Puerto Rico no es un país. Es un estado asociado a Estados Unidos. Goza de la protección de la primera potencia, pero su estatus es una especie de limbo. La autoproclamada tierra de la libertad aún tiene colonias y Puerto Rico es una de ellas.
Esto ha quedado en evidencia desde hace días atrás cuando el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, dio una declaración dramática a “The New York Times”: “Tenemos una deuda impagable. Nuestra situación es insostenible”.
Efectivamente, Puerto Rico tiene una deuda pública de 72 mil millones de dólares y busca la manera de pagarla sin tener que sacrificar a su población. Puerto Rico no quiere ser Grecia.
Una de las alternativas que encontró el gobierno local fue pedir una excepción para acogerse a la ley de bancarrota norteamericana, y así poder negociar mejor con sus acreedores. Así lo hizo Detroit hace dos años. Esta ciudad del estado de Michigan se acogió a la ley de quiebras para reestructurar su deuda, y así lidiar con las altas tasas de desempleo, la caída de la población y el escaso crecimiento económico.
Por tratarse de un estado libre asociado a Estados Unidos, Puerto Rico no puede acogerse a la ley de bancarrota norteamericana como el resto de los 50 estados del país.
Por ello, el año pasado en San Juan se aprobó la ‘ley de quiebra criolla’ que pretendía establecer un mecanismo propio de bancarrota y hacer viable la quiebra de las empresas públicas de la isla. La idea, en resumen, era empezar de cero.
Pero el pasado lunes 6 de julio, la justicia estadounidense no los dejó siquiera empezar. Un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones de Boston declaró inconstitucional esta ley, al señalar que Puerto Rico debe acogerse a la legislación federal.
Es decir, por su estatus la isla goza de autonomía en varios aspectos, pero está amarrado al gobierno federal de Estados Unidos. Una especie de callejón sin salida.
“Puerto Rico no es una ciudad estadounidense como Detroit, ni es un país soberano como Grecia. Así que es la primera vez que un estado no se puede acoger al Fondo Monetario Internacional ni tampoco a la ley de quiebras de Estados Unidos”, señaló con desazón el presidente del Senado puertorriqueño, Eduardo Bathia.
Las voces disidentes ya empezaron a sonar con fuerza en la isla. “¿Qué más espera el gobierno de Puerto Rico para darse cuenta que hay que enfrentar el problema del estatus?”, dijo Rubén Berríos, presidente del Partido Independista Puertorriqueño.
Otros reclaman que Puerto Rico se anexe plenamente a Estados Unidos para evitar esta situación de indefinición. “Nuestro principal problema es el estatus”, ha dicho Pedro Pierluisi, líder del principal partido opositor.
Las quejas llegaron incluso del oficialista Partido Popular Democrático: “Esta decisión pone de manifiesto las duras limitaciones de la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos”, dijo el senador Cirilo Tirado. “Nuestro estatus tiene debilidades jurídicas y políticas. Negarlo sería intentar tapar el cielo con la mano”, afirmó el representante Carlos Vargas Ferrer.
Entre la espada y la pared
La economía puertorriqueña empezó a salirse de control desde el 2000, cuando el gobierno de la isla empezó a endeudarse. El déficit creció y creció hasta volverse incontrolable.
Los ingresos tributarios han caído en 6,8% entre el 2005 y 2014. Mientras, el mercado inmobiliario retrocede desde el 2007 con una tasa anual de 6%. En la isla de 3,5 millones de habitantes, el desempleo se ubica en 12,4%. En el resto de Estados Unidos, el promedio se sitúa en 5,3%.
Según la consultora H. Calero, recién en el 2020 podría iniciarse la recuperación de la economía puertorriqueña. La cuestión demográfica también es un factor clave, pues la emigración ha sido constante. La consultora señala que, hasta el 2019, la población en Puerto Rico disminuirá cada año un promedio de 2,3%.
“Puerto Rico entró en un círculo vicioso de contracción, emigración, austeridad e impuestos”, reconoció el gobernador García Padilla, quien no ha dudado en advertir que la sombra de Grecia no está lejos.
“Grecia es lo que puede pasar si no logramos cambios profundos, si no nos unimos y hacemos lo que tenemos que hacer para no llegar hasta donde llegó Grecia”, espetó.
A diferencia de los europeos, los puertorriqueños están dispuestos a pagar su deuda y negociar, pero sobre todo esperan que las autoridades estadounidenses tengan la intención de dar una mano.
“No vamos a dejar de pagar, pero queremos cambiar las condiciones para poder impulsar nuestro crecimiento económico”, aseveró el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez.
Y el pedido hacia Washington no es gratuito. Mientras la deuda de Grecia está en manos de otros países de la zona euro, la deuda de Puerto Rico está controlada por fondos de inversión estadounidenses. Así que el fantasma griego podría explotar en Wall Street pero con aroma a Mar Caribe.
Más datos
- El lunes se reunirán en Manhattan los representantes del gobierno de la isla y sus acreedores.
- Entre los asistentes estará la ex subdirectora gerente del FMI y ex economista jefe del Banco Mundial, Anne Krueger, contratada por Puerto Rico para evaluar la situación financiera de la isla.
- La precandidata demócrata, Hillary Clinton, pidió esta semana un trato “justo” hacia Puerto Rico y señaló que la isla debería tener la oportunidad de acogerse a la ley de quiebras estadounidense para poder reestructurar su deuda.