¿La aplicación de la pena de muerte detendrá crímenes atroces? Lo que ocurre en los países que la aplican

"Hay que evaluarlo. El tema es un cambio normativo que pasa por el Congreso de la República, en consecuencia, estamos próximos a tener una nueva representación. El lunes vamos a tener una reunión con congresistas de cuatro bancadas, vamos a analizar, pero en este día una medida no soluciona el problema”, dijo al ser consultado por la prensa sobre esta medida.

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Consultada por El Comercio, Elizabeth Salmón Gárate, especialista en Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP), destacó que, pese a que el presidente abrió nuevamente la discusión en el Perú, actualmente hay una tendencia abolicionista de la pena de muerte en varios de los países que la venían practicando.

“Los estados han ido dejando esta medida por su bajo nivel de eficacia frente a la criminalidad y también porque transgrede a las normas internacionales”, explicó la especialista que se desempeña como directora ejecutiva en Idehpucp.

Salmón Gárate, afirmó que no es una medida recomendable para el país porque, principalmente, pone en riesgo la integridad de las personas. “El derecho a la vida es un punto básico en el consenso internacional”, indicó.

Además, señaló que una eventual pena de muerte en el Perú debilitaría su papel de liderazgo en materia de derechos humanos en la región.

“Perú no debería pertenecer a un grupo que es paria en el derecho internacional. Ahí se encuentran países como Corea del Norte o China, que sí realizan estas ejecuciones. Perdería prestigio en la comunidad internacional”, aseguró.

La pena de muerte en el mundo

En el mundo, los métodos de ejecución son variados. Van desde la decapitación, la electrocución, el ahorcamiento, la inyección letal, hasta la muerte con armas de fuego.

Amnistía Internacional indica que cerca de 2.531 personas fueron condenadas a muerte en 54 países en el año 2018. En el 2017 se registraron 2.591 de estas condenas.

Además, en 2018 se registraron 690 ejecuciones en 20 países del mundo. La mayoría se produjeron en China, Irán, Arabia Saudita, Vietnam e Irak.

Aquel año, China fue el mayor ejecutor del mundo. Sin embargo, Amnistía Internacional indica que se desconoce la verdadera magnitud del uso de esta medida, debido a que muchos casos son secreto de Estado.

“En la cifra global de 690 ejecuciones no están incluidas las miles que se cree que se han llevado a cabo en China”, menciona Amnistía Internacional.

Dejando de lado a China, el 78% de ejecuciones se realizaron en Arabia Saudita, Irán, Vietnam e Irak.

En el 2018, Irán registró 253 ejecutados. Esta cifra muestra una reducción del 50% con respecto al 2017, año en el que se registraron 507 ejecuciones. En el caso de Irák se reportaron 52 ejecutaros, mientras que en el 2017 se registraron 125 casos.

“En cuatro países se ejecutó a 98 personas por delitos de drogas, el 14% del total a nivel global y por debajo del 28% de 2017. Al menos 226 de estas sentencias fueron impuestas en 14 países, contraviniendo el derecho internacional”, asegura la ONG.

Además, Amnistía asegura que en muchas de estas condenas los procedimientos judiciales no cumplieron con las normas internacionales sobre juicios justos.

“Tal incumplimiento supuso la obtención de confesiones mediante tortura u otros malos tratos, entre otros lugares, en Bangladesh, Bielorrusia, Egipto, Malaysia, Corea del Norte, Pakistán, Arabia Saudí, Singapur, Vietnam, China, Irak e Irán”, asegura el informe de Amnistía Internacional.

También indicaron que durante el 2018 hubo un incremento de las ejecuciones por pena de muerte en países como Bielorrusia, Japón, Singapur, Sudán del Sur y Estados Unidos.

Los argumentos en contra

Amnistía Internacional indica que la pena de muerte supone negar el derecho a la vida a un ser humano, pero también tiene otros argumentos para estar en contra:

• Es irreversible. La ONG asegura que nunca se debe descartar que una persona puede ser inocente. “Por ejemplo, desde 1973 más de 160 personas condenadas a muerte en Estados Unidos fueron posteriormente exoneradas o liberadas tras haberse demostrado su inocencia. Otras personas han sido ejecutadas pese a la existencia de serias dudas sobre su culpabilidad”, explican.
• No disuade contra los delitos. “No hay pruebas que demuestren que es más eficaz que la cárcel a la hora de reducir el crimen”, asegura Amnistía Internacional.
• Suele emplearse en sistemas de justicia sesgados. “Los tres países que más usan la pena capital (China, Irán y Arabia Saudí) lo hacen en circunstancias turbias y poco claras”, asegura la ONG. También menciona que muchas condenas se basan en “confesiones” obtenidas mediante tortura.
• Es discriminatorio. “Si eres pobre o perteneces a una minoría racial, étnica o religiosa tienes más probabilidades que el resto de personas de ser condenado a muerte”, menciona la organización, argumentando que los colectivos pobres o marginados tienen más dificultades para acceder a los recursos legales que necesitan para defenderse.
• Es usado como herramienta política. “Las autoridades de algunos países usan la pena de muerte para castigar a los opositores políticos”, aseguran.

La ONG también indica que algunos países han ejecutado a personas con discapacidades intelectuales o a individuos que cuando cometieron el delito eran menores de 18 años.

“La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, al margen de quién sea la persona acusada, de su culpabilidad o inocencia, de la naturaleza y las circunstancias del delito y del método de ejecución”, aseguran.

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