Antes de incursionar en la política ecuatoriana, Fernando Villavicencio tuvo una extensa y prolífica carrera como periodista de investigación, la misma que estuvo marcada por los constantes enfrentamientos con el poder político, en especial durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
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Estos continuos enfrentamientos convirtieron a Villavicencio en objeto de recurrentes procesos judiciales, los mismos que han sido cuestionados por la independencia con la que operó el sistema jurídico ecuatoriano durante esa época. Uno de estos procesos, abierto después de su famosa investigación sobre una presunta trama de corrupción en torno a unas obras públicas realizadas en la refinería Esmeraldas, provocó que se emitiera una orden de arresto en su contra.
Villavicencio, quien ya había evitado una orden similar en el 2014 refugiándose en la Amazonía ecuatoriana y conviviendo con la comunidad kichwa en el pueblo de Sarayaku, decidió entonces que lo mejor sería abandonar su país.
No tuvo tiempo ni de hacer las maletas. Simplemente tomó lo que pudo, cruzó la frontera por vía terrestre hacia Talara y posteriormente abordó un vuelo que lo trasladó a Lima con la esperanza de que el Gobierno Peruano le otorgase un asilo político con el cuál poder librarse de la persecución.
“El señor Villavicencio llegó al Perú en abril del 2017. En ese momento estaba en una situación emocional bastante complicada, no conocía a nadie que le pudiese brindar el apoyo necesario para el caso. Así que nosotros, junto a Ricardo Uceda y otros funcionarios del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) le dimos acogida”, explica a El Comercio Roberto Pereira, abogado y asesor jurídico del Instituto que acompañó a Villavicencio durante su proceso de solicitud.
Repudio asesinato de Fernando Villavicencio, expreso condolencias a su esposa Verónica Sarauz y a toda su familia. En abril del 2017 con @IPYS apoyamos su solicitud de asilo ante persecución política de Correa por sus denuncias de corrupción. "Siempre libres" Fernando!!! pic.twitter.com/pxFePaq4tC
— Roberto Pereira (@rcpereirach) August 10, 2023
—¿Cómo entran en contacto con el señor Villavicencio?
Él tomó contacto con el IPYS a través de la organización ecuatoriana Fundamedios, mediante un programa que tenía el Instituto para brindar ayuda a periodistas en peligro. Nos contó más detalles sobre lo que había vivido en Ecuador y en conjunto decidimos solicitar el asilo político. Él estaba aquí sin mucha documentación, se tuvo que coordinar el envío desde Ecuador a través de amigos y familiares, así fuimos construyendo el documento. El día 18 de abril del 2017 lo acompañé a la Cancillería para presentar esa solicitud de asilo.
—¿Por qué era tan importante la premura en presentar esa solicitud?
Porque se buscaba bloquear cualquier requerimiento del Estado ecuatoriano como una deportación o traslado. Una vez que la solicitud de asilo es presentada, el Estado requerido no puede acoger pedidos de entrega de la persona. Eso era lo primero que buscábamos y se consiguió. Luego se agendó una audiencia en la Cancillería, a la que lo acompañé y donde expuso su caso. Los funcionarios, además de escucharlo, hicieron una serie de preguntas sobre el proceso. Después de eso todo quedó en manos de la Cancillería, que se portó de manera impecable, brindándole todas las facilidades que corresponden a un solicitante de asilo. Paralelamente, en Ecuador se producía un cambio de gobierno, fue elegido el señor Lenín Moreno [asumió en mayo de ese año] y poco a poco se fue alejando Correa de la política. Villavicencio evaluó que las condiciones habían cambiado y por eso decide regresar a Ecuador en septiembre.
Durante su gestión, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa promovió la persecución judicial contra Villavicencio.
/ FEDERICO PARRA—¿Qué fue lo que más le sorprendió sobre los casos en contra de Villavicencio?
