Israel no va a “cooperar” con la Corte Penal Internacional en investigación sobre presuntos crímenes de guerra

Israel comunicó a la Corte Penal Internacional (CPI) que no colaborará en las pesquisas sobre presuntos crímenes de guerra en los territorios ocupados que le implican. Considera que ese tribunal no tiene jurisdicción para ello.

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Esta es la respuesta que las autoridades israelíes planean dar a la carta enviada hace un mes por la fiscal de la CPI Fatou Bensouda, en la que les informó formalmente sobre la apertura de investigaciones y les solicitó la disponibilidad para los hechos en terreno.

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La decisión se tomó en una reunión en la que participaron, entre otros, el primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu; el titular de Defensa en funciones, Beny Gantz; el fiscal general, Avijai Mandelblit y el asesor de Seguridad Nacional, Meir Ben Shabat, informó el digital Times of Israel.

La posición israelí está en la línea de lo expresado anteriormente por sus autoridades: alegan que la CPI carece de jurisdicción para investigar en territorio palestino, y que su investigación no tiene una base legal sólida, ya que Israel cuenta con un sistema jurídico sólido para examinar presuntas violaciones de la ley internacional.

A comienzos de marzo, la CPI dio luz verde a una investigación sobre supuestos crímenes de guerra en los territorios palestinos, cometidos tanto por milicias palestinas como por Israel desde 2014. El anuncio de las pesquisas fue condenado por el Gobierno israelí, mientras que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) lo acogió con satisfacción.

Los territorios en el punto de mira son Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza, y los hechos investigados son la Operación Margen Protector en Gaza de 2014, las Marchas del Retorno en la franja de 2018 y la colonización israelí de territorio palestino ocupado.

La CPI, de la que no forma parte Israel ni por lo tanto acepta su jurisdicción, también examina el lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia territorio israelí por el movimiento islamista palestino Hamás, así como otras milicias armadas.

Con esta respuesta, se prevé que Israel no permita el acceso de los miembros de la corte para realizar pesquisas sobre terreno.

La investigación también podría derivar en posibles órdenes de arresto sobre ciudadanos israelíes en países miembros de la CPI.

Palestina, por su condición de Estado observador de la ONU, ratificó en 2015 el Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI abriendo la puerta a que su Fiscalía emprendiera pesquisas.

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