El Caso Khashoggi y otras sombras que envuelven al príncipe heredero Mohammed bin Salman

Ha pasado un año desde que el periodista crítico de la corona saudita y columnista de The Washington Post, Jamal Khashoggi, fuese asesinado al interior del consulado de su país en Estambul. Pese a la indignación y condena internacional que suscitó el hecho, lo cierto es que el juicio que busca dar con los culpables del crimen parece ir ahogándose en medio del hermetismo que mantiene el reino.

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En enero de este año, Arabia Saudita inició un juicio contra 11 sospechosos de haber participado en la tortura, asesinato y descuartizamiento de Khashoggi. Sin embargo, una serie de irregularidades invitan a pensar que el proceso solo es un montaje.

Uno de los principales acusados -quien además es consejero real- no está presente en el proceso, hay cinco diplomáticos de la ONU y Turquía invitados a observar el juicio que se desarrolla en árabe pero no cuentan con intérpretes y las audiencias se programan a última hora, según denuncian los familiares del periodista.

Pese a todo ello, hay un factor que no se ha podido salvar del escándalo: la imagen de Mohamed bin Salman, príncipe heredero a la corona saudita y gobernante de facto desde el 2015.

Un vasto informe de la ONU asegura que Arabia Saudita es responsable del asesinato y que Bin Salman debe ser investigado por una posible participación en la coordinación de la célula compuesta por 15 agentes del gobierno que acabó con la vida de Khashoggi. Él, por su parte, se ha desligado del caso pero asumió la responsabilidad “como líder de Arabia Saudita”.

Sin embargo, esta no es la única sombra que se cierne sobre la figura del joven gobernante saudita.

La campaña en Yemen

Dificultades económicas y acusaciones por un mal manejo del país llevaron a la destitución del presidente de Yemen, Abd Rabbuh Mannsur al-Hadi, en el 2011 a manos de rebeldes hutíes, un grupo insurgente chiíta. La crisis, que se agravó en el 2014 tras la distribución de territorios entre ambas facciones, desencadenó en una de las mayores crisis humanitarias que se viven actualmente en el mundo.

En el 2015 Arabia Saudita intervino directamente en el conflicto al mando de una coalición internacional que han convertido al pequeño país en un complejo campo de combate donde participan fuerzas auspiciadas por Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y grupos terroristas como el Estado Islámico y Al Qaeda.

La guerra, que ya se ha extendido por cuatro años, ha afectado principalmente a la población civil. Amnistía Internacional ha denunciado que más de 17.640 civiles han muerto o resultado heridos por los enfrentamientos y unos 14 millones de yemeníes sufren de inseguridad alimentaria. Además, se ha señalado que Arabia Saudita utiliza el conflicto para enfrentarse indirectamente con Irán, su histórico enemigo.

El último gran episodio de este conflicto no se produjo en tierras yemeníes, sino en una refinería saudita. El ataque con misiles o drones -aún por determinarse- contra las refinerías de Aramco a manos de rebeldes yemeníes apoyados por Irán afectaron la producción petrolera del reino árabe y una escalada de tensión en la región.

Calificación crediticia

El ataque contra las refinerías de Aramco provocó que la producción de crudo saudita se redujera en 5.7 millones de barriles hacia finales de septiembre. Esto ha mostrado al reino como “vulnerable” a nuevos ataques debido a la política exterior que emprende, según la calificadora crediticia Fitch Ratings.

A ello se suma que Arabia Saudita cerrará el 2019 con un déficit del 6.7% del PBI, 0,8% más que el año previo, debido a las caídas en el precio mundial del petróleo, el principal recurso saudita. Estos factores han llevado a que Fitch reduzca la calificación crediticia del país de A+ hacia A, dejando la puerta abierta a que haya mayores rebajas si la situación en la región empeora.

Un programa que se debilita

En abril del 2016, Mohamed bin Salman anunció el lanzamiento del programa Visión 2030, un ambicioso proyecto que buscaba disminuir la dependencia de Arabia Saudita sobre el petróleo e invertir cerca de 500 mil millones de dólares en salud, educación, infraestructura y turismo.

La más reciente medida en esa línea fue dado la semana pasada, cuando el reino anunció que por primera vez ofrecería visas de turismo para 49 países. Para noviembre del 2018, Arabia Saudita contaba con 4.700 proyectos de construcción en todo el país, una inversión de 852.000 millones de dólares.

Sin embargo, el escándalo del caso Khashoggi y dudas de inversores internacionales sobre el plan de Bin Salman han provocado que las inversiones extranjeras directas descendieran en más de un 80% entre el 2016 y el 2017, pasando de 7.500 millones de dólares a 1.400 millones, según la Agencia de la ONU para el Comercio y Desarrollo.

Persecución y represión

Si bien el ámbito económico preocupa a la corona saudita, los principales señalamientos en su contra llegan en realidad en cuanto a la defensa de los derechos humanos. En septiembre del 2017 la noticia de que Arabia Saudita comenzaría a entregar licencias de conducir a las mujeres se extendió a nivel mundial debido al opresor sistema que se cierne contra ellas en el reino.

En agosto de este año otra noticia similar acaparó varios titulares: las mujeres mayores de 21 años ya podrían viajar al extranjero sin necesidad de contar con el permiso de un “tutor” masculino. Las políticas “liberadoras” impulsadas por Bin Salman incluyen el derecho a las mujeres para declarar oficialmente un nacimiento, un matrimonio o divorcio, y el de ser titulares de la autoridad parental de sus hijos menores.

Sin embargo, mientras las reformas sauditas sobre los derechos femeninos van avanzando a pequeños y tímidos pasos, la represión contra otros derechos siguen vigentes. Según Amnistía Internacional, las autoridades sauditas continúan violando la libertad de expresión, asociación y reunión, además de aplicar métodos de torturas contra los detenidos.

Según Reporteros sin Fronteras, en el 2018 se detuvieron a entre 25 y 30 periodistas y reporteros ciudadanos, que incumplieron con el decreto real dictaminado en el 2011 que criminaliza cualquier crítica sobre la corona real o funcionarios del gobierno saudita. No hay registros exactos de cuántas personas han sido torturadas, pero según la organización Freedom House, la mayoría de detenidos en Arabia Saudita sufren algún grado de castigo psicológico o físico, siendo el más común el azotamiento.

Además, el grupo británico de derechos humanos Reprieve, denuncia la facilidad con la que se aplica la pena de muerte en el reino, que se contempla como condena para castigar desde el homicidio hasta crímenes relacionados a drogas, ofensas proferidas en protestas o delitos juveniles. Reprieve denunció que en el 2018 se ejecutaron al menos a 150 personas en Arabia Saudita.