La manipulación del sistema de justicia por parte del gobierno de Correa para armar estos cargos contra él sin el mínimo sustento. Por ejemplo, Correa salía en uno de sus programas y denostaba sobre Villavicencio para luego pedir que la justicia actuara. Y a los dos días la justicia actuaba. El propio presidente Correa promovió una querella contra Villavicencio, lo condenaron a 18 meses de prisión, pasó a la clandestinidad hasta que suscribió la sanción, pero luego Correa le reclama la reparación por daños (unos US$47 mil). Como Villavicencio no paga por considerarla excesiva, Correa promueve que lo declaren insolvente. Así que le emiten una condena declarándolo así, no podía contratar con nadie. Villavicencio tuvo que hacer una colecta entre sus amigos y el pueblo para poder pagar la reparación dispuesta por Correa. Luego el presidente le exigió que le pidiera disculpas públicas. Después, el propio gobierno de Correa promovió un allanamiento a la casa de Villavicencio en respuesta a una investigación en la que cuestiona un eventual conflicto de intereses entre un estudio de abogados contratado por el Estado y la empresa Chevron. En base a eso, Correa lo acusa de usar información obtenida por un hackeo, lo allanan y se llevan todo su material periodístico. A los días el gobierno reconoce que no había hackeado nada.
"Lo que más me sorprendió fue la manipulación del sistema de justicia por parte del gobierno de Correa para armar estos cargos contra él sin el mínimo sustento".
Roberto Pereira, asesor legal del IPYS
—Pero pese a reconocerlo, el proceso en su contra continuó…
Y finalmente se terminó paralizando. Esa es otra característica de este tipo de manipulaciones, no te archivan los procesos sino que te los ‘duermen’ para ver si te portas bien. Es la típica conducta del poder cuando utiliza a la justicia. Paralelamente, Villavicencio obtuvo una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde se le dice a Ecuador que no puede seguir con el proceso de querella ni con el que provocó el allanamiento a su casa. Luego, Villavicencio publicó otro trabajo, cuestionando el monto por el que se repotenció la refinería Esmeralda y planteando evidencias de corrupción, llevando a que le abran un nuevo proceso donde le dictan prisión preventiva. Fue entonces cuando pasó a la clandestinidad en Ecuador y requiere el asilo político en el Perú. Todos esos hechos están promovidos e impulsados por actores gubernamentales y por autoridades judiciales, como el fiscal general de entonces.
—Se refiere a Galo Chiriboga.
Así es. Incluso había sido abogado de Correa en una causa anterior y había ocupado altos cargos durante su gobierno. Era evidente que había una motivación política detrás de esa persecución.
Galo Chiriboga, abogado personal de Correa, encabezó distintos ministerios durante la gestión del mandatario de izquierda y llegó a ser Fiscal General de Ecuador.
—¿Por qué el señor Villavicencio se asiló en el Perú y no optó por refugiarse nuevamente en la Amazonía, por ejemplo?
Lo que él manifestó fue que las posibilidades de encontrar espacios seguros en Ecuador estaban agotadas. La comunidad Sarayaku, que lo acogió durante su primer paso a la clandestinidad, comenzó a ser hostilizada por agentes gubernamentales. Eso no hacía muy sostenible que se quedara mucho tiempo ahí, nada garantizaba tampoco que el gobierno no decidiera un día entrar a la comunidad y sacarlo. Claramente él sentía que no había espacios donde se pudiesen evitar esas arbitrariedades en su contra. Había también una dosis importante de agotamiento personal y familiar. Necesitaba salir de Ecuador para guarecerse de esas arbitrariedades judiciales, pero también para seguir ejerciendo sus funciones periodísticas.
"Claramente él sentía que no había espacios donde se pudiesen evitar esas arbitrariedades en su contra. Había también una dosis importante de agotamiento personal y familiar"
Roberto Pereira, asesor legal del IPYS.
—¿Qué nos dice el asesinato de Villavicencio sobre quienes buscan denunciar el accionar de malos funcionarios públicos o de grupos criminales en la región?
Siempre es complicado especular en torno a los móviles en un suceso como este, pero claramente no se trata de un hecho casual o de la criminalidad ordinaria. Claramente hubo un ataque dirigido para eliminar a un candidato presidencial que tenía grandes opciones de disputar el primer lugar a menos de 15 días de las elecciones. Además, era alguien con una historia de enfrentamientos a la corrupción política y al crimen organizado vinculado a ello. Todos esos elementos hacen razonable pensar que el crimen está motivado por una alianza perversa entre la corrupción política y la criminalidad organizada, que lamentablemente no solo vemos en Ecuador sino en todos los países de la región, incluido el Perú. Esperemos que no lleguemos a esos niveles, pero vemos que en el Congreso se toman decisiones que favorecen una serie de actividades ilícitas y normas que buscan impedir que la justicia haga su trabajo. Yo diría que hay una alianza o una alineación de intereses entre la corrupción política y la criminalidad organizada, y es muy peligroso porque amenaza a la democracia directamente.
