Cuerpos carbonizados por las calles. Fosas comunes con cadáveres maniatados. Hospitales destruidos. Calles borradas. Las imágenes de la destrucción causada por la invasión rusa a Ucrania se van acumulando casi al mismo ritmo que las denuncias sobre crímenes hechas por ciudadanos que consiguieron escapar del terror de la guerra.
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Primero fue Kharkiv, luego Mariúpol y recientemente Bucha, los epicentros de las que han sido calificadas como “carnicerías” o ataques deliberados contra la población civil en medio del conflicto.
Las autoridades ucranianas han denunciado que desde el inicio de la ofensiva, lanzada el 24 de febrero por orden de Vladimir Putin, se han cometido miles de crímenes de guerra. Desde Moscú responden negando las acusaciones y asegurando que se trata de una estrategia propagandista de Kiev.
En este contexto resulta fundamental la labor que cumplen diferentes organizaciones humanitarias, dedicadas a documentar mediante equipos desplegados en el terreno las distintas violaciones a los derechos humanos que sufre la población.
“La labor es realmente compleja y la realizan equipos especializados. Estos equipos, además, son interdisciplinarios, desde especialistas en balística hasta quienes pueden recoger estos testimonios y quienes pueden brindar apoyo psicológico. También realizamos una verificación de las imágenes que nos llegan. La situación ahora mismo es realmente peligrosa, por eso creo importante resaltar el rol que están teniendo las propias organizaciones de la sociedad civil ucraniana. Están haciendo todo por brindar rescates, primeros auxilios y alimentación. Se están jugando la vida constantemente porque vemos que los bombardeos y ataques indiscriminados son continuos”, explica a El Comercio Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.
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Esta organización humanitaria de origen británico lleva los últimos 60 años documentando y denunciando las distintas violaciones a los derechos humanos registradas en el mundo. En las últimas horas, además, sus oficinas en Rusia han sido cerradas por orden del Ministerio de Justicia de ese país debido a “violaciones de la legislación rusa”.
—¿Cómo explica la decisión adoptada por la justicia rusa?
Las autoridades rusas han cerrado nuestra oficina en Moscú, como las de otras organizaciones de DD.HH., por decir la verdad y defender los derechos. Esto no impedirá que sigamos denunciando las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno ruso, ya sea en Rusia, en Ucrania, en Siria o en cualquier otro país.
—Esta semana la fiscal general de Ucrania dijo que se registraron más de 4 mil crímenes de guerra. ¿Cómo podemos definir lo que se vive en ese país?
Lo que vemos en Ucrania es un ataque sistemático hacia la población civil, sin ningún tipo de discriminación. Lo hemos visto desde el principio de la agresión rusa. Se han atacado sitios claves como hospitales, escuelas y edificios residenciales. Pero lo visto en la última semana y los testimonios recogidos en distintas localidades confirman que se está atacando indiscriminadamente a los civiles. Algunos casos nos contaban cómo les disparaban al ir a una tienda de alimentación. En otros una sobreviviente de violación narra cómo asesinaron a su esposo y abusaron de ella. Hay distintos testimonios que se corroboran con las terribles imágenes, como las de Bucha, por ejemplo.
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—¿Cómo podemos entender lo que significa un crimen de guerra?
Son aquellos que ocurren cuando se viola el derecho internacional humanitario. Pueden ser las violaciones, las torturas, el trato inhumano o las ejecuciones extrajudiciales. Todo ello se debe investigar y, de ser el caso, procesar penalmente al culpable.
—Mencionó a Bucha, pero hace pocas semanas podíamos decir lo mismo de lo que ocurría en Mariupol o Kharkiv. ¿Se trata entonces de una estrategia?
Así es, se ha visto en muchos lugares. Lo más lamentable es que en todo el 2021 hemos visto cómo hubo aumentos de conflictos en el mundo, cómo además hubo nuevos conflictos y se incrementaron los existentes. Etiopía, Siria, Myanmar, hubo una escalada y la comunidad internacional no hizo absolutamente nada. En el caso de Rusia se ve una clara ruptura de la carta de Naciones Unidas y la pasividad de la comunidad internacional es lo que denunciamos.
—Rusia acaba de ser suspendida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿cómo calificaría eso?
Nuestra organización apoya y espera de la Asamblea General de la ONU que garantice la aplicación objetiva de todos los criterios de membresía a todos los Estados candidatos y miembros del Consejo, de manera constante y rigurosa. Cuando un Estado es elegido miembro del Consejo, se espera que aplique las más estrictas normas de protección de los derechos humanos y es más que evidente que Rusia está incumpliendo, desde todos los puntos de vista, sus obligaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, y sus compromisos como miembro del Consejo de Derechos Humanos.
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—¿Qué otros pasos debería dar la comunidad internacional?
Nosotros apoyaremos cualquier mecanismo de rendición de cuentas con jurisdicción que garantice investigaciones efectivas sobre todos los delitos de todas las partes en el conflicto, y tome medidas para procesar judicialmente a las personas responsables de estos atroces crímenes, pero también pedimos un relator para Rusia, pues se están violando muchos derechos de la población dentro de la misma Rusia, donde cualquier voz disidente con la guerra es detenida. Además, recordemos que se puede actuar a través de la jurisdicción universal como en España con Pinochet, el franquismo en México o el caso de Myanmar en Argentina. Lo importante es que estos crímenes no pueden quedar impunes.
—¿Hasta quiénes llegarían los castigos por estos delitos?
Recordemos que según la doctrina de la responsabilidad de mando, todos los superiores jerárquicos, ya sean mandos militares, ministros o jefes de Estado, sea que hayan dado las órdenes o bien sabiendo que se cometían crímenes de guerra y no hicieron nada por evitarlo, tienen responsabilidades penales y deben ser considerados en el proceso.