre los motivos detrás de sus decisiones.
“Existe una retórica libertaria ciertamente. Por supuesto se trata de expresiones legítimas de ciudadanos. Mi opinión personal es que si estás situado en la gestión pública de un país debes evaluar cómo tomar decisiones con la mejor información a la mano. Si la información más rigurosa te dice que vacunar dos o tres veces a la población reduce drásticamente la tasa de mortalidad y de hospitalizaciones graves, tu decisión debe ir por ahí. Con las vacunas no hay discusión. Hay otros temas más discutibles, como las mascarillas por ejemplo. Está el caso sueco donde hay una sociedad muy disciplinada y se siguen las recomendaciones de distancia social. Se podría discutir si es bien manejado”, explica.
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