El ex secretario del fallecido ex presidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007) Daniel Muñoz fue imputado en una investigación penal acerca de si transportó supuestos bolsos con dinero desde la Casa de Gobierno hacia Santa Cruz, la provincia natal del ex mandatario, informaron hoy fuentes judiciales.

Muñoz fue imputado por el fiscal federal Ramiro González, quien solicitó que investigue al juez federal Luis Rodríguez y cite a declarar a la ex colaboradora de Kirchner Miriam Quiroga, quien aseveró a la prensa haber visto aquellos bolsos en la Casa Rosada.

El fiscal requirió además que se pidan informes migratorios de los supuestos viajes de Muñoz a Chile, los vuelos a las ciudades santacruceñas de Río Gallegos y El Calafate, y el video de la entrevista que Quiroga dio al programa televisivo Periodismo para todos, de Jorge Lanata, informó la agencia noticiosa DyN.

EL FUNDAMENTO DE LA DENUNCIA El presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, deberá sin embargo resolver antes si debe investigar Rodríguez o el juez Julián Ercolini, que ya investiga una supuesta asociación ilícita vinculada a esta causa.

Quiroga relató al programa periodístico que vio a Muñoz salir del despacho de Néstor Kirchner con bolsos supuestamente con dinero que le hacían llegar empresarios vinculados al kirchnerismo y que luego habría trasladado en avión o por vía terrestre a Santa Cruz.

Los bolsos negros con la plata los recibía Daniel Muñoz, aseguró Quiroga al periodista.

Esos bolsos llegaban ahí por alguien. Mientras estuve vi a Lázaro Báez, Cristóbal López, Eskenazi (la familia que fue accionista de Repsol YPF), precisó la mujer. Según dijo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo al tanto de los negocios empresariales de su esposo: Puedo asegurar que estaba en conocimiento de todo.

Su denuncia se conoció semanas después de que Lanata revelara una investigación según la cual el empresario Báez, de estrecha amistad con los Kirchner, habría transferido ilegalmente en 2011 entre 50 y 60 millones de euros al exterior a través de sociedades interpuestas.

La Justicia imputó a Báez y a los dos testigos que denunciaron las operaciones, pese a que después se desdijeron.