Ser una niña en Irán significa tener que usar una máscara antigás para intentar estar segura en el colegio. No es la trama de una película de terror o una historia de ficción. Desde hace tres meses, miles de alumnas han sido envenenadas en decenas de instituciones educativas femeninas de la república islámica. Lo que horroriza más, si es posible, es que las intoxicaciones continúan, mientras el mundo se pregunta cómo es que algo así se puede permitir.
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La información oficial es escasa, pero padres, educadores y activistas creen que el envenenamiento se produce a través de inhalación de gas. Las víctimas dicen que han percibido una mezcla de olor a naranja y productos de limpieza antes de sentirse mal. Dolores de cabeza, palpitaciones, irritación de garganta, náuseas, mareos e incluso inmovilidad de extremidades están entre los síntomas.
Los primeros casos se reportaron a inicios de diciembre del 2022 en la ciudad de Qom, pero se han multiplicado en las últimas semanas. Medios locales y grupos de derechos humanos afirman que los episodios se han extendido a gran parte de Irán, indica “The New York Times”.
Mohammed Hassan Asefari, un influyente parlamentario que es miembro de un panel investigador, dijo hace unos días que unas 5.000 estudiantes se quejaron de trastornos en 230 escuelas del país. Cientos de ellas requirieron hospitalización, sin haberse denunciado la muerte de alguna.
Los ataques se han registrado en institutos, escuelas primarias, escuelas medias y residencias de estudiantes. La provincia de Teherán la que ha registrado el mayor número de incidentes, dicen los activistas.
Mientras que el motivo de los envenenamientos es aún una incógnita, la indignación sigue creciendo. El último martes, la ira contra el Gobierno por su incapacidad para contener la crisis se tradujo en protestas en más de doce ciudades. El enojo también se ha sentido en otros países en marchas por el Día Internacional de la Mujer.
Las manifestaciones reavivaron las protestas que empezaron tras la muerte en setiembre del 2022 de Mahsa Amini, quien perdió la vida tras ser arrestada por usar mal el velo.
Ira y misterio
El propio Gobierno Iraní ha echado más leña al fuego. Aunque se ha anunciado el arresto de varias personas en relación con los episodios y el líder supremo, el ayatola Ali Jamenei, dijo que el envenenamiento era un crimen “imperdonable”, las propias autoridades achacan a la “ansiedad” la mayoría de intoxicaciones –afirman que solo el 10% de los casos mostró “síntomas reales”– y han presentado cargos contra medios de comunicación por “difundir rumores”.
Las hipótesis sobre el origen de las intoxicaciones van desde el envenenamiento deliberado con gas nitrógeno hasta la histeria colectiva. “The New York Times” apunta que activistas de DD.HH. creen que los grupos extremistas islámicos que se oponen a la educación de las niñas podrían estar detrás o que los ataques forman parte de una represión sistemática del Gobierno contra las adolescentes por participar en las protestas del Caso Amini.
Lawdan Bazargan, activista iraní-estadounidense por los DD.HH., es una de las voces que defiende que si no ha habido reacción contundente por parte de las autoridades es porque están detrás.
“En un Estado policial como Irán, nunca se resuelve nada. El régimen islámico primero niega la historia y la califica de propaganda de sus enemigos, luego dirá que los informes son exagerados y finalmente culpará a ‘nuestros enemigos extranjeros’. Una vez que se hace imposible negar la historia, el líder supremo ordena una investigación. Entonces las autoridades dan algunos discursos y empiezan a acosar a las familias para hacerlas callar”, dice a El Comercio.
Skyler Thompson, otro activista iraní, afirma que aunque han circulado muchas teorías, se debe proteger a las niñas a toda costa. “Bajo ninguna circunstancia pueden quedar impunes estos envenenamientos. El derecho internacional impone al Estado el deber de proteger y defender los derechos de todas las niñas. Las investigaciones deben ser oportunas, independientes e imparciales. Los responsables deben ser llevados rápidamente ante la justicia”, clama a este Diario.
Las mujeres como objetivo
Las teorías que apuntan a un ataque con motivo de género se apoyan en un largo historial de ataques a mujeres en la república islámica. Bazargan recuerda que, periódicamente, ha habido oleadas de lanzamiento de ácido en la cara de mujeres en el pasado, sobre todo en el 2014 en Isfahán o asesinatos en serie de mujeres en el 2019.
También es clave el rol limitado que las mujeres tienen en el funcionamiento social y politico en el país. Niñas de tan solo nueve años pueden ser obligadas a casarse con hombres elegidos por su padre, aunque los hombres pueden casarse legalmente con cuatro mujeres y tener tantas concubinas como deseen.
Bazargan enfatiza que los hombres también pueden golpear a sus esposas y prohibirles salir de casa o recibir visitas. Además, el aborto y el uso de anticonceptivos son ilegales.
“Las mujeres no pueden ser líder supremo, presidenta del país, presidenta del sistema judicial, miembro del Consejo de Guardianes o del Consejo de Oportunidad, entre otros. Simplemente en Irán no existe el respeto para las mujeres, ni para las niñas”, lamenta.
Lawdan Bazargan
Activista iraní-estadounidense por los derechos humanos
En los últimos 43 años, el brutal régimen islámico de Irán ha utilizado como formas de opresión la vigilancia, las multas, el encarcelamiento, la tortura, la violación, la denegación de tratamiento médico, la ejecución, la desaparición forzada, los atentados y el asesinato de manifestantes pacíficos. Sin embargo, utilizar gas para envenenar a escolares es un nuevo mínimo, incluso para este régimen.
Los iraníes estamos conmocionados, sin palabras y asustados. Nos preocupa que el régimen pueda seguir el ejemplo del sirio Bashar al Assad y utilizar ataques químicos mortales contra sus ciudadanos.
El régimen islámico no respeta a las mujeres ni sus derechos humanos. La poligamia es legal y se fomenta. Niñas de tan solo nueve años pueden ser obligadas a casarse con hombres elegidos por su padre. Las mujeres no pueden divorciarse, no tienen derecho a la custodia de los hijos, reciben la mitad de la herencia y no pueden salir del país sin permiso de sus esposos. Tampoco pueden ser juezas, estudiar ciertas asignaturas, practicar determinados deportes, entrar a estadios, mezclarse con hombres ni ser elegidas o nombradas para varios cargos clave en el país